A inicios del mes de marzo de 2023, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala rechazó un nuevo recurso legal con el que Thelma Cabrera y Jordán Rodas Andrade buscaban ser inscritos como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente, por el Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP) para las elecciones generales del próximo 25 de junio, por lo que la participación de dicha agrupación política es incierta.
Cabrera es una reconocida ambientalista y defensora de los derechos humanos perteneciente al pueblo Maya Mam, que ya se postuló para presidenta en 2019 habiéndose ubicado en el cuarto lugar con una votación histórica. Rodas se desempeñó como procurador de derechos humanos desde 2017 hasta 2022, cuando se vio obligado a huir de Guatemala por su trabajo contra la corrupción.
En enero recién pasado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó la inscripción del binomio del MLP bajo el argumento de que Rodas no puede participar por tener una supuesta denuncia penal vigente en su contra. De igual forma, la CSJ también rechazó un pedido por parte del MLP para inscribir a su binomio.
Mientras a Cabrera y Rodas se les ha impedido participar en las elecciones de este año a partir de supuestas denuncias penales en contra del candidato a la vicepresidenta, la misma CC ha confirmado la candidatura de Zury Ríos, hija del fallecido ex dictador militar Efraín Ríos Montt, quien llegó al poder tras un golpe de estado en 1982, a pesar de que la Constitución Política de Guatemala prohíbe a personas involucradas en golpes de Estado o sus parientes optar al cargo de presidente y vicepresidente.
Aunque Cabrera y Rodas aún tienen acciones legales dentro del país para que se revierta el impedimento a sus postulaciones y que también el tema está siendo considerado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington DC, lo cierto que esta situación ocurre en el marco de una grave situación de derechos humanos en el país que afecta, entre otros, a los Pueblos Indígenas del país.
En el mes de enero pasado, el Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos, presentó su informe sobre la realidad guatemalteca en el cual pinta un panorama altamente preocupante[1].
Afirma que Guatemala ha seguido enfrentando desafíos sistémicos y estructurales, por ejemplo, en relación con la desigualdad y la discriminación, el sistema judicial y la impunidad, el espacio democrático y la promoción y protección de los derechos humanos. Los pueblos indígenas (el 43,8 % de la población) y afrodescendientes (el 0,2 % de la población) siguieron enfrentando formas multidimensionales de discriminación y desigualdades económicas y sociales que afectaron el ejercicio de sus derechos
El mismo informe señala que la oficina local del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, solo en el año 2022 registró 79 alegaciones de ataques contra personas defensoras de los derechos humanos (52 hombres y 14 mujeres) y 13 comunidades indígenas y organizaciones defensoras de derechos humanos, lo que implica un aumento del 54,34 % respecto a los registrados en el año 2021.
En este contexto, las limitaciones a los derechos políticos de figuras ampliamente reconocidas por su defensa de los derechos humanos, de los Pueblos Indígenas y del medio ambiente como Cabrera y Rodas, contribuyen a complejizar aún más el panorama político y social del país.
NOTAS
[1] ONU, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos 52º período de sesiones, Situación de los derechos humanos en Guatemala, Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, A/HRC/52/23, 26 de enero de 2023