En un reciente evento de empresarios agrícolas guatemaltecos se discutieron las iniciativas del gobierno entrante sobre temas esenciales para la agenda empresarial, para lo cual se contó con la presencia de cinco ministros de gobierno (MAGA, Economía, Medio Ambiente, Trabajo y Comunicación). Cada uno de estos funcionarios tuvo a bien presentar las perspectivas ministeriales.
La ministra de Trabajo y previsión Social, Miriam Roquel, recalcó la importancia del diálogo social para lograr acuerdos y avanzar en la temática del trabajo infantil.
En Guatemala, si bien es cierto, la situación del trabajo infantil todavía es una tarea por resolver, hay también muchos otros temas que son necesarios, no solo discutir, pero también solucionar de forma estructural.
En el país, se instaló desde 2018 la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical a partir del compromiso asumido en el Acuerdo Tripartito suscrito ante el Consejo de Administración de OIT en noviembre de 2017[1].
En dicha Comisión se reúnen representantes del sector trabajador, sector empleador y sector gobierno para discutir los temas contemplados en una “Hoja de Ruta” que incluyen, entre otros, la situación de impunidad en materia de violencia antisindical, reformas legislativas para favorecer el respeto a los derechos laborales y sindicales, mejoramiento de la Inspección del Trabajo y el acceso a la justicia laboral. Sin embargo, después de cinco años de dialogo muy poco se ha logrado en el cumplimiento de esas tareas.
Es por ello por lo que la repetición por parte de la Ministra Roquel sobre el tema del dialogo despierta una preocupación que ha germinado a partir de la grave situación laboral y social que enfrenta el país, en la cual ya se sabe que no se cumplen los mínimos derechos laborales contemplados en el Código de Trabajo de Guatemala.
Ejemplo de esto es que el 55.2% de la población guatemalteca vive en pobreza (Banco Mundial 2023), el 65% de los trabajadores están sin un contrato laboral escrito (ENEI 2022), en las jornadas y salarios de muchos trabajadores no respetan los derechos mínimos contemplados por ley (el promedio de ingresos laborales mensuales está por debajo del salario mínimo), la sindicalización no sobrepasa el 2% (mucho menor en la empresa privada), las prestaciones laborales y acceso a la seguridad social no se cumplen, el 71.1% de la población ocupada está en el sector informal (ENEI 2022), etc.
El dialogo social supone no solo comunicación y consulta, sino también negociación para cambiar las situaciones generadas de injusticia social y que son impactadas por la política laboral, económica y social imperante. En este sentido un diálogo social eficaz es esencial para garantizar que los intereses y necesidades de todas las partes se tengan en cuenta y se realicen las acciones adecuadas.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) enfatiza la importancia del diálogo social para lograr trabajo decente y estabilidad social. El Estado de Guatemala es signatario de los convenios fundamentales de OIT en donde se aceptan condiciones equitativas de trabajo decente.
El dialogo social tal como se ha llevado a cabo en Guatemala más parece un proceso retardatorio que no ha llevado a ningún cambio sustancial algo así como “dorar la píldora” y lograr el acomodamiento de los sectores que tendrían que estar empujando la justicia social. Es por ello primordial que el nuevo gobierno tome cartas en asunto y trascienda el colchón del dialogo para delinear de frente a las necesidades una política laboral congruente con las necesidades imperantes de este país.
Esta política laboral debiera hacerle frente a darle cumplimiento a los derechos de los trabajadores garantizando un trato justo y equitativo, condiciones de trabajo seguras y salarios dignos.
Tanto la “Hoja de Ruta” como acuerdos internacionales y capítulos laborales de acuerdos comerciales enfatizan que es necesaria la promoción de la sindicalización y la negociación colectiva en todos los sectores productivos del país, y esta política laboral pendiente tendría que tomar en cuenta esta necesidad.
Otros aspectos para considerar sería el logro de no solo del respeto al salario mínimo pero un establecimiento real que permita a los trabajadores cubrir sus necesidades básicas y tener un nivel de vida digno para el trabajador y su familia.
El acceso a la seguridad social como la base que cubra a los trabajadores y su familia para cumplir con los derechos humanos garantizados en la constitución de la república de Guatemala.
La atención pronta y efectiva a las denuncias de violaciones a los derechos laborales es un aspecto relevante para garantizar el cumplimiento de estos. Y por último, contemplar la situación de los trabajadores en la economía informal promoviendo un trato justo y la posibilidad de acceder a trabajos que den cuenta de la situación social, educativa y cultural de este grupo de trabajadores.
[1] https://www.ilo.org/sanjose/sala-de-prensa/WCMS_617202/lang–es/index.htm