El Parlamento francés voto el 19 de diciembre por la noche el proyecto de ley sobre inmigración denominado “pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration” que, de acuerdo con múltiples analistas, significa un notorio retroceso en el reconocimiento y protección de derechos de las personas.[1]
El texto final aprobado, preparado por una Comisión Mixta creada para ello, fue precedido por muchos debates que han significado incluso desavenencias dentro del oficialismo cuyas consecuencias futuras están por verse.
Primero, el Senado, donde la derecha es mayoritaria, aprobó el texto por 214 votos contra 114. Posteriormente, en la Asamblea Nacional (Cámara Baja), los legisladores le dieron luz verde, con 349 votos a favor y 186 en contra.
El objetivo reconocido de esta reforma legal es hacer menos atractivo el modelo social francés que algunos califican como el europeo más favorable con los extranjeros, lo que, según se dice, favorece un aumento de la llegada de migrantes al país.
Sin embargo, los datos oficiales de las propias instituciones francesas dan cuenta que la inmigración en Francia es ligeramente menor al de los países del entorno.
En el año 2021 las personas nacidas en el extranjero eran 6,96 millones de personas, el 10,3% de la población —el 21,7% si se tienen en cuenta los descendientes de migrante, cuando en Alemania, el porcentaje era de 18,2%, el 17,9% en Bélgica, el 15,2% en España o el 14% en los Países Bajos.[2]
El flujo de migraciones en Francia comenzó a crecer con la Revolución Industrial en el siglo XIX y se disparó en el periodo de entreguerras, cuando multitud de españoles e italianos hicieron las maletas para satisfacer las necesidades de mano de obra de una industria francesa en expansión y también en la agricultura.
Después de la Segunda Guerra Mundial y con los procesos de descolonización, Argelia y posteriormente el resto de los países del norte africano, empezaron a concentrar la mayor parte de llegadas, aunque también hubo oleadas puntuales como la española —que alimentó principalmente la industria del automóvil y la siderurgia— o la portuguesa durante la década de 1960.
A partir de 1974, aumentó mucho la inmigración por agrupación familiar. Desde entonces, el flujo de mujeres extranjeras no ha parado de aumentar hasta superar la inmigración masculina —en 2021 protagonizaron el 52% de las llegadas—.
La Isla de Francia, donde se ubica París, es la región que en la actualidad la inmigración supone el 20% de la población local y el 38,2% de la población inmigrante nacional.
El punto que más polémica levanta de la ley aprobada es la distinción entre extranjeros no comunitarios y otros inmigrantes para el acceso a prestaciones sociales, estableciendo también el requisito de estar trabajando para acceder a las prestaciones.
Para los subsidios familiares, el derecho exigible a la vivienda y el subsidio personalizado de autonomía se ha fijado un periodo de cinco años para los que no trabajan. Para los que trabajan, el periodo es de 30 meses.
Para acceder a la prestación de ayuda de la vivienda se ha fijado una condición de residencia de cinco años para los que no trabajan y de tres meses para los demás. Los refugiados y los titulares de permisos de residencia también quedan excluidos de todas estas medidas. Las nuevas restricciones no se aplican a los estudiantes extranjeros.
Se ha informado que la regularización de las personas sin papeles se hará caso por caso y bajo la responsabilidad de los prefectos de las regiones. Algo que preocupaba era la asistencia médica a migrantes irregulares, algo que la primera ministra ya ha confirmado que no se eliminará.
También la ley establece cuotas plurianuales de inmigración.
Se reintroduce el delito de residencia ilegal castigado con una multa que asciende a más de 3.000 euros, e incluso puede llegar a penas de cárcel. En 2012, el entonces presidente Hollande eliminó este delito, que ahora se reimplanta.
A pesar de que, la ley ya ha sido aprobada aún queda varios pasos. Ahora, debe pasar por el Constitucional quien tendrá que revisar detenidamente para asegurarse que ningún punto va en contra de la Carta Magna
Varias voces se han expresado duramente contra estos cambios legislativos, incluyendo al Movimiento de Empresas de Francia, cuyo líder, Patrick Martin, subrayó que la economía francesa necesitará “masivamente” “mano de obra inmigrante” en las próximas décadas.
[1] https://www.senat.fr/leg/pjl23-224.html
[2] https://www.insee.fr/fr/statistiques/3633212#onglet-1