El 4 de febrero del año 2024 El Salvador, el país más pequeño del istmo centroamericano, irá a elecciones.
Ese día, las personas habilitadas a votar podrán elegir presidente, vicepresidente, diputados y también autoridades municipales.
Se trata de la novena elección presidencial con la actual Constitución que data del año 1983 y la séptima luego de la firma de los Acuerdos de Paz ocurrida en el año 1992 que generó un cambio significativo en la dinámica social y política del país. Por primera vez, un presidente va por su reelección, a pesar de la cláusula constitucional que lo prohíbe lo cual ha sido posible a partir de una resolución de la Corte Suprema de Justicia del año 2021.
Se elegirán también 60 diputados así como a los miembros de 44 Consejos Municipales de todo el país.
Según los datos oficiales, dentro del territorio salvadoreño 6.214 399 de personas se encuentran habilitadas para votar y en el exterior, 906 462.
Una de las grandes novedades de este proceso electoral es que las votaciones han iniciado un mes antes ya que el día 6 de enero las personas salvadoreñas en el exterior ya están habilitadas para votar en las presidenciales y legislativas, de forma remota, durante 30 días.
De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el número de personas habilitadas para votar por Internet es de 741,094 ciudadanos, cifra que es más del doble de ciudadanos inscritos para la última elección presidencial en el exterior, cuando estaban empadronados un total de 350,538 salvadoreños.
Entre quienes que podrán votar por Internet, 720,113 están radicados en Estados Unidos, un 97 % del total, 6,731 en Italia, y 6,384 en Canadá.
Otras personas pueden votar de forma presencial en los diferentes consulados y centros de votación habilitados por el Tribunal Supremo Electoral en el exterior, el mismo 4 de febrero.
Este procedimiento es posible porque la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó el Decreto No. 541, la Ley Especial del Ejercicio del sufragio en el Extranjero, publicada en el Diario Oficial No. 210 8 de noviembre de 2022, que incluyó importantes cambios a la ley anterior del año 2013.
La principal contribución de esta Ley estriba en el cambio de la modalidad de votación.
El nuevo modelo abandona la opción postal y habilita el voto por internet para quienes tengan registrado en su Documento Único de Identidad un domicilio en el extranjero.
Resulta destacable que el país permita a sus ciudadanos que residen en el exterior el ejercicio de sus derechos políticos, máxime cuando es ampliamente conocido el notable aporte económico que ellos realizan para la economía nacional, lo cual, entre otros aspectos, es una clara demostración del mantenimiento de vínculos estrechos con su lugar de origen.
Sin embargo, el actual proceso electoral no está exente de riesgos y debilidades que deberán atenderse y superarse.
Desde varios sectores se han planteado limitaciones de registro y controles a los eventuales votantes, así como la ausencia de mecanismos de observación electoral para quienes lo hacen desde el extranjero.
“Los salvadoreños comenzarán a emitir sus votos bajo un sistema que carece de regulaciones claras. El voto electrónico presencial y a distancia, según lo determinado por el TSE, se realizará sin control electoral ni observación directa” ha sostenido WOLA, la Oficina en Washington para Latinoamérica una de las principales organizaciones no gubernamentales de la región.
Varias personas expertas en sistemas electorales han señalado la ausencia de un padrón para aquellos votantes del exterior que tienen su documento de identidad con domicilio en El Salvador, lo cual es reconocido por el Tribunal Supremo Electoral, pero los magistrados aseguran que existen garantías suficientes de que no habrá fraude, ni duplicidad de votos.
Al final del proceso habrá que analizar como funcionó esta nueva modalidad, pero desde ya y con los ajustes que sean necesarios, parece una buena noticia que más personas puedan ejercer sus derechos políticos en una país que durante tantas décadas estuvo inmerso en guerras y fue sometido a gobiernos que impidieron el ejercicio de los más elementales derechos humanos, además de enfrentar graves problemas socio-económicos que, en conjunto, han promovido niveles muy altos de migración hacia otros países, en especial, hacia los Estados Unidos de América.