Nicolás Caputo, Ministro de Economía del flamante gobierno argentino emitió el 12 de diciembre, es decir, dos días después de la asunción del Presidente Milei, un mensaje grabado en el que anunció las primeras medidas económicas de la nueva administración.
Se trata de un plan de ajuste que incluye una suba del dólar oficial a $ 800 (más del doble del precio en ese momento), la reducción de subsidios a la energía y al transporte, un recorte de la nómina de empleados estatales, la cancelación de la obra pública, la suspensión de la pauta oficial, el aumento del llamado Impuesto País a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias, entre otros aspectos.
Para amortiguar el impacto de las medidas, Caputo confirmó la vigencia del plan Potenciar Trabajo (según el presupuesto 2023), la duplicación del monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y aumentó en un 50% el de la Tarjeta Alimentar.
Además, paralelamente se ha sabido que se promoverán por vía legal otras dos iniciativas: por un lado, la reposición del impuesto a las ganancias sobre un amplio sector asalariado que había sido beneficiado de su quita en meses anteriores a través de una ley que fue votada incluso por el actual presidente. También propondrá la eliminación de la Ley de Movilidad Jubilatoria para pasar a un sistema de ajustes discrecional por parte del Ejecutivo.
Al día siguiente de este anuncio, le preguntaron al ministro que pasaría con el ingreso de los trabajadores, ya que el tema no se incluyó en el paquete de medidas anunciadas. La respuesta fue desconcertante: “No sé”, dijo; y luego de un largo silencio expresó casi como salir del mal momento que seguramente eso se negociaría en las paritarias.
Debe tomarse en cuenta que, el primer Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei firmado el mismo día de su asunción, el 10 de diciembre de 2023, contempla, entre sus principales puntos, la reducción de 18 a 9 ministerios.
Entre otros, elimina el Ministerio de Trabajo, cuya materia queda subsumido al nuevo Ministerio de Capital Humano, que habrá de encargarse de “todo lo concerniente a la educación, a la cultura, a las relaciones y condiciones individuales y colectivas de trabajo (…) la seguridad social; la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el desarrollo de igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables (…) y lo relativo al acceso a la vivienda y el hábitat dignos”.
Sin embargo, dicho Ministerio de Capital Social aún no ha comenzado a funcionar, por lo cual, sobre la política salarial, parece que, mientras el Ministro de Economía no tiene idea del punto, tampoco hay otra entidad estatal federal que se ocupe de ello.
A pesar de que el candidato, ahora presidente, reiteró en múltiples ocasiones que el ajuste lo pagarían la casta política y el Estado y que, en ningún caso recaería sobre otros sectores, lo anunciado es exactamente lo contrario: un nuevo paquete de ortodoxia económica neoliberal, rápidamente aplaudido por el FMI, que habrá de provocar consecuencias imprevisibles en la sociedad argentina.
Por su lado, la ministra de Seguridad, aprobó y divulgó el día 14 de diciembre la Resolución 943/2023 que aprueba el denominado Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación.
El protocolo establece que “las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales intervendrán frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal”, así como “en territorios provinciales o de la Ciudad Autónoma Buenos Aires en los casos y bajo las condiciones establecidas por los artículos 23 y 24 de la ley de Seguridad Interior N.º 24.059”.
Llama poderosamente la atención que, a cuatro días de haber asumido el gobierno, los considerandos de la Resolución la justifiquen por:
“la urgencia de la situación, así como la confusión introducida por una actitud pasiva sostenida durante mucho tiempo por las autoridades frente al desorden en la vía pública “ y que “la recurrencia, intensidad, extensión y frecuencia de la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías transitables ha derivado en una situación insoportable para la población que sufre esos actos ilícitos, en desmedro de su trabajo y de su calidad de vida” , cuando en el país no se están registrando situaciones como las mencionadas.
Evidentemente, la Ministra está previendo demandas sociales contra su gobierno y frente a ello es que ha adoptado esta resolución que, de una somera lectura busca la limitación excesiva cuando no la prohibición en la práctica del ejercicio de derechos fundamentales, comenzando por el de protesta pacífica, incluidos en la Constitución y estándares internacionales de derechos humanos
Según la Resolución, la intervención de las fuerzas de seguridad no requerirá orden judicial, porque califica al corte de tránsito como delito flagrante.
El Artículo 3º, explica que se entiende por “impedimento de tránsito”:
“Por impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación debe entenderse cualquier concentración de personas o colocación de vallas u otros obstáculos que disminuyeren, para la circulación de vehículos, el ancho de las calles, rutas o avenidas, o que estorbaren el tránsito ferroviario, aun cuando no crearen una situación de peligro, o que impidieren el ingreso de personas a lugares públicos o empresas. No se tomará en cuenta, a tales efectos, el hecho de que los perjudicados tuvieren otras vías alternativas de circulación.”
El texto denota los verdaderos objetivos de la norma: no importa si puede haber una situación de peligro o no, equipara “tránsito” a ingreso a un lugar público o a una empresa privada y no importa que existan vías alternativas de circulación. Surge con nitidez que el centro no está en proteger la movilidad de las personas sino en impedir la acción de protesta.
Ello se corrobora con otros artículos de la resolución que obligan a las autoridades a “identificar a los autores, cómplices e instigadores” así como los vehículos utilizados en los cortes y protestas. Los datos deben ser remitidos al Ministerio de Seguridad que “podrá demandar judicialmente” a las organizaciones y personas individuales que convoquen o participen de los cortes, “por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos”, para lo cual se “creará un registro de las organizaciones que participan de las acciones y de “infractores identificados de cada una de esas entidades”
Para completar el cuadro represivo, el artículo 10 de la Resolución establece que “Los datos a los que se refiere el artículo precedente serán también comunicados a la autoridad a cargo de la protección de los menores cuando se comprobare que se ha llevado a niños o adolescentes a la concentración, con riesgo de su integridad física y en detrimento de su concurrencia a los establecimientos educacionales”
Cabe destacar que la resolución deroga la N° 210 de fecha 4 de mayo de 2011, que tenía como objetivo una regulación de la intervención de la fuerza pública en el marco del Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que aprobó Naciones Unidas en 1979 y los derechos reconocidos en la Constitución de la Republica.
En la misma semana de estos anuncios, la Ministra de Relaciones Exteriores, sin argumentos conocidos, comunicó la remoción de varios embajadores (todos ellos de carrera), incluyendo a quienes ejercían el cargo ante la Organización de las Naciones Unidas y ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, quien fungiera como presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante 2022.
El resumen de estos tres anuncios es que el nuevo gobierno ha decidido impulsar un severo plan de ajuste económico que, más allá de poder alcanzar o no sus objetivos, implica un duro golpe a las condiciones de vida de la gran mayoría de la población sin que se estén adoptando medidas paliativas relevantes para sostener salarios y jubilaciones. Es decir, ajuste que es cubierto por la mayoría del pueblo, no por la “casta” ni por quienes tienen mejores ingresos.
La imprevisión es una característica notoria en estos primeros días del gobierno, con marchas y contramarchas en designaciones y decisiones, lo cual torna aún más preocupante el panorama.
En lo que si hay previsión, es en el costo social de las medidas tomadas, las que desencadenarán múltiples demandas sociales, por lo cual se preparan medidas que favorecen su represión y, además, se eliminan, al menos temporalmente, la presencia de embajadores en la ONU, donde el país (como todos) debe dar cuenta de su apego a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
Todo esto, cuando no ha pasado ni una semana de la toma de posesión del nuevo presidente.