En el marco de la presentación del informe regional de SISCA, la especialista Natalia Álvarez Rojas, de la Asociación lacommunis, advirtió que, sin marcos normativos que regulen los sistemas de información, no será posible diseñar políticas públicas efectivas para trabajadores migrantes y retornados.
La Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) presentó este 2 de junio el informe regional “Sistemas de Información de Mercados Laborales en Guatemala, El Salvador y Honduras: avances, brechas y su aporte a la gestión de la migración laboral”, durante el ciclo de webinars “Datos que conectan oportunidades”.
El estudio fue desarrollado en el marco del proyecto PERSPECTIVAS, que contó con el apoyo de Swisscontact y el financiamiento del Banco de Desarrollo Alemán KfW.
Frente a los hallazgos del informe —que revela avances técnicos parciales pero débiles marcos institucionales en los SIMEL de Guatemala, El Salvador y Honduras—, Álvarez Rojas, quien participó en el diseño del informe como especialista en migración laboral de la Organización Internacional de Migración (OIM), centró su intervención en dos preguntas clave que vinculan datos, derechos laborales y protección social.
Marcos normativos y protección laboral: ¿qué está en juego?
Al ser consultada sobre las implicaciones de formalizar jurídicamente los SIMEL en términos de derechos de las personas migrantes, la experta recordó que los países de la región ya cuentan con un marco normativo internacional, interamericano y nacional que define obligaciones en materia de protección social.
“La protección social tiene que ver con que todas las personas, como seres humanos, tengamos un mínimo garantizado de atención médica, de ingresos mínimos, pero sobre todo la protección cuando tenemos situaciones de enfermedad, desempleo, lesión, embarazo, etc.”, explicó.
Sin embargo, advirtió que esto choca con una realidad estructural: los mercados laborales centroamericanos se caracterizan por la alta informalidad y una baja capacidad de generación de trabajo decente. En ese contexto, los SIMEL bien regulados pueden jugar un papel fundamental.
“Si tenemos la capacidad de tener estos metadatos todos sistematizados, vamos a poder generar políticas más específicas para el abordaje de estos elementos. Se hace especialmente valioso poder tener esta información que nos genere la capacidad de ir a políticas públicas que nos garanticen la protección laboral de las personas”, señaló.
Álvarez Rojas agregó que estos sistemas de información no solo sirven para orientar la inspección laboral nacional, sino también para alimentar acuerdos binacionales o multilaterales —como los de la región centroamericana— e identificar dinámicas de movilidad circular que pueden formalizarse mediante acuerdos entre Estados.
“Los marcos normativos que regulan a los SIMEL tienen la gran oportunidad de incorporar elementos de protección social, de identificar tendencias y de generar políticas para atajar violaciones a la normativa y a las condiciones laborales”, insistió.
Inteligencia artificial y sesgos: una advertencia necesaria
La especialista también se refirió al reto ético que plantea la inteligencia artificial aplicada a estos sistemas, mencionando la reciente encíclica papal sobre consideraciones éticas.
“Va a ser muy importante generar la información adecuada para que estos sistemas alimenten la inteligencia artificial con respecto a la migración, integración, retorno, etc. El rol de esta información oficial —con datos administrativos, datos de sociedad civil, así como datos cuantitativos y cualitativos— nos puede generar posibilidades de tener menores sesgos”, afirmó.
Políticas de retorno basadas en evidencia
Sobre cómo la información de los SIMEL puede apoyar el diseño de políticas de migración laboral que incluyan procesos de retorno más seguros y ordenados, Álvarez Rojas destacó la necesidad de visibilizar a las personas trabajadoras migrantes, retornadas y en flujos circulares.
“Es clave poder conocer cuáles son los aspectos de nuestro mercado laboral con mucha claridad: de dónde está la oferta, dónde está la demanda, cuáles son los mecanismos específicos que vamos a requerir para poder perfilar adecuadamente a las personas, cuáles son las necesidades o las áreas geográficas o las industrias donde tenemos demanda específica, y cómo vinculamos esa necesidad con las personas trabajadoras”, detalló.
También subrayó la importancia del perfilamiento y la certificación de competencias para romper los ciclos de informalidad y subempleo que afectan especialmente a la población retornada.
“Con la información adecuada es posible potenciar el empleo formal que beneficia a toda la sociedad: a la persona trabajadora migrante, a la persona trabajadora retornada y a sus familias”, dijo.
Finalmente, señaló que conocer los perfiles, las áreas geográficas de mayor demanda y las competencias requeridas permite generar políticas para garantizar condiciones seguras, ordenadas y basadas en evidencia, “incluyendo la posibilidad de un seguimiento cercano en cuanto al cumplimiento de las condiciones laborales de trabajo decente”.
El informe
El estudio presentado concluye que, entre 2019 y 2025, los SIMEL de la región han avanzado en capacidad técnica y coordinación regional, pero enfrentan déficits críticos en gobernanza, financiamiento sostenible y marcos normativos que aseguren su permanencia más allá de los proyectos de cooperación.
La intervención de Natalia Álvarez Rojas vino a poner sobre la mesa la dimensión más urgente de esas brechas: sin sistemas de información institucionalizados, la protección social y los derechos laborales de las personas migrantes podrían verse vulnerados.