El 19 de septiembre de 2023, fue un día significativo en la vida de un país plurinacional como el Reino de España.
Luego de muchos años de debates, finalmente se aprobó con los votos del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y CC que se reforme el reglamento de la Cámara Baja para que se pueda implantar el uso del catalán, euskera y gallego en los plenos, las comisiones, y en todas las iniciativas, que deberán requerir de traducciones.
El Congreso de los Diputados ha abierto en gallego su primera sesión plenaria de esta legislatura, con la mayoría de los diputados llevando audífonos aunque los diputados se retiraron de la sesión en protesta por la medida adoptada.
Las primeras intervenciones afirmaron que la sede parlamentaria se exprese en todas las lenguas es un símbolo de unión y que, incluir en la vida parlamentaria las lenguas cooficiales, “no interesa solo a los partidos nacionalistas o independentistas”, sino a toda la sociedad.
Entre otras críticas, se ha cuestionado el costo del sistema de traducciones. Sin embargo, los números indican que la totalidad de traductores, sistemas técnicos y auriculares para los 350 diputados no supera el 2.5% del total del presupuesto del Congreso. Se ha recordado, también, que es varias veces menos que el costo del mantenimiento de la casa real.
El mismo día, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, defendió en Bruselas, la necesidad de dar carácter oficial en la Unión Europea (UE) al catalán, el euskera y el gallego porque no son lenguas minoritarias y porque se trata de una demanda que España defiende desde 2005, cuando se acordaron arreglos administrativos para que los consejeros de Cataluña, el País Vasco y Galicia se pueden expresar en sus idiomas cuando asisten al Consejo de la UE a una reunión.
La noticia, claramente positiva en términos de la construcción de sociedades interculturales, obliga a reflexionar sobre lo que ocurre en América Latina.
Con más de 800 Pueblos Indígenas y alrededor de 550 lenguas indígenas que aún se hablan, algunas de ellas por millones de personas, ningún país ha regulado normativamente el uso de sus idiomas indígenas en las sesiones de los congresos nacionales.
Si bien ha habido un avance notorio desde mediados de los años 1980 en el reconocimiento de derechos, incluyendo las lenguas indígenas, a pesar que la mayor parte de los países de la región han incorporado leyes e incluso normas constitucionales que reconocen las lenguas indígenas, la realidad es que no se utilizan formalmente en las instituciones estatales, como por ejemplo, en el Poder Legislativo.
El caso del Congreso español debe ser seguido con interés y como ejemplo concreto de que un cambio profundo no solo es posible sino necesario en la línea de construir sociedades donde la diversidad se consolide como un valor y no como un problema a eliminar o al menos, esconder.
Ha habido si, importantes cambios a nivel del Poder Judicial, con el uso de intérpretes lingüísticos y culturales, entre otros aspectos, pero tampoco allí es habitual la utilización de las lenguas originarias, ni aún en aquellos países o regiones nacionales, con mayoría de personas indígenas.