A 75 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Ricardo Changala reflexiona sobre y la realidad actual. Destaca eventos recientes como la crisis en Palestina, la liberación de un expresidente peruano condenado por violaciones de derechos humanos y la posesión como presidente en Argentina de alguien que se opone a los derechos humanos. Changala resalta la importancia de poner a las personas y sus derechos en el centro de las políticas, reconociendo que la protección y promoción de los derechos humanos siguen siendo fundamentales, aunque se requiera una reconfiguración para adaptarse a los desafíos actuales.
Esto no es un simulacro
Roger Waters
El 10 de diciembre de 2023 se cumplen 75 años de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En el histórico documento, se fundamentaba su adopción señalando que:
“…el desconocimiento y el menosprecio de los derechos del hombre han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”.
Y también que:
“…la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;”
Lamentablemente, el contexto mundial actual nos demuestra que estamos lejos, muy lejos de alcanzar esas aspiraciones.
Veamos solo algunos hechos recientes.
Por primera vez, asistimos a una masacre trasmitida por streaming, sin que la comunidad internacional logre detenerla.
El 6 de diciembre, el secretario general de la ONU, António Guterres, se dirigió al Consejo de Seguridad invocando, por primera vez desde que asumió el cargo, el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas, instándolo a actuar ante la amenaza para la seguridad internacional que presenta el conflicto palestino-israelí.
Expresa Guterres que la situación se está deteriorando rápidamente en una catástrofe con implicaciones potencialmente irreversibles para los palestinos en su conjunto y para la paz y la seguridad en la región.
La Oficina de Coordinación de ayuda Humanitaria de la ONU (OCHA) ha informado que, al 5 de diciembre, al menos 15.523 palestinos han muerto en Gaza bajo los bombardeos israelíes, de los cuales un 70% son mujeres y niños. Muchos, además, están desaparecidos, presumiblemente bajo los escombros de los edificios bombardeados, a la espera de ser rescatados o recuperados.
Según la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNWRA), casi 1,9 millones de personas, más del 85% de la población de Gaza, se han visto desplazadas en toda la Franja desde el 7 de octubre.
Guterres señaló que no existe protección para los civiles.
Más de la mitad de las viviendas han sido destruidas y alrededor del 80 % de la población de 2,2 millones se ha visto obligada a desplazarse a zonas cada vez más pequeñas, los restos explosivos de los bombardeos israelíes dejan zonas inhabitables, mientras el desplazamiento masivo ha creado condiciones de hacinamiento, indignas y antihigiénicas.
En su carta al Consejo de Seguridad, el secretario general afirma que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de utilizar toda su influencia para evitar una mayor escalada y poner fin a esta crisis y también reiteró su llamamiento para que se declare un alto el fuego humanitario, para que los medios de supervivencia y la ayuda humanitaria puede ser entregada de manera segura y oportuna en toda la Franja de Gaza.
Paralelamente, en el Perú, por decisión del Tribunal Constitucional del 4 de diciembre se ordenó la inmediata libertad del expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía sentencia por graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante su mandato 1990 – 2000.
Ante la solicitud de las víctimas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de resolución urgente de su presidente, exhortó nuevamente al Estado peruano a abstenerse de implementar la orden de liberación dispuesta hasta tanto se compruebe si el dictamen cumple con las garantías de acceso a la justicia de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.
La situación es doblemente grave, ya que, no solo deja sin protección a muchas víctimas de violaciones de derechos humanos fundamentales sino que, además, implica un desconocimiento de los resuelto por el principal órgano jurisdiccional regional.
El 10 de diciembre es el día internacional de los derechos humanos.
Paradojalmente, ese mismo día, en Argentina, asumirá como presidente la República Javier Milei, quien se ha declarado en múltiples oportunidades contrario a los derechos humanos en todas sus expresiones.
Si el presidente electo y su grupo político cumplen con la cuarta parte de sus anuncios, el país entrará en una etapa regresiva en materia de derechos humanos con consecuencias altamente negativas para la población, especialmente para los sectores con menores recursos, las víctimas de la dictadura militar, las mujeres, los pueblos indígenas, para las personas trabajadoras, entre otros.
Ante un panorama tan poco alentador, sería útil que los Estados tomaran en cuenta, al menos, lo que dice el artículo final de la Declaración del año 1948:
“Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”.
Porque hablamos de gente de carne y hueso, de hombres, mujeres, niñas y niños. Se trata del planeta tierra en vías de destrucción, aunque la banalización o el silencio cómplice que pretende esconder realidades trate de pintarnos un mundo distinto o peor, una suerte de virtualidad indolora.
Pero no.
Como dice el gran Roger Waters en su imprescindible concierto, esto no es un simulacro, las víctimas son reales y los victimarios también.
Para tener alguna posibilidad de mejorar el mundo en el que nos ha tocado vivir, los derechos, las necesidades, los sueños de cada una de las personas y de los colectivos que habitan en él, deben estar en el centro de cualquier política.
Desde esa perspectiva, los derechos humanos no solo no están en el fin de su época (como hace años algunos vienen sosteniendo), sino que siguen estando en el centro de los anhelos de colectivos e individuos.
La tarea del presente es retomar su impulso a partir de la crítica sobre la ineficacia de su efectiva realización y su necesaria reconfiguración para superar limitaciones culturales, políticas, sociales y jurídicas que les permita estar a la altura de los tiempos que corren.