La noticia corrió rápidamente dentro y fuera de Guatemala: apenas unas horas luego de dejar el cargo, el expresidente Alejandro Eduardo Giammattei Falla fue declarado como inelegible para ingresar a los Estados Unidas debido a su participación en actos de corrupción.
En el comunicado librado el 17 de enero, el Departamento de Estado afirma que “tiene información creíble que indica que Giammattei aceptó sobornos a cambio de realizar funciones públicas durante su mandato como presidente de Guatemala, acciones que socavaron el estado de derecho y la transparencia gubernamental”. [1]
El mismo día, un poco más temprano, la misma autoridad estadounidense comunicó una nueva sanción económica a través de la Ley Global Magnitsky contra Alberto Pimentel Mata, ex ministro del gobierno saliente, quien estuvo al frente del Ministerio de Energía y Minas (MEM) durante el período 2020-2024.
La sanción impuesta a Pimentel por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) fue el congelamiento de todos sus activos en los Estados Unidos, el retiro de su visa y la prohibición para ingresar al país norteamericano.
Estas medidas (que no son aisladas sino que se suman a otras 400 aplicadas no solo a gobernantes, sino también a empresarios y familiares), se motivan por actividades de corrupción sobre las que los EEUU tiene plena convicción de su existencia.
Así lo dice el comunicado comentado:
“Estados Unidos ha dejado claro que está del lado de los guatemaltecos que buscan responsabilidad para los actores corruptos (…) La corrupción debilita el estado de derecho y las instituciones democráticas, permite la impunidad, alimenta la migración irregular, obstaculiza la prosperidad económica y limita la capacidad de los gobiernos para responder eficazmente a las necesidades de su pueblo.”
Según la administración estadounidense, las medidas se adoptan en estricta aplicación de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones en el Extranjero y Programas Relacionados (Sección 7031, c) del año 2023.
Los actos de corrupción que fundamentan estas decisiones parecen ser varios, pero uno de ellos se relaciona con los beneficios otorgados por el gobierno guatemalteco a la empresa transnacional ruso-suiza Solway Investment Group, propietaria de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), Compañía Procesadora de Níquel (PRONICO) y la empresa rusa Telf Ag dueña de MayaNíquel, obtenidos a partir de sobornos entregados directamente al exministro y al propio expresidente.
Los sobornos se dieron a cambio de que el gobierno, a través del entonces ministro, se encargara de simular el cumplimiento del Convenio Internacional del Trabajo Nro. 169 ratificado por Guatemala en el año 1996 que exige que los Pueblos Indígenas deben ser consultados de forma previa, libre y con plena información cuando alguna medida estatal (como una concesión minera en sus propios territorios) puede afectarles en sus derechos colectivos.
En cumplimiento de esa obligación estatal, la Corte de Constitucionalidad, ante la demanda de los Pueblos Indígenas, ordenó al Estado a llevar adelante esa consulta pero el gobierno saliente, en el año 2021, lejos de cumplir de forma sustantiva lo solicitado, declaró un Estado de Sitio en la localidad de El Estor donde se ubica la minera, reprimió los reclamos de las comunidades q’eqchies y simuló una consulta en la que se beneficiaba, claro está, a la empresa.
Tan burdo fue ello que la Corte de Constitucionalidad, en el año 2022, anuló la pseudo consulta y ordenó la suspensión de las operaciones del proyecto minero hasta que se llevara a cabo una verdadera consulta con todas las comunidades afectadas.
El expresidente enfrenta otras denuncias relacionadas con empresarios rusos, algunos de los cuales pretendían recibir la concesión del Puerto Santo Tomas de Castilla. Ello dio inicio al caso denominado “Alfombra Mágica” (porque aparentemente dentro de una alfombra se había insertado dinero de soborno para el presidente), aunque el caso no avanzó porque la fiscal general Porras lo habría detenido. Además, el caso provocó no solo el exilio del impecable fiscal Juan Francisco Sandoval (exiliado en USA desde el año 2021) dino también el enjuiciamiento con prisión de José Rubén Zamora, director del ahora desaparecido medio escrito El Periódico.
Recordemos que anteriores gobernantes también fueron acusados de graves hechos de corrupción, como el caso del expresidente Pérez Molina quien hasta hace pocas semanas aún estaba privado de libertad luego de haber tenido que dejar su cargo (al igual que la ex vicepresidenta Baldetti) en medio de enormes escándalos.
Por estos y mucho otros hechos, la lucha contra la corrupción es un tema estructural en el país y uno de los principales compromisos del actual presidente Bernardo Arévalo.
[1] “The State Department has credible information indicating that Giammattei accepted bribes in exchange for the performance of his public functions during his tenure as president of Guatemala, actions that undermined the rule of law and government transparency”, dice el comunicado que puede leerse en https://www.state.gov/designation-of-alejandro-eduardo-giammattei-falla-for-involvement-in-significant-corruption/