El Comité de la Organización de Naciones Unidas para la eliminación de la Discriminación Racial (CERD) pidió a los países ricos renunciar al negocio de las vacunas contra el virus COVID 19 al que considera en la actualidad como un grave problema de salud pública que genera con efectos negativos devastadores que están recayendo de forma desproporcionada en personas y grupos vulnerables a la discriminación racial.
La Decisión Nro. 1/23, aprobada en su sesión de trabajo de fines de agosto de 2023 como procedimiento urgente, tiene con tres contenidos esenciales:
- Exhorta a los Estados parte a dar prioridad a las preocupaciones en materia de derechos humanos e incorporar garantías estrictas incluido un mecanismo que comprometa a los gobiernos a suspender los derechos de propiedad intelectual en una crisis sanitaria, como se menciona en el proyecto de acuerdo sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias que se está negociando actualmente en la Cumbre de la Organización Mundial de la Salud.
- Exhorta a los Estados parte del Norte global a que proporcionen recursos para que los Estados más pobres puedan satisfacer las capacidades médicas básicas y que estén disponibles vacunas, medicamentos pertinentes y otros equipos y suministros necesarios. a todos de manera no discriminatoria;
- Solicita a Alemania, Suiza, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América que respondan a la presente Decisión proporcionando información sobre las medidas adoptadas para renunciar a las protecciones de propiedad intelectual para las vacunas contra la COVID-19 u otras medidas adoptadas para abordar las altas tasas de morbilidad y mortalidad por COVID-19 en todo el mundo entre las personas y grupos más expuestos a la discriminación racial.
La decisión es extraordinaria, por su alcance y por retomar un tema debatido en su momento pero que había quedado fuera de la agenda de debate en los últimos tiempos: el nefasto papel jugado por las grandes empresas en el marco de la pandemia que privó a buena parte de la humanidad a tener en tiempo y forma las vacunas y otros insumos sanitarios fundamentales.
Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, solo el 32% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de refuerzo o adicional de la vacuna. Sin embargo, en países en desarrollo como Gabón, Papúa Nueva Guinea, Burundi y Madagascar, la proporción es inferior al 1%.
Según la ONU, la COVID-19 sigue siendo un grave problema de salud pública con efectos negativos devastadores que están recayendo de forma desproporcionada en personas y grupos vulnerables a la discriminación racial, en particular las personas de ascendencia africana o asiática, las minorías étnicas, las comunidades romaníes y los pueblos indígenas.
Los actuales problemas de desigualdad pueden mitigarse significativamente compartiendo el acceso a los derechos de propiedad intelectual de las patentes de vacunas, tratamientos y tecnologías relacionadas que preservan la vida, y que actualmente están reservados a unos pocos países del Norte global, sostuvo el Comité.
Habrá que dar seguimiento a la repercusión de esta decisión que ha sido tan poco difundida en los medios de comunicación y que, además, podría tener impacto futuro ya no solo en relación a la COVID 19 sino con otras enfermedades y los medicamentos para su prevención y tratamiento.