El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas [1]visita Colombia entre los días 7 y 11 de febrero de 2024, con el objetivo de dar seguimiento a la implementación del Acuerdo Final de Paz que fuera firmado en el año 2016.
En la previa de esta tercera visita del Consejo de Seguridad al país, el Representante del secretario general de la ONU en el país, Carlos Ruiz Massieu expresó que
“La visita del Consejo de Seguridad se da en un momento decisivo para la construcción de paz en el país, pues pese a los retos y desafíos, hay una voluntad política renovada frente a la implementación integral del Acuerdo Final de Paz y varios diálogos de paz en marcha en el marco de la política de Paz Total. Adicionalmente, inicia pocos días después de que el ELN y el Gobierno de Colombia han anunciado la prórroga y fortalecimiento del Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal”.
Uno de los ejes prioritarios del Acuerdo se encuentra en su capitulo étnico, es decir el relacionado con la situación y derechos de los pueblos indígenas, afrocolombianos, palanqueros y rom, por lo que esta misión, además de otras gestiones, habrá de dirigirse al Valle del Cauca para entrevistarse con autoridades estatales y de los pueblos originarios.
La misión llega el país en un momento particularmente complejo, en el cual muchas voces, incluyendo al propio presidente Petro, denuncian intentos de golpe de Estado, de intenciones de derribar la actual administración a través de diversas estrategias que estarían en curso.
En evidente demostración de esta realidad política, la Secretaría General de la OEA el 8 de febrero emite un comunicado por el cual “…condena y repudia las amenazas de interrupción del mandato constitucional del presidente Petro”, al tiempo que exige que se abandonen los intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia.
Hace ya un tiempo en una entrevista el presidente Gustavo Petro manifestó que si bien el es el presidente de la República, el poder lo tienen otros.
Cada día, esta afirmación se corrobora por varias vías, en especial por el tratamiento que hacen del desempeño presidencial los medios de comunicación mayoritarios que o bien construyen evidentes patrañas sobre bases infundadas, o bien tergiversan negativamente acciones gubernamentales, o bien silencian totalmente algunos evidentes avances del actual gobierno.
Por supuesto que Petro tiene altas y bajas, aciertos y desaciertos, contradicciones muchas en un país con décadas de guerra interna, violencia que parece no terminar nunca y en especial, desigualdades socioeconómicas notables.
Pero tan cierto como eso es que la clase política y económica y los poderes fácticos anclados en el país, no le perdonan haber llegado a la presidencia y sobre todo no le perdonan intentar ser coherente haciendo un gobierno para ejecutar lo que prometió hacer.
En ese contexto, la administración de justicia es una herramienta clave en la construcción de un Estado democrático y por ello, se ha convertido en el centro del enfrentamiento político actual que, como en otros países de la región ha ocurrido recientemente, tiene tufillo de golpe de Estado si no se detiene a tiempo.
La procuraduría general de la Nación ha suspendido de su cargo al ministro de Relaciones Exteriores, con argumentos y procedimientos por demás cuestionables. El 7 de febrero, Alvaro Leyva Durán envío una carta a la Procuradora General Margarita Cabello Blanco, anunciando que abandona su cargo de forma inmediata como consecuencia de la suspensión provisional que ha recibido.
Además, la fiscalía general se ha dedicado a “investigar” casos que busca criminalizar al presidente de la Republica lo cual en Colombia, como en casi todos los países del mundo, está prohibido.
La elección del nuevo Fiscal general requiere que el presidente envíe una terna y la Suprema Corte de Justicia elija una persona. Petro envió una terna de tres mujeres (algo inédito en la historia colombiana) técnica y éticamente intachables.
Pues bien, a fines de enero se supo que 13 de los 23 jueces de la SCJ dejaron en blanco sus papeletas, es decir, que ni siquiera se sabe si han leído los antecedentes de las 3 personas propuestas.
No cabe duda de que la intención es perpetuar en el cargo al actual Fiscal Francisco Barbosa, quien se ha dedicado a usar el cargo para proteger a sus jefes políticos impidiendo sus procesamientos, además de múltiples prácticas corruptas y de uso y abuso de los bienes del Estado, por ejemplo destinando escoltas, guardaespaldas, carros blindados y demás a buena parte de su familia. O que tuvo en su casa, como empleada domestica a una funcionaria de la fiscalía, etc.
El poder fáctico querría que, si no pueden extender a Barbosa, al menos quede en el cargo la vicefiscal Mancera, pero en ningún caso una persona sobre la cual no podrán ejercer el control absoluto.
Múltiples organizaciones sociales han reaccionado y demandan que se elija a la nueva Fiscal de forma inmediata y dentro de la terna propuesta por Petro.
El 8 de febrero, organizaciones sociales, sindicales y populares colombianas marchan en Bogotá y varias ciudades del país en apoyo al presidente, Gustavo Petro, y para exigir que la nueva fiscal general sea electa por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Estas movilizaciones también se convocaron en rechazo a la investigación abierta por la Fiscalía a la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), que califican como política esta investigación puesto que todas sus acciones han estado apegadas a la legislación vigente.
La situación demuestra la complejidad de la realidad colombiana, las múltiples tensiones que enfrentan tanto los gobernantes como la ciudadanía en general y de la necesidad de atender los problemas coyunturales sin perder de vista los grandes temas históricos estructurales que siguen siendo prioritarios para sentar bases hacia la conformación de un mejor país, más incluyente, pacífico y democrático.
[1] Integrado por 15 miembros, 5 permanentes (China, los Estados Unidos, Francia, Federación de Rusia y el Reino Unido) y 10 elegidos de forma rotativa (en este momento Argelia, Ecuador, Eslovenia, Guyana, Japón, Malta, Mozambique, República de Corea, Sierra Leona y Suiza).