La república de Guatemala ha basado su economía nacional en el sector agroexportador, principalmente azúcar, aceite de palma, café, banano y algunos productos no tradicionales, como las hortalizas y flores. Para apoyar la producción agroindustrial se tienen establecidas varias prebendas y excepciones tributarias que contribuyen, supuestamente, a que las empresas agroindustriales generen fuentes de trabajo e ingreso de divisas al país. A pesar de ello, la contribución de este sector al producto interno bruto ha ido bajando con los años (en 2012 era del 10.72% y en 2022 fue de 9.31%[1]) y hoy día son las remesas las que contribuyen mas para generar ingresos al país (19.16% en 2022[2]). Además, el porcentaje de trabajadores en el sector informal de la economía asciende a un 70%[3].
La población de Guatemala es considerada rural en un 46.15%[4] y es en el área rural en donde se ubican todas las empresas agroindustriales, principalmente en la Costa Sur y en el Nororiente del país. La Población Económicamente Activa -PEA- para 2018 era de 5,020,548[5], considerando que el 29.2% de la población labora en el sector primario, tenemos que existen 1,466,000 de trabajadores realizando distintos trabajos en el agro. Pero según un informe del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) de 2021 en Guatemala solamente 91,532 personas están afiliadas como cotizantes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social dentro del sector primario (agrícola, ganadería, caza, silvicultura y pesca), es decir, solamente un 6.2% de los trabajadores ocupados en el sector agrícola tienen acceso al seguro social.
Otro aspecto que hay que destacar son las condiciones laborales que los trabajadores viven en la agroindustria guatemalteca, sobre todo aquellos que realizan trabajos estacionales y quienes están tercerizados. En la actualidad todas las instituciones responsables de velar por el cumplimiento de las normas laborales son ineficientes y no proveen el acompañamiento y apoyo que los trabajadores necesitan cuando se violan los derechos laborales, los trabajadores enfrentan muchos obstáculos para hacer valer sus derechos. Es bien sabido que, en la agroindustria, los salarios son bajos, muchas veces se les somete a largas jornadas sin el pago extraordinario y sin protección laboral.
En Guatemala existe una historia cruenta de persecución sindical y de lideres de las organizaciones campesinas que han proveído apoyo a los trabajadores en este sector. En la actualidad solamente existe un sindicato en el sector azucarero, como lo es el Sindicato del Ingenio Palo Gordo. En el sector de aceite de palma no existen sindicatos y en el sector bananero, a pesar de tener sindicatos en el oriente de país, no existe ningún sindicato en la Costa Sur.
Contrastando con el eslogan que el sector azucarero tiene: “La Caña de Azúcar, es el motor económico para Guatemala”, vemos que el 83% del empleo que ofrece el sector azucarero es indirecto (de un total de 336,000 empleos). Dentro de los trabajos indirectos se ubican los zafreros que son contratados por seis meses para cortar la caña, este grupo de trabajadores es convocado a través de contratistas que buscan, sobre todo jóvenes, para llevarlos a las plantaciones. La contratación de los trabajadores se hace, muchas veces, de palabra, es decir, no hay contratos escritos. Los lugares de donde provienen los zafreros en gran parte son de zonas rurales muy pobres en donde no tienen oportunidades laborales y se alimentan de los cultivos de sobrevivencia.
En una reciente visita uno de los municipios en donde se contratan zafreros pudimos conocer historias familiares que son desgarradoras por el grado de injusticia a que son sometidos muchos jóvenes con el afán de salir de la pobreza y la hambruna. Los zafreros en su gran mayoría no saben leer y escribir, tiene una comprensión básica del idioma español y en sus comunidades enfrentan grandes desafíos en el acceso a la educación, la salud, las vías de comunicación, altos índices de pobreza y falta de oportunidades.
Según una de las entrevistadas en la visita de campo a una comunidad de Jocotán Chiquimula:
“…Un mi hijo no aguanto, fue solo diez días, se despertó enfermo, le decomisaron su DPI y no lo querían soltar. Le pidieron pagar pasajes y se regresó. Ahí estuvo mal comido, mal dormido, bien trabajado. Hay desgaste de la vida que no retoma, se sale a las 3 AM y regresan a las 10 PM. Hay mucho consumo de droga, si no se drogan no aguantan el duro trabajo. Mi hijo quedó trastornado de la mente. Muchos jovencitos vuelven mal a la comunidad y no debería ser así… También los engañan con lo que trabajan, no les pagan lo que es y cuando reclaman los amenazan. Algunos por reclamar derechos les han hecho daño, algunos ya no los han encontrado.”
Relatos como el anterior son comunes en las distintas comunidades tanto del altiplano como del oriente del país, en donde hay poblaciones que se han visto obligadas a ir a la zafra porque no tiene otra fuente de ingreso. Y en general, la agroindustria guatemalteca ha estado envuelta en muchas controversias, incluidas disputas sobre la propiedad de la tierra y su despojo, violaciones de los derechos laborales y amenazas al medioambiente. Pero hasta el momento las denuncias no se resuelven y existe una completa impunidad.
[1] https://www.statista.com/statistics/442704/guatemala-gdp-distribution-across-economic-sectors/#:~:text=This%20statistic%20shows%20the%20distribution,percent%20from%20the%20services%20sector.
[2]https://www.theglobaleconomy.com/Guatemala/remittances_percent_GDP/#:~:text=Remittances%20as%20percent%20of%20GDP&text=For%20that%20indicator%2C%20we%20provide,from%202022%20is%2019.16%20percent.
[3] https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2023/173/article-A004-en.xml
[4] INE 2019
[5] INE Censo 2018