El gobierno brasileño informo que el día 2 de octubre inicio operaciones para desalojar personas no indígenas que ocupan irregularmente parte de las tierras de Apyterewa y Trincheira Bacajá, ubicadas entre los municipios de São Félix do Xingu, Altamira, Anapú y Senador José Porfírio, Estado de Pará.
En esas tierras viven alrededor de 2.500 indígenas de las etnias Parakanã, Mebengôkre Kayapó y Xikrim, distribuidos en 51 aldeas. También existen registros de indígenas aislados y de contacto reciente en el territorio.
Por su parte, alrededor de 1.600 familias viven ilegalmente en la región, muchos de ellas involucradas en actividades ilegales como la ganadería y la minería, además de destruir la vegetación nativa.
La presencia de extraños en territorio indígena amenaza la integridad de los pueblos indígenas y provoca otros daños como la destrucción de bosques. No es casualidad que el territorio indígena de Apyterewa encabece la lista de deforestación en el país.
Como ocurriera recientemente en el Alto Guamá, donde equipos de la FUNAI y de la Fuerza Nacional aún se encuentran en la región, una vez terminado el desalojo, habrá una fase de consolidación, con medidas para impedir el regreso de los invasores.
Esta acción se enmarca en el claro enfrentamiento política, judicial y social existente en el país entre quienes defiende los derechos ancestrales de los Pueblos Indígenas y quienes priorizan otros intereses.
Un hito clave en este debate ha sido el fallo de fines de septiembre del Supremo Tribunal Federal (STF) que en el caso del territorio Ibirama-Laklano, en el estado de Santa Catarina, que en 2009 perdió su estatus de reserva después de que una instancia inferior acogiera el argumento de que los grupos no estaban viviendo allí en 1988.
Es fundamental entender que el veredicto tiene el impacto de “repercusión general”, es decir, afecta a unas 250 tierras en disputa, de las 750 reservas existentes, sean reconocidas o no, más allá de las que fueron analizadas en el caso comentado.
Paralelamente, el Congreso ha aprobado una ley que contradice los criterios del STF, retomando la idea del “marco temporal” para reconocer los derechos de los Pueblos Indígenas, norma que, ya sea total o parcialmente, es altamente probable que sea vetada por el presidente del país.