Según el relato histórico oficial, para la actual administración de EEUU, ni los pueblos originarios, ni los descendientes de los esclavos, ni asiáticos ni latinoamericanos tienen lugar alguno en la conformación del país norteamericano.
Solo la “civilización occidental”, hoy en decadencia, tendría valores que proteger y recuperar, con el fin de impulsar una nueva era de prosperidad. Sin embargo, en otros ámbitos, como la ONU, se presentan propuestas diferentes que suelen silenciarse o simplemente no considerarse, a pesar de su fundamentación y sólida base de sustentación.
Muchos de quienes proponen reformar o eliminar a las Naciones Unidas, más que eficiencia, están buscando silenciar esas voces. Si realmente se quisiera avanzar en materia de seguridad internacional, por ejemplo, debiera considerarse seriamente la presencia y propiedad territorial de los Pueblos Indígenas en zonas de relevancia estratégica y a veces también repletas de recursos naturales.
Contexto
En los últimos tiempos recibimos de manera constante información sobre múltiples conflictos en el mundo que para cualquier observador mínimamente atento no puede menos que provocar preocupación por la situación y destino de la humanidad.
El tsunami informativo obviamente presenta desbalances notables de calidad y verosimilitud, lo que dificulta mucho tener claridad sobre lo que ocurre. Pero la principal característica de esta dinámica noticiosa es la carencia habitual de marcos contextuales e interpretativos que permitan entender causas, efectos y procesos más allá del dato puntual o el evento específico.
En particular, se extraña la ausencia permanente de marcos conceptuales como las etapas de desarrollo del sistema capitalista, los conflictos intracapitalistas, la falta de inclusión de variables relacionadas con intereses, actores e incluso realidades culturales diversas dentro de los Estados o referencias sobre el sistema colonial, no como dato del pasado sino como realidad presente, entre otros tantos aspectos.
Llama la atención, por ejemplo, que ante la reiterada intención (con acciones concretas) de la actual administración estadounidense por avanzar en la apropiación de territorios sobre los cuales no tiene derechos actuales, es difícil escuchar que las anteriores variables se tomen en cuenta y menos se utilicen para la explicación de los hechos y aplicarlos en la búsqueda de la transformación de los conflictos.
Cuando la información sobre Groenlandia o Palestina aparece en los medios, casi no hay referencias a las características ancestrales de sus poblaciones, sus derechos colectivos internacionalmente reconocidos, aspectos que, en general, tampoco ocupan lugar alguno en las respuestas a los supuestos o reales problemas globales de seguridad.
El discurso de Marco Rubio
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, brindó, el 14 de febrero de 2026, un discurso durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, es decir, ante un público mayoritariamente conformado por dirigentes políticos e integrantes de las élites europeas, aunque había personas de otros lugares del mundo.
El discurso, al que puede accederse en los sitios oficiales del gobierno de EEUU, debe entenderse como una pieza oratoria que enlista no solo las principales características y objetivos de la administración estadounidense, sino como un esfuerzo oficial de sostener un relato justificante, al tiempo que invita a sumarse a esos fines al resto de los países y organizaciones presentes en la conferencia.
Me quiero detener en este aspecto narrativo porque implica un relato oficial de la historia del mundo, así como de su composición actual, relato en el cual la mayor parte de los habitantes del planeta simplemente no tienen lugar alguno ni en el pasado ni en el presente.
Dicho de otra forma, se trata de una reformulación de los fundamentos ideológicos y políticos del sistema colonial justificador de la apropiación de bienes y territorios.
Con ese fin, por un lado, se endilgan todos los males de la actualidad a las estructuras internacionales que la misma potencia norteamericana construyó luego de la Segunda Guerra Mundial. Además, se apunta a despreciar cultural e históricamente al resto del mundo que no sea lo que él denomina la “civilización occidental”.
Según Rubio, Estados Unidos, que se fundó hace más de 250 años, tiene sus raíces en Europa.
Para fundamentar eso, inicia con la expedición del italiano Colón, luego se refiere a los colonos ingleses, escoceses, irlandeses, granjeros y artesanos alemanes, así como a los franceses, que según el secretario de Estado, ayudaron en la denominada “expansión hacia el interior”.
Por si algo faltaba, nos recuerda que los primeros pobladores de la actual Nueva York eran holandeses.
Rubio afirma que “El hombre que se estableció y construyó la nación en la que nací llegó a nuestras costas llevando consigo los recuerdos, las tradiciones y la fe cristiana de sus antepasados como una herencia sagrada, un vínculo inquebrantable entre el viejo mundo y el nuevo”.
De acuerdo con el discurso de Rubio, ese derrotero histórico ha generado lazos profundos basados en “…la fe cristiana, cultura, patrimonio, lengua, ascendencia y los sacrificios que nuestros antepasados hicieron juntos por la civilización común que hemos heredado”.
La precisa selección de colectivos y orígenes geográficos mencionados no deja lugar a dudas: ni los pueblos nativos originarios ni los esclavos y sus descendientes, ni tampoco aquellas personas provenientes de los países del resto de américa o del continente asiático tienen lugar alguno en la historia de EEUU y mucho menos en el presente del país. Tampoco tienen relevancia alguna en términos de construcción del nuevo esquema global.
Cada vez que el secretario Rubio utiliza la primera persona plural (nuestra o nosotros), incluye a un reducido número de países y sus poblaciones. El resto, no importa, no conforma el “nosotros”.
Así, cuando afirma que ya no se puede sostener el “llamado orden mundial” post Segunda Guerra Mundial porque se antepone “a los intereses vitales de nuestros pueblos y nuestras naciones”, está oponiendo el derecho internacional a los intereses de las naciones de la “civilización occidental”.
Así que, cuando dice que la presidencia Trump impulsa la tarea de renovación y restauración, se refiere a aquellas estructuras, básicamente coloniales, que añora y promueve recuperar.
El relato de Rubio presenta otros dos aspectos que merecen destacarse.
Su recorrido histórico es excesivamente edulcorado (aun considerando el auditorio que lo escuchaba), sin siquiera una mínima mención a los conflictos, guerras y muertes que se produjeron, que en muchos casos son causas de grandes conflictos actuales.
Pero, además, presenta las cosas sin mención alguna a las diferencias y conflictos internos entre las “naciones” de su añorado occidente.
Por más que quiera evitarlo, no podrá pensar la realidad actual de su propio país sin considerar la perspectiva de la población afroamericana o de origen latinoamericano. Algo similar puede decirse de cada país europeo, por lo que no se percibe cómo puede llevar su visión de “civilización occidental” a las sociedades reales actuales, salvo a través de una gigantesca maniobra de exclusión de amplios sectores.
Afirma Rubio: “Durante cinco siglos, antes del final de la Segunda Guerra Mundial, Occidente se había expandido: sus misioneros, sus peregrinos, sus soldados, sus exploradores saliendo de sus costas para cruzar océanos, colonizar nuevos continentes y construir vastos imperios que se extendían por todo el globo”.
Para Rubio, la conflictividad solo existe cuando se trata de explicar la caída de este “occidente expandido”, de los “vastos imperios”, lo cual resulta muy funcional para asignar culpas externas y estereotipar cualquier visión o acción contraria a la hegemonía dominante.
Nos dice que “Los grandes imperios occidentales habían entrado en un declive terminal, acelerado por las revoluciones comunistas ateas y los levantamientos anticolonialistas que transformarían el mundo y cubrirían con la hoz y el martillo rojos vastas extensiones del mapa en los años siguientes”.
Dicho de otra manera: para Rubio, el problema del mundo ha sido el anticolonialismo, no el sistema colonial. Por tanto, restaurarlo sería un bien para la humanidad.
La ONU y los Pueblos Indígenas
Desde las últimas décadas del siglo XX, las Naciones Unidas, como consecuencia de las luchas de los pueblos y comunidades indígenas en el mundo entero que tuvieron un punto alto en el período previo a cumplirse los 500 años de la conquista de América, ha prestado especial atención a estos colectivos.
Se han adoptado instrumentos jurídicos y creado ámbitos institucionales específicos sobre la temática, lo cual ha permitido reconocerlos y en especial darles voz, al menos parcialmente, en el escenario internacional.
El proceso de descolonización promovido por los países miembros de la ONU implica varias acciones y medidas, incluyendo el reconocimiento de los Pueblos Indígenas como colectivos históricos con vocación de permanencia en lugar de ser sujetos de sometimiento político colonial.
Relatoría Especial de la ONU
Una de las instituciones del sistema universal de derechos humanos específicamente establecidas para la promoción y protección de los derechos de los Pueblos Indígenas, es la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Creada en 2001 por la entonces llamada Comisión de Derechos Humanos como parte del Sistema de Procedimientos Especiales Temáticos, en su mandato, entre otros aspectos, se incluyen:
- Promover prácticas idóneas, nuevas leyes, programas gubernamentales y acuerdos constructivos entre los Pueblos Indígenas y los Estados, para aplicar los criterios internacionales relativos a los derechos de los Pueblos Indígenas;
- Formular recomendaciones y propuestas sobre las medidas apropiadas para prevenir y reparar las violaciones de los derechos de los Pueblos Indígenas;
- Presentar informes sobre la situación de derechos humanos de los Pueblos Indígenas en el mundo entero;
- Abordar los casos específicos de presuntas violaciones de los derechos de los Pueblos Indígenas.
Desde fines de 2024, el titular del cargo es el Dr. Albert Barume, originario de la República Democrática del Congo, con una amplia trayectoria en la temática que incluye haber sido presidente y miembro del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, especialista senior sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la OIT y experto independiente sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
Como parte de sus tareas, la persona encargada de la Relatoría Especial realiza visitas a países donde examina a detalle los avances y problemas para la realización de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Además, la Relatoría Especial elabora estudios sobre temas o asuntos que afectan a los Pueblos Indígenas con el objetivo de contribuir a identificar problemas y aportar recomendaciones para superarlos.
Derechos territoriales
Uno de los más recientes informes temáticos preparados por la Relatoría Especial se presenta bajo el título “Identificación, demarcación, registro y titulación de las tierras de los Pueblos Indígenas: prácticas y enseñanzas”.[1]
En el documento se exploran los desafíos actuales relacionados con el derecho de los Pueblos Indígenas a sus territorios tradicionales y los recursos naturales, incluyendo aspectos como la criminalización de los defensores, así como la relación entre los territorios ancestrales de los Pueblos Indígenas y la seguridad internacional.
Sobre este último punto, el Relator sugiere que los Estados consideren a los Pueblos Indígenas como aliados en cuestiones de seguridad internacional, algo que no ocurre en la actualidad.
El Relator parte de la base de considerar estos derechos como derivados de las estructuras sociales, históricas y culturales de los pueblos, como lo dice la misma Declaración de la ONU de 2007, por lo cual estos derechos territoriales existen con independencia del reconocimiento del Estado, de modo que toda demarcación, registro o titulación es declarativa de derechos preexistentes. Dicho de otra forma, no es el Estado la fuente del derecho, sino una entidad obligada a reconocerlos.
A través de la historia (y aún en la actualidad con argumentos similares) han sido deshumanizados y reducidos a la condición de salvajes para justificar la ocupación y la propiedad de sus tierras ancestrales.
Sin embargo, desde la perspectiva de los estándares internacionales, los derechos territoriales de los pueblos son jurídicamente sólidos y éticamente justos.
Los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas incluyen al derecho de propiedad de esas tierras.
Antes de la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, los Pueblos Indígenas, al igual que todas las naciones, tenían la plena propiedad consuetudinaria de sus tierras.
El Relator ilustra esta afirmación recurriendo a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua de 2001, en el cual el tribunal regional afirmó que “la posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad”.
Da cuenta de que la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos llegó a una conclusión similar en la causa African Commission on Human and Peoples’ Rights v. República de Kenya, afirmando que el pueblo indígena ogiek es propietario de sus tierras tradicionales.
Otra conceptualización relevante del Relator es entender que los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas son permanentes, no caducan y no están sujetos a limitaciones temporales.
Por tanto, a los Pueblos Indígenas no se les puede negar derechos territoriales por el transcurso del tiempo sin una tenencia constante, ya que la desposesión solo puede producirse con su consentimiento libre, previo e informado y con la debida indemnización.
Este es un punto central en el debate que acontece en Brasil, sobre lo que algunos denominan el “marco temporal” buscando que los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas se condicionen a la ocupación física antes de la Constitución vigente (1988). Aunque el tribunal supremo ha recogido la concepción correcta, subsisten iniciativas legislativas que la cuestionan.
Para los Pueblos Indígenas, la tierra es la base de su propia existencia, pues allí se origina su cultura y sus medios de vida, se preservan sus conocimientos y se mantiene su vida espiritual, sus sistemas alimentarios y de salud.
Por ello, el Relator destaca que los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas son también el fundamento y la garantía de “otros derechos de los Pueblos Indígenas, entre ellos, los derechos a la vida, la cultura, la dignidad, la salud, el agua y la alimentación”.
Amenazas sobre los derechos territoriales
Aunque la realidad no es homogénea, en términos generales, el informe da cuenta de la gran cantidad de obstáculos existentes para que los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas se puedan realizar.
Los innegables avances en el marco jurídico internacional y la producción de algunas decisiones judiciales históricas no han logrado reducir significativamente la brecha entre derechos y realidad.
Como lo afirma el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU en su informe de 2020, “la brecha en cuanto a la observancia sigue siendo amplia y la falta de reconocimiento de los derechos territoriales contribuye a la violencia que se está produciendo en muchas regiones”.
La región de América Latina y el Caribe es un claro ejemplo de lo anterior, una situación que el Relator califica de paradojal, ya que coexisten marcos jurídicos sólidos con ausencia notoria en su efectiva aplicación.
En muchos países hay importantes compromisos constitucionales e internacionales con los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, pero la resistencia política, las presiones económicas y la corrupción retrasan o provocan la denegación del registro y la titulación de las tierras.
Incluso las sentencias judiciales favorables se ven socavadas por una ejecución deficiente y la falta de consultas.
La exclusión por motivos de género, la criminalización de los defensores de la tierra y los conflictos relacionados con la explotación extractiva de recursos están muy extendidos.
Dentro de ese panorama, el Relator destaca que las iniciativas comunitarias y las victorias jurídicas internacionales son motivo de esperanza.
La creciente demanda por el reconocimiento y protección de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas está impulsando un alarmante aumento de la persecución y la criminalización de los defensores de los derechos humanos en todas las regiones del mundo.
Un informe de la organización Front Line Defenders, citado por el Relator, da cuenta de que el 31% de los al menos 300 defensores de los derechos humanos asesinados en 2023 eran indígenas o trabajaban en favor de los derechos de los Pueblos Indígenas.[2]
El Relator señala que la cifra es desproporcionada, considerando que los Pueblos Indígenas representan alrededor del 5 % de la población mundial.
Algunas áreas conflictivas
El Relator destaca factores específicos que provocan el interés de apropiarse de los recursos de los Pueblos Indígenas, entre ellos, los efectos el cambio climático y la acción de las empresas extractivas.
Aunque los Pueblos Indígenas protegen la naturaleza a partir de su propia cosmovisión, están siendo seriamente afectados por el calentamiento global y el cambio climático. Justamente por su fuerte vínculo con las tierras y los recursos naturales.
En particular, el Relator se detiene a analizar el serio problema que enfrentan ante el avance del denominado mercado del carbono y el conservacionismo.
Por razones financieras, muchos gobiernos se interesan en los territorios indígenas para ingresar al mercado y así cumplir con algunas metas como la tercera del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que promueve llegar al 30% de las zonas terrestres y marítimas.
El problema fundamental es que, para llegar a esos guarismos, existe la tendencia de excluir a los Pueblos Indígenas, incumpliendo los estándares internacionales, en particular los derechos de participación y consentimiento libre, previo e informado.
Es por demás evidente la seria afectación que sufren los territorios indígenas ante el avance de las explotaciones extractivas y proyectos energéticos que, en general se realizan sin considerarlos, sin consultas ni menos alcanzar su consentimiento.
El Relator menciona, entre otros casos, el llamado “triángulo del litio” en América Latina, donde se expresa la oposición de los Pueblos Indígenas ante la amenaza para sus fuentes de agua, violando su derecho al consentimiento libre, previo e informado.
A pesar de las promesas de desarrollo sostenible, muchos líderes indígenas denuncian su exclusión de los procesos de toma de decisiones y la creciente presión sobre sus territorios en nombre de la transición energética mundial
Otro serio problema que enfrentan los Pueblos Indígenas se relaciona con la llamada seguridad internacional en virtud de que muchos de los territorios indígenas se ubican en lugares considerados estratégicos por las potencias político-militares ante actuales o eventuales enfrentamientos y conflictos.
El caso de Groenlandia, hogar de comunidades inuit, es un claro ejemplo al respecto.
La isla, rica en minerales de tierras raras, ha captado la atención estratégica de numerosos países debido a su ubicación, a las rutas marítimas emergentes y a sus reservas de energía, petróleo, minerales y otros recursos sin explotar.
Tres problemas actuales
De acuerdo con el Relator, a menudo los Pueblos Indígenas enfrentan una triple victimización.
- En primer lugar, sufren la falta de apoyo de un Estado eficaz o protector y la falta de servicios públicos accesibles.
- En segundo lugar, se vuelven vulnerables a la ocupación, el acoso o la influencia de grupos extremistas, insurgentes o redes delictivas que se aprovechan de la ausencia del Estado y tratan de esclavizar o reclutar a miembros vulnerables de la comunidad.
- En tercer lugar, son objeto de acusaciones injustas, persecución, estigmatización y criminalización por parte del Estado y la sociedad en general, y a menudo son falsamente calificados de amenazas para la seguridad nacional e internacional o de ser enemigos del progreso y el desarrollo.
El informe cierra con una larga lista de recomendaciones donde se insiste en considerar a los Pueblos Indígenas como parte fundamental del diseño y ejecución de las políticas públicas, entre ellas las relacionadas con la seguridad internacional.
Según el Relator, se debe “Aprovechar los conocimientos, los derechos territoriales, la libre determinación, los valores culturales y la resiliencia de los Pueblos Indígenas puede contribuir a que sean parte de una protección eficaz de primera línea contra el extremismo, el tráfico, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad en sus tierras. Para lograr este objetivo, los Estados deberían forjar una nueva alianza con los Pueblos Indígenas en materia de seguridad internacional, pues están surgiendo ejemplos que demuestran que su implicación mejora la seguridad”.
Como señala su autor, este documento no clausura el debate sino que, al contrario, pretende iniciarlo y por ello invita a recibir contribuciones hacia un nuevo informe temático en el cual anuncia que propondrá estrategias concretas al respecto.
En conclusión
El secretario Rubio, en su discurso de Munich, además de afirmar que el “orden mundial” debe estar al servicio de los intereses de “occidente”, expresó que las Naciones Unidas tienen un gran potencial como herramienta para el mundo, pero debe ser reconstruida, ya que, según él, no tiene respuestas para los asuntos mundiales urgentes.
Sobre este punto, se detiene en algunos ejemplos (Gaza, Irán, Venezuela, etc.), endilgando a la ONU la falta de capacidad de resolver conflictos, sin mencionar el papel de los propios EEUU en estos asuntos, así como su derecho a veto en el Consejo de Seguridad.
En realidad, para EEUU (también para otras potencias), uno de los “problemas” de la ONU es que, como consecuencia de la descolonización, países y organizaciones sociales tienen voz y voto, algo que no ocurría en los primeros años de la organización.
Hasta entrados los años 60, buena parte de la población del mundo pertenecía a tierras dominadas por las potencias occidentales a través de estructuras coloniales, y otras (China es un buen ejemplo) tenían condiciones internas que les impedían tener peso real en los grandes temas globales.
El funcionamiento de las distintas comisiones, agencias, procedimientos especiales, etc., de la ONU permite, dentro de sus limitaciones y aún lejos de lo que muchos esperan, aportar visiones documentadas y proponer acciones con orientaciones muy distintas a las que surgen del discurso de Rubio en Munich.
Partir de un esquema conceptual anticolonial apegado a los grandes acuerdos globales que la humanidad ha adoptado en las últimas décadas, nos permite no solo cuestionar la necesidad de la restauración colonialista, sino también conocer y trabajar sobre otras propuestas que existen, pero son sistemáticamente negadas por quienes solo conciben a la “civilización occidental” como merecedora de existir y dominar el mundo.
En ese camino, la lucha por el relato es esencial, algo que nos permite entender la histeria generada en la Casa Blanca por 15 minutos de actuación de un artista que no es del agrado del Presidente, durante un evento deportivo.
El punto central es que no se trató de diferencias estéticas, sino de cuestionamiento del discurso político del poder realizado desde voceros de una cultura que se pretende sojuzgar y que, por lo tanto, no debe tener la posibilidad de expresarse en lugares reservados para estructuras hegemónicas.
No debe dejar de decirse que el discurso de Rubio fue aclamado por la dirigencia política europea. Sea por pleno acuerdo con su contenido o por otras razones, lo cierto es que de la otrora Europa defensora de los derechos humanos y la cohesión social parece quedar poco, al menos entre sus cuadros de conducción actuales.
El punto es altamente relevante hacia la apertura de ámbitos de debate políticos, sociales y culturales que no se basen en la reconstrucción de las estructuras coloniales.
[1] Asamblea General, Informe provisional del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Albert Kwokwo Barume, “Identificación, demarcación, registro y titulación de las tierras de los Pueblos Indígenas: prácticas y enseñanzas”, 2025, A/80/181.
[2] Front Line Defenders, Global Analysis 2023/24.