El pasado 24 de enero de 2023, la ministra de los Pueblos Indígenas de Brasil, Sonia Guajajara, dijo que la PF (Policía Federal) y el IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables) con el apoyo del Ministerio de Defensa, sacarán a los mineros del Territorio Indígena Yanomami, una zona que sufre falta de atención médica y enfrenta casos de desnutrición severa y malaria.
En declaraciones a la prensa, la ministra explicó que la minería ilegal está en la base de esta grave situación porque lleva a la contaminación por mercurio en el agua que beben y en la tierra en que habitan los indígenas, lo cual les impide producir sus propios alimentos como siempre lo han hecho –desde la yuca hasta la calabaza y la papa– y genera inseguridad para circular dentro del territorio, para recolectar los alimentos que necesitan.
Aunque el uso del mercurio para separar el oro de otros sedimentos es antiguo, la situación se agravó de manera exponencial durante la gestión del gobierno anterior ya que se desmontaron políticas públicas, se defendió la legalización de la minería, se promovió la agroindustria, a las empresas mineras e incluso se llegó a vetar normas que apuntaban a garantizar a los indígenas el acceso a servicios básicos como agua potable, material de higiene o cestas de alimentos básicos.
El 23 de enero, el Ministerio Público Federal (MPF) dio a conocer la Nota Publica Tierra Indígena Yanomami, en la cual hace pública su actuación judicial y extrajudicial en la búsqueda de soluciones efectivas para la protección de este pueblo y de otros que habitan el mismo territorio. [1]Destaca el firme compromiso de la institución de continuar actuando para frenar la minería ilegal y otras actividades ilícitas en territorios indígenas, para expulsar a los invasores de las Tierras Yanomami y otros pueblos, como como los Mundurukú y Kayapó, así como fortalecer la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) y la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI).
El documento menciona varias acciones tomadas por el MPF exigiendo, desde hace años, acciones concretas de las instituciones estatales para atender la grave situación de estos Pueblos Indígenas, sin que las mismas hayan sido atendidas adecuadamente.
Sin embargo, las medidas adoptadas por el Gobierno Federal fueron limitadas, por lo cual, ya en el año 2020, el MPF interpuso una nueva acción civil pública (ACP 1001973-17.2020.4.01.4200) que pretendía condenar a la Unión, al FUNAI, IBAMA y el ICMBio a la presentación de un plan de emergencia para un efectivo seguimiento territorial de la Tierra Indígena Yanomami, lucha contra los delitos ambientales y la expulsión de violadores ambientales (principalmente garimpeiros), en el contexto de la pandemia de covid-19.
En los hechos, hasta el momento, ni estas acciones, ni otras recomendadas, han sido tomadas por los cual, a juicio del Ministerio Público Federal, los graves problemas de salud y seguridad alimentaria que sufre el pueblo yanomami, entre otros, resulta de la incapacidad del Estado para brasileños en garantizar la protección de sus tierras. De hecho, en los últimos años ha habido un crecimiento alarmante en el número de garimpeiros dentro de la TI Yanomami, estimado en más de 20 mil por la Hutukara Associação Yanomami.
Recordemos que, en julio del año 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acogió una solicitud de varias organizaciones indígenas de Brasil ordenando al Gobierno a proteger los derechos básicos de los pueblos autóctonos, como el acceso a la alimentación y el agua potable, así como prevenir la explotación sexual y la violencia contra las mujeres y niños, entre otras acciones. [2]
El presidente Lula, ya desde su campaña electoral, prometió proteger a la Amazonía y especialmente los territorios indígenas. Al llegar al gobierno creó el Ministerio de los Pueblos Indígenas designando Sonia Guajajara, convertida en la primera ministra indígena de la historia de Brasil, así como a Joenia Wapichana, primera diputada indígena en este país, al frente de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), que fue rebautizada como Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas. Además, varias decenas de funcionarios de origen militar de la FUNAI fueron destituidos, ratificando el cambio de rumbo de la institución.
Hasta el momento el conjunto de acciones tomadas resulta muy auspicioso siendo deseable que sea el inicio de un cambio sostenible a favor de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas y del ambiente, objetivo imprescindible en Brasil y el mundo entero.
NOTAS
[1] Ministério Público Federal, Procuradoria Geral da República 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais, Nota Pública – Terra indígena Yanomami, PGR-00022463/2023, Brasília, 23 de janeiro de 2023. https://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/pgr-00022463-2023-ti-yanomami-1.pdf
[2] Corte Interamericana de Derechos Humanos, adopción de Medidas Provisionales, miembros de los pueblos indígenas Yanomami, Ye’kwana y Munduruku respecto de Brasil, 1 de julio de 2022