El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Calí Tzay, llevó a cabo una visita a Colombia entre los días 5 al 15 de marzo de 2024, al terminar la cual compartió sus primarias impresiones de lo visto, a cuenta del informe completo que dará a conocer en septiembre próximo.
El Relator destacó que los funcionarios estatales reconocen la deuda histórica del Estado con los Pueblos Indígenas y se mostraron comprometidas a promover una nueva relación con estos, basada en el diálogo paritario.
Entre los aspectos positivos registrados por el Relator, destacó la adopción de un Capítulo Étnico en el marco de los Acuerdos de Paz, que reconoce los derechos a la libre determinación, la autonomía y el gobierno propio, a la participación, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.
Resalta también:
- el reconocimiento del territorio indígena como víctima del conflicto armado;
- el informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que compila las varias violaciones perpetradas por parte de las guerrillas, los paramilitares y miembros de la fuerza pública contra los Pueblos Indígenas y proporciona importantes recomendaciones;
- la participación de los Pueblos Indígenas en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, “Colombia Potencia Mundial de la Vida”;
- la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha desempeñado un rol crucial en la protección y promoción de los derechos de los Pueblos Indígenas;
- el nombramiento de una mujer indígena en el cargo de embajadora ante la ONU en Nueva York, y otra como directora de la Unidad de Víctimas, así como un hombre indígena como director de la Unidad de Restitución de Tierras.
Sin embargo, la mayor parte de los comentarios del Relator hacen centro en los desafíos que aún enfrentan los Pueblos Indígenas, a pesar del reconocido avance legislativo que Colombia ha tenido durante años.
Expresa que:
“La situación de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia sigue siendo grave, crítica y profundamente preocupante. Aún no se ha saldado la deuda histórica de reconocer efectivamente el derecho a la libre determinación, autonomía, a la tierra, territorio y recursos de los Pueblos Indígenas, así como a la participación política y a la consulta para otorgar o negar el consentimiento previo, libre e informado”.
Califica como preocupante el marcado incremento en los asesinatos selectivos dirigidos a líderes, lideresas y autoridades indígenas, ya que, entre 2020 y 2022, se documentaron en promedio más de 320 casos anuales, con 1.327 integrantes y líderes sociales asesinados después de la firma del Acuerdo de Paz.
Según la Defensoría del Pueblo, los liderazgos indígenas son los más afectados territorialmente, especialmente en departamentos como Cauca, Chocó, Nariño y Putumayo.
La situación de los Pueblos Indígenas se ve exacerbada e intensificada por la presencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, así como de agentes económicos que operan al margen del respeto de los derechos humanos.
Según múltiples testimonios recibidos por el Relator, la guerra en los territorios indígenas no ha cesado incluyendo el reclutamiento forzoso de menores por parte de grupos armados y la persistencia de minas antipersonales en esos territorios.
No se detectan avances significativos en la protección de los 71 Pueblos Indígenas (35 de los cuales cuentan con menos de 200 habitantes) declaradas en riesgo inminente de exterminio físico y cultural por la Corte Constitucional en pronunciamientos entre el año 2009 al 2019, incluyendo la difícil situación de más de 15 Pueblos Indígenas móviles y en aislamiento voluntario o contacto inicial.
Las mujeres indígenas siguen enfrentándose a graves limitaciones para acceder a sus derechos. Durante la visita, escuché el testimonio de mujeres indígenas víctimas del conflicto armado y su sufrimiento por no haber recibido aún una reparación culturalmente adecuada por la violencia sufrida. Es preocupante que las mujeres indígenas sigan siendo víctimas de trata y agresiones sexuales a manos de grupos al margen de la ley.
El Relator visitó La Guajira, donde constató que el 81,1% de la población Wayuu se encuentra con necesidades básicas insatisfechas, y el 53,3% vive en condiciones de extrema pobreza. En los últimos 10 años, más de 5,000 niños Wayuu han perdido la vida a causa de la desnutrición y la deshidratación.
El Relator también mostró su preocupación por la falta de legislación y acción para el reconocimiento de las Entidades Territoriales Indígenas reconocidas en la Constitución del año 1991.
Entre otras carencias, no se ha logrado garantizar procedimientos que resuelvan de manera eficaz y en tiempos razonables las peticiones de reconocimiento de territorios indígenas, con alrededor de 1,136 solicitudes sin resolver, algunas presentadas décadas atrás.
Tampoco se ha avanzado sustantivamente en asegurar el respeto a la consulta libre, previa e informada de los Pueblos Indígenas, ya que, la mayor parte de las consultas realizadas por las instituciones estatales, no cumplen con los mínimos estándares internacionales a los cuales Colombia se ha comprometido a respetar.
A pesar de que la Constitución de Colombia reconoce la competencia de la jurisdicción indígena dentro de su ámbito territorial, y del mandato constitucional de adoptar una ley de coordinación de esta jurisdicción con la ordinaria (artículo 246), han transcurrido 33 años sin que dicha ley haya sido adoptada por el Congreso.
A partir de este diagnóstico preliminar, el Relator afirma que
“es extremadamente urgente que Colombia aborde agravios históricos, especialmente ahora que el país se embarca en nuevas negociaciones destinadas a lograr la ‘Paz Total'”,
y presenta una serie de recomendaciones, entre las cuales se destacan:
- Aplicar sin demora el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz y garantizar la participación efectiva de los Pueblos Indígenas, incluyendo las mujeres indígenas, en la implementación de las nuevas políticas de seguridad humana, lucha contra las drogas y Paz Total;
- Promover diálogos directos con los Pueblos Indígenas, independientes de los diálogos con los grupos armados no estatales, para la construcción de la paz duradera;
- Dar cumplimiento inmediato a las órdenes dadas por la Corte Constitucional y otros tribunales en materia de derechos de los Pueblos Indígenas;
- Adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para reconocer las Entidades Territoriales Indígenas y fortalecer su autonomía;
- Adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para asegurar la coordinación de los sistemas jurídicos indígenas y la justicia ordinaria;
- Adoptar las medidas adecuadas para descongestionar los procedimientos de reconocimiento formal de territorios y avanzar en una comprensión del significado integral que tienen éstos para los Pueblos Indígenas;
El Relator Especial concluyó el mensaje final de su visita afirmando que
“El verdadero progreso depende del reconocimiento y respeto genuinos de los derechos de los Pueblos Indígenas, comenzando por el autogobierno, la libre determinación, las tierras, los territorios y recursos, ya que el conocimiento indígena y la sabiduría ancestral son esenciales para lograr las aspiraciones de Colombia de una Paz Total verdadera y duradera, así como la protección del medio ambiente”.