Para Rodrigo Paz solo pasaron 10 meses de los 60 que en términos normales debería durar su gestión, pero el gobierno del heredero de una dinastía presidencial boliviana navega en una especie de campo minado de descontento social, dilemas institucionales y fuerzas criminales: las protestas sociales se multiplican, cada caso de corrupción parece más grave que el anterior y ahora se llegó a sospechar que el gobierno tenía un cerebro gris ligado a escandalosos casos que lindan con lo criminal.
La ciencia política comparada ha documentado exhaustivamente el fenómeno de las “presidencias interrumpidas” en América Latina. Los estudios de Pérez-Liñán, Negretto y Hochstetler demuestran que las caídas presidenciales rara vez son producto de un solo evento, sino de la convergencia sistémica de variables estructurales y coyunturales. El patrón es claro: la vulnerabilidad no depende únicamente de tener minoría legislativa. De hecho, una mayoría parlamentaria articulada mediante “pagos de lealtad” —como los 5.000 dólares que según Nadia Beller se pagan a parlamentarios de oposición— o incentivos particularistas constituye una coalición transaccional de alta fragilidad.
Según la literatura, cuando los escándalos de corrupción se multiplican, estas alianzas se fracturan rápidamente: los aliados calculan que el costo político y judicial de la asociación supera los beneficios del patronazgo, abandonando al mandatario para salvar su propia supervivencia. Si a esta erosión interna se suma un contexto de inflación, reformas de liberalización económica impopulares y un debilitamiento democrático que anula los contrapesos institucionales, el gobierno pierde su “escudo callejero”. En este escenario, la protesta masiva se activa como el único mecanismo restante de control vertical, presionando a una legislatura oportunista para que deje de ser un escudo y se convierta en el instrumento de la caída. Paz, pese a su mayoría, ya convive con casi todos estos factores detonantes.
Así, el presidente que llegó al poder prometiendo un “capitalismo para todos” y el fin del “Estado tranca” de la corrupción masista, hoy enfrenta una paradoja cruel: su gobierno ha allanado el camino para el eventual retorno del mismo Evo Morales que prometió enterrar.
El costo político de las promesas rotas
Paz llegó al poder en noviembre de 2025 como una de las mayores sorpresas de la política boliviana reciente. En la primera vuelta, desplazó inesperadamente a Samuel Doria Medina. En la segunda, sucedió algo más sorprendente: un gran porcentaje de los cerca de 1.300.000 votos nulos que propició Evo Morales se dirigieron a Rodrigo Paz. El hijo de Jaime Paz se había impuesto sobre Jorge Quiroga con los votos logrados en los recintos que durante casi 20 años habían sido de Evo Morales. “Paz gana con los votos de Evo”, se resumía en los análisis políticos, y de ahí salía una conclusión incómoda: llegó a la presidencia más por una extraordinaria conjunción de circunstancias políticas que por la fortaleza de una estructura partidaria que nunca tuvo.
Su base política, frágil desde el origen, se ha desmoronado con rapidez. Según Ipsos Ciesmori, su aprobación cayó de 65% en noviembre de 2025 a 32% en julio de 2026, mientras su desaprobación subió a 55%. Tres de cada cuatro encuestados creen que el país va por mal camino.
El abismo entre el discurso y la práctica es profundo. Kathryn Ledebur, directora de la Red Andina de Información, lo sintetizó: “Hay una enorme brecha entre lo que Paz prometió y lo que ha hecho en la práctica, que es seleccionar un gabinete blanco, de clase media-alta, con solo dos mujeres, rechazar cualquier diálogo genuino, rechazar la interacción con los movimientos sociales bolivianos, o incluso tener empatía” (Democracy Now).
El fin de las “conquistas”
Con el recuerdo de la hiperinflación de los años 80, la estabilidad económica de los casi 20 años de gestión del MAS se había convertido en una especie de conquista social que tenía como base la estabilidad del precio del boliviano con relación al dólar y la subvención al precio de los combustibles.
El 17 de diciembre de 2025, Paz eliminó por decreto la subvención a los combustibles, un beneficio que durante casi 20 años mantuvo anclado el precio de la gasolina. La medida, que el gobierno justificó como un “salvataje económico histórico”, elevó el precio de la gasolina de US$ 0,53 a US$ 1,00 por litro. El diésel, el carburante más escaso, pasó de costar 0,85 a 1,56 dólares por litro para empresas.
El gobierno argumentó que la subvención representaba una sangría anual de más de 2.000 millones de dólares y que la medida era inevitable. Pero para la población, la eliminación de un subsidio que durante 20 años mantuvo estable el precio del combustible representó un golpe directo a su bolsillo. Los transportistas y pequeños comerciantes han advertido de una mayor subida de costos en sus servicios y productos.
El segundo golpe llegó el 29 de junio de 2026, cuando el gobierno abandonó el régimen del dólar fijo (Bs 6,96) vigente desde hacía 15 años. El nuevo dólar oficial se fijó en 9,73 bolivianos, una devaluación del 40%. Dos semanas después ya cotizaba a 10,75. La inflación anual alcanzó el 12,5% en junio y el FMI pronostica que llegará al 20% para fin de año.
El gobierno insiste en que estas reformas, y las otras que el gobierno presenta, eran necesarias para revertir la recesión y atraer inversiones. Sin embargo, los analistas no parecen compartir los criterios del gobierno. Uno de ellos, Bernardo Pacheco, afirma que “el problema es que el plan económico del presidente Paz parece ser más un discurso que una realidad. El ‘capitalismo para todos’ aún no se sabe bien qué significa. En los seis meses de gobierno se han realizado reformas, pero con mucha lentitud y sin una dirección clara. El gradualismo en las medidas económicas genera incertidumbre y especulación” (La Tercera). Desde el frente social, en junio, el exconstituyente Luis Alfaro recordó que “Rodrigo Paz pidió un voto no partidario y muchos sectores populares votamos por él. Pero cuando llegó al Gobierno hizo un giro de 180 grados completamente”. (El País)
53 días que paralizaron el país
Las protestas que estallaron el 1 de mayo de 2026 no fueron un estallido espontáneo. Fueron la culminación de un descontento que venía acumulándose desde los primeros meses del gobierno de Rodrigo Paz, alimentado por dos factores que golpearon directamente el bolsillo y la vida cotidiana de los bolivianos: la “gasolina basura” y el deterioro acelerado de la economía.
El detonante inmediato fue la Ley 1720 de Conversión de Tierras, que autorizaba al Instituto Nacional de Reforma Agraria a convertir pequeñas propiedades rurales en medianas, con el objetivo declarado de facilitar el acceso al crédito. Pero las organizaciones indígenas y campesinas la interpretaron como un intento de facilitar la venta de tierras a los grandes propietarios. A eso se sumó el escándalo de la “gasolina basura”: el gobierno había distribuido combustible adulterado que causó daños en miles de vehículos, y los conductores exigían resarcimiento. La crisis de combustibles, con largas filas en los surtidores y desabastecimiento, completó el cuadro.
El trasfondo económico era aún más sombrío. El Fondo Monetario Internacional proyectó para 2026 una contracción del Producto Interno Bruto de 3,3%, la peor de Sudamérica, con una inflación que superaría el 20%. El Banco Mundial coincidió con una caída del 3,2%. Bolivia ya había entrado en recesión en 2025, y las perspectivas para 2027 seguían siendo inciertas. En este contexto, la eliminación del subsidio a los combustibles y la devaluación del dólar fueron el golpe final para una población que veía cómo su poder adquisitivo se desvanecía.
Organizaciones indígenas, trabajadores, campesinos, mineros, maestros y transportistas bloquearon carreteras durante 53 días, exigiendo la renuncia de Paz y el fin de las medidas de austeridad. Los bloqueos afectaron el abastecimiento de alimentos, insumos médicos y combustible. Las pérdidas económicas fueron millonarias: aproximadamente 1.100 millones de bolivianos en daños, con destrucción de infraestructura que supera los 90 millones de bolivianos. Hubo desabastecimiento de combustible y alimentos en La Paz y El Alto.
Pero las protestas de 2026 revelaron también la fractura profunda del movimiento social boliviano. Hasta el año anterior, el MAS había sido el referente orgánico de las organizaciones sociales, pero la salida de Evo Morales del poder —precipitada por las maniobras políticas de Luis Arce— dejó al movimiento social sin una conducción unificada. Los viejos líderes de la Central Obrera Boliviana (COB) fueron encarcelados o perseguidos. El propio líder de la COB, Mario Argollo, fue objeto de órdenes de detención; el dirigente campesino Vicente Salazar fue enviado a prisión preventiva acusado de terrorismo; y el expresidente Evo Morales fue declarado en rebeldía y posteriormente la Fiscalía ordenó su arresto por su presunta participación en las protestas.
En este vacío de liderazgo, aparecieron nuevos líderes que buscaron canalizar el descontento popular. Pero el gobierno respondió con una persecución judicial sistemática: dirigentes como Justino Apaza fueron detenidos por manifestarse contra el gobierno, y al menos cuatro líderes de organizaciones sociales fueron acusados de “terrorismo” y “asociación delictuosa”. El gobierno implantó la narrativa de que el “narcoterrorismo” estaba detrás de las manifestaciones, una estrategia que, según analistas, buscaba deslegitimar las protestas y amedrentar a los dirigentes.
El momento más crítico del conflicto fue la insurrección del mundo aymara, probablemente la más importante de los últimos 25 años. Los “autoconvocados” de El Alto, organizados en torno a los llamados “Ponchos Rojos”, se movilizaron con un nivel de organización y determinación que recordaba las rebeliones indígenas del pasado. Exigían la renuncia de Paz y protagonizaron un cerco que separó las ciudades del área rural, estrangulando el abastecimiento de La Paz y El Alto. La capital administrativa del país permaneció sitiada durante semanas, con filas de horas para comprar alimentos y hasta cuatro días para conseguir gasolina.
Sin embargo, la insurrección aymara no logró consolidar un movimiento nacional. Los otros sectores los dejaron solos. Los campesinos del trópico de Cochabamba, afines a Evo Morales, anunciaron una pausa en sus movilizaciones el 22 de junio, y el 24 de junio los seguidores del expresidente suspendieron temporalmente su campaña de protestas. La fragmentación del movimiento social, heredera de la desarticulación del MAS como referente único, impidió que el cerco a las ciudades se transformara en una insurrección nacional.
El gobierno resistió. El 20 de junio, Paz decretó el estado de excepción por 90 días “para liberar las carreteras del país”. “Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario”, afirmó en una alocución televisada. El gobierno aseguró haber agotado “todas las instancias de diálogo”. La oposición y los movimientos sociales respondieron que el diálogo nunca fue genuino.
Los bloqueos se levantaron el 23 de junio. El gobierno logró superar la crisis inmediata, pero la fragmentación sigue. Dos meses después del fin de los bloqueos, el estado de excepción entró en su último mes con al menos cinco focos de protesta activos: campesinos afines a Evo Morales se movilizaron en Cochabamba, trabajadores de salud realizaron paros en Santa Cruz, obreros de aseo urbano protestaron en La Paz, organizaciones de San Julián marcharon por la escasez de diésel, y los jubilados rechazaron un decreto que afecta su representación sindical. El transporte anunció nuevas medidas de presión para cuando concluya el estado de excepción, el 20 de septiembre.
El país quedó fracturado. La legitimidad del gobierno, ya erosionada antes de las protestas, sufrió un daño quizás irreversible. Pero el movimiento social también salió deslegitimado y dividido. Las condiciones que originaron el conflicto —la crisis económica, la escasez de combustibles, el descontento con las políticas de ajuste— permanecen intactas. Y Evo Morales, desde el exilio o la clandestinidad, ha convocado a un ampliado para el 26 de septiembre en Lauca Ñ, donde se definirá la hoja de ruta de las protestas previstas desde octubre. La fractura, en suma, no se ha cerrado. Solo se ha desplazado.
El gabinete de cristal: ministros que caen y un vicepresidente que se convierte en enemigo
La fragilidad institucional del gobierno de Rodrigo Paz no se limita a la constante rotación de sus ministros. El síntoma más grave de su descomposición es la ruptura total con el vicepresidente Edmand Lara, una fractura que ha dejado al Ejecutivo boliviano en una situación de parálisis y descrédito sin precedentes.
Desde que asumió la presidencia el 8 de noviembre de 2025, Paz ha visto cómo nueve de los quince ministros que conformaban su gabinete inicial han sido apartados, ya sea por renuncias o destituciones en medio de distintos escándalos. La primera fue la de Freddy Vidovic, ministro de Justicia, apenas 11 días después de jurar. La más reciente, la de José Gabriel Espinoza, ministro de Economía, censurado por la Asamblea Legislativa por no presentarse a una interpelación. Una semana antes había salido a la luz que en abril había comprado una vagoneta Audi Q4 en 350.000 bolivianos, pero en el documento notarial de compraventa figuraba un monto de 50.000, lo que él atribuyó a un “error de la tramitadora”. El vicepresidente Lara presentó una denuncia por presunta falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, y Paz lo destituyó el 21 de agosto.
Otro caso que derivó en un proceso penal fue el de Mauricio Medinaceli, ministro de Hidrocarburos, apartado en medio de la crisis del combustible y la mala calidad de la gasolina. La Fiscalía abrió el caso denominado “gasolina basura”, por el que Medinaceli fue aprehendido el 28 de julio y luego se le dispuso detención domiciliaria. A Medinaceli se suman otros funcionarios y exfuncionarios del ministerio, YPFB y la ANH. De las 15 autoridades iniciales, apenas cinco permanecen en sus cargos.
Pero la rotación ministerial, por alarmante que sea, no es el síntoma más profundo de la crisis institucional. Ese honor corresponde a la guerra intestina entre Paz y su propio vicepresidente. La fractura no fue un accidente; fue el resultado de un progresivo marginamiento de Lara desde los primeros días del gobierno. El 18 de noviembre de 2025, solo diez días después de asumir, Paz promulgó un decreto para crear el Viceministerio de Coordinación Política y Legislativa, asignándole funciones que originalmente eran competencia de la vicepresidencia. Pero el golpe más contundente llegó el 29 de diciembre de 2025, cuando Paz firmó el Decreto Supremo 5515, una norma que le permite gobernar de forma virtual a través de medios digitales cuando se encuentre fuera del país, anulando de hecho la previsión constitucional que establece que, en caso de ausencia temporal del presidente, la Presidencia debe recaer en el vicepresidente.
“Inventaron un decreto para que tenga gobernanza digital vía internet, y todo eso fue maquinado por Cerimedo”, denunció Lara durante una entrevista con el canal argentino C5N, señalando al asesor argentino como el cerebro detrás de la maniobra. Otro decreto, el 5512, redefinió el papel del vicepresidente, reduciéndolo a una figura que debe “gestionar y coadyuvar acciones en el marco de la dirección de la política general del Gobierno”. En la práctica, Paz no solo le quitó a Lara la posibilidad de sucederlo en el cargo; lo convirtió en un subalterno sin poder real.
El resultado fue previsible. Lara, marginado y despojado de sus atribuciones, se convirtió en un opositor feroz de quien había sido su compañero de fórmula. Lo que comenzó como tensiones internas se transformó rápidamente en hostilidad abierta. Lara calificó a Paz de “mentiroso”, “corrupto” y “títere”, y declaró que “ya no forma parte” del gobierno. En las semanas siguientes, el vicepresidente se convirtió en el principal acusador del presidente: denunció la injerencia de Cerimedo, presentó denuncias penales contra el ministro Espinoza, y exigió una comisión investigadora para esclarecer los escándalos de corrupción.
La ironía de esta ruptura es profunda. Rodrigo Paz ganó la primera vuelta electoral, y luego la segunda, en gran medida por el apoyo que Edmand Lara tenía en la población. Lara, un expolicía con un perfil populista y una fuerte presencia en redes sociales —especialmente en TikTok—, logró captar el voto de los sectores populares que Paz, por sí solo, no habría alcanzado. Un análisis de El Deber señala que “cuánto contribuyó Edmand Lara al resultado electoral es ahora irrelevante. Haberlo elegido como acompañante de fórmula fue el primer gran error de Paz. Se alió con quien terminaría convertido en su más encarnizado opositor”.
La paradoja es que Paz, que llegó al poder gracias al arrastre popular de Lara, lo marginó sistemáticamente desde el primer día. Y Lara, despojado de poder, se convirtió en el fiscal del gobierno que ayudó a construir. Lo que debió ser una alianza política se transformó en una guerra intestina que ha dejado al Ejecutivo boliviano en una situación de parálisis y descrédito. “La fuerza que llevó a Rodrigo Paz y Edmand Lara al Gobierno ya no existe como organización. Sus componentes actúan desde posiciones enfrentadas”.
La rotación masiva de ministros y la fractura con el vicepresidente dibujan el retrato de un gobierno en descomposición, incapaz de mantener un equipo estable y coherente. “En todos los niveles de la administración del Estado se pueden apreciar incontenibles apetitos para, de cualquier forma y en el menor tiempo posible, aprovecharse de los fondos fiscales”, escribió un analista. “Da la impresión que saben que pronto se van a ir. Por ello la desesperación de ‘hacer’ las cosas rápidas”.
La trama familiar en el centro del poder
Lo que ha erosionado más profundamente la legitimidad de Paz no son solo sus políticas, sino la percepción de que su entorno familiar ha convertido el Estado en un negocio propio.
El presidente ha sido objeto de cuestionamientos por su título académico. La controversia surgió en 2018, cuando siendo alcalde de Tarija fue denunciado por no haber homologado en Bolivia su supuesta licenciatura en Economía y Relaciones Internacionales obtenida en una universidad estadounidense. Paz ha cambiado públicamente su presunta profesión en múltiples ocasiones, pasando de “economista” a “relacionista internacional”. Su carnet de identidad lo registra simplemente como “funcionario público” sin grado académico. El propio Paz reconoció que no había homologado su título, alegando que el trámite era “complejo y burocrático”. Pese a que en Bolivia no es un requisito legal ser profesional para ejercer la presidencia, la falta de transparencia alimenta la percepción de un presidente cuya trayectoria está construida sobre bases endebles.
María Elena “Bibi” Urquidi Barbery, esposa de Paz, fue acusada de ser el centro del mecanismo de corrupción. Según las revelaciones de la abogada Nadia Beller, “todos los contratos pasan por ella”.
La abogada y expareja de Fernando Cerimedo, Nadia Beller, en la primera declaración que hizo desde la clínica donde estaba internada, dijo que lo primero que hicieron después del atentado del que fue víctima fue “retirarme el celular donde yo tenía pruebas, no solamente de la agresión física que había recibido de su parte (Fernando Cerimedo) y la tentativa de feminicidio anterior, sino que además tenía pruebas de hechos de corrupción como el del combustible, que se filtró, que yo lo pasé, donde él charla con Bibi Urquidi, con la esposa del presidente, sobre la gente que estaban metiendo y que cobran un boliviano por litro de combustible para dar los cupos”.
“Ya se venía comentando que la esposa del presidente era la que definía los contratos y permisos para actividades mineras, relacionadas con el oro, ya había esos comentarios de que a la señora Bibi Urquidi, esposa del presidente, la llamaban la ‘ventanilla única’”, dijo Lara a C5N.
“Todo negocio, narcotráfico, oro, pasa por la ventanilla única, que es la esposa de Rodrigo Paz”, dijo a su turno Evo Morales, desde su fortín en el Chapare.
El gobierno no ha respondido directamente a las acusaciones de Beller o Morales, lo que según la periodista Maggy Talavera no es una buena señal. “Para un jefe de Estado nunca es válido el silencio como una estrategia política, sobre todo cuando está en juego su honor, cuando le están acusando, denunciando… el presidente está en un callejón sin salida. El que calla otorga y el silencio solamente hace que las especulaciones crezcan; y motivos hay para seguir desconfiando cada vez más”.
La oposición, encabezada por Evo Morales, ha pedido la cárcel para Bibi Urquidi y ha exigido la renuncia de Paz por “moral”.
El círculo de escándalos
El caso Cerimedo-Beller ha sido el catalizador que ha expuesto públicamente el entramado de corrupción. Fernando Cerimedo, asesor argentino de Paz, fue detenido por tentativa de feminicidio contra Nadia Beller, quien recibió tres disparos el 17 de agosto. Beller acusó a Cerimedo de ordenar el ataque para evitar que hablara y denunció presuntos hechos de corrupción vinculados al círculo gubernamental.
El vicepresidente Lara confirmó que Cerimedo era “asesor personal” de Rodrigo Paz y afirmó que participaba de las reuniones de gabinete y les daba órdenes a los ministros. Lara planteó que Cerimedo y Paz dieron “luz verde” en diferentes casos de corrupción conocidos como “narcomaletas”, “narcomaderas” y el del combustible adulterado.
La defensa de Cerimedo ha negado las acusaciones, asegurando que los chats no demuestran que haya ordenado el ataque. Negó haber pagado a legisladores y cuestionó que el dinero secuestrado llegue al millón de dólares. Pero el daño político ya está hecho.
A los escándalos se suman el caso de las “narcomaletas”: la exdiputada Laura Rojas ingresó a Bolivia por el aeropuerto Viru Viru con más de 30 maletas que eludieron los controles. Se le dictó detención preventiva por 180 días. El vicepresidente Lara vinculó este caso con la red de corrupción del entorno presidencial.
Está también el accidente del avión Hércules C-130, que transportaba cerca de 17 millones de billetes nuevos por un valor de aproximadamente 50 millones de bolivianos. El avión se estrelló en El Alto, causando al menos 22 muertos y una treintena de heridos. El dinero quedó esparcido por el suelo y multitudes acudieron a recogerlo. El gobierno inhabilitó los billetes de la serie B.
Se suman las denuncias de avionetas que habrían recibido protección para transportar cocaína desde el oriente del país, y las “narcomaderas” mencionadas por el vicepresidente Lara. La acumulación de escándalos que involucran al círculo más cercano del presidente genera una percepción de que la corrupción no es un problema heredado, sino una práctica instalada en el propio gobierno.
El pronóstico del CSIS, encuestas y el fantasma de Evo
En junio de 2026, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) advirtió que Paz “podría verse obligado a dimitir antes de que termine 2026 como consecuencia de la presión política y económica”. El informe señaló que una “espiral de violencia y otras dinámicas desestabilizadoras podrían empujar a Paz a la salida si intenta recurrir al ejército”. Su dimisión tendría “graves implicaciones para la seguridad y la democracia entre los vecinos sudamericanos de Bolivia”.
En los entresijos del poder se menciona incluso que Paz duraría solo hasta octubre. La desesperación de funcionarios por “hacer” cosas rápidamente sugiere que “saben que pronto se van a ir”.
Según el informe de julio de la encuestadora Ipsos CIESMORI, tres de cada cuatro encuestados del eje troncal coinciden en que la dirección del país es incorrecta.
En este contexto de descontento, el fantasma de Evo Morales comienza a rondar. El analista político Branko Marinkovic manifestó su preocupación por que, según encuestas a las que tiene acceso, “alguien del MAS tiene 40%” de intención de voto.
Una consulta en redes sociales de RED MULTIMEDIA, aunque no representativa, mostró que 75% de los participantes apoyaba un referéndum para habilitar a Morales.
La paradoja es cruel: el gobierno que debía sepultar al MAS podría estar generando las condiciones para su regreso.
El gobierno que allanó el camino para su propio sepulturero
Rodrigo Paz llegó al poder con el apoyo de sectores populares e indígenas que vieron en él una alternativa al MAS. Diez meses después, ha eliminado los subsidios que protegían el bolsillo de esos sectores, ha devaluado la moneda en más del 40%, ha enfrentado 53 días de bloqueos que paralizaron el país y ha visto cómo su círculo más cercano —su asesor, su esposa, sus ministros— es salpicado por escándalos de corrupción.
El gobierno insiste en que estas medidas eran inevitables y que está recuperando la economía. Pero la percepción pública es otra. “Habiendo perdido la confianza, elemento vital de la gobernabilidad, será muy difícil que pueda culminar su mandato”.
La experiencia política latinoamericana señala que un presidente que convive con inflación, reformas de ajuste, escándalos y protestas masivas está en la zona de caída. Paz ya convive con casi todos los factores. Si quiere salvar su gobierno, necesita dar, rápidamente, un golpe de timón. Pero el tiempo se agota.
La paradoja final es profunda: Paz ganó con los votos que Evo Morales propició como nulos. Diez meses después, su gobierno ha generado las condiciones para que el MAS, liderado por el mismo Evo, sea visto como una opción viable de retorno. El presidente que prometió sepultar al masismo puede estar allanando el camino para su regreso.
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