La Corte Interamericana es uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos, juntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. Ejerce una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias; una función consultiva; y la función de dictar medidas provisionales.

Son veinte los Estados que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte, a decir: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.

Corresponde a la Corte determinar si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Americana o en otros tratados de derechos humanos aplicables al Sistema Interamericano. Asimismo, a través de esta vía, la Corte realiza la supervisión de cumplimiento de sentencias. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, puede tomar medidas provisionales.

En el desarrollo de sus funciones la Corte tiene una gran relevancia en la construcción y seguimiento de los estándares internacionales sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.