A pesar de múltiples cuestionamiento y advertencias nacionales e internacionales el 10 de enero del 2024, el presidente del Congreso del Perú firmó la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre número 29763.
Previamente, a mediados de diciembre de 2023 el Congreso había aprobado tres proyectos de ley sobre la temática, incluso contra la opinión de entidades del Poder Ejecutivo que habían realizado varias observaciones a las iniciativas, incluyendo, entre otros cuestionamientos, la ausencia de consulta previa, libre e informada a los Pueblos Indígenas e incluso a autoridades estatales.
Se hizo notoria la presión ejercida por el sector empresarial peruano para la aprobación de las reformas legales, en especial a través de la CONFIEP, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales que envió una nota al Congreso advirtiendo que su no adopción hubiera significado una violación al derecho al trabajo, la estabilidad laboral y un desaliento para las inversiones privadas.
El nuevo texto legal debilita la legislación al suspender hasta por dos años la obligatoriedad de exigir la zonificación forestal como requisito para la entrega de títulos habilitantes en áreas que se encuentren en trámite de reconocimiento, de titulación o de ampliación de comunidades campesinas e indígenas. También están incluidas las áreas que se encuentren en trámite para el establecimiento de reservas territoriales y pueblos en aislamiento voluntario.
Uno de los aspectos que más cuestionamiento ha recibido es que, por vía de una disposición complementaria final, en lugar de un capítulo específico como lo ameritaría la relevancia de la temática, se modifica parcialmente la normativa relacionada con la Amazonia, facilitando la expansión del espacio de deforestación sin relación fundamentada con la demanda que efectivamente pueda existir.
Entre las voces críticas internas se destaca lo manifestado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) que representa casi 2500 comunidades y un gran número de organizaciones regionales.
AIDESEP sostiene que la nueva ley permite legalizar áreas deforestadas para actividades agropecuarias, poniendo en peligro ecosistemas vitales para el equilibrio ambiental; compromete los acuerdos internacionales de conservación; dificulta la comercialización de productos agrícolas bajo regulaciones internacionales de deforestación cero, amenazando así los medios de vida de cientos de miles de agricultores familiares y productores a nivel nacional; viola el derecho a la consulta previa a favor de los pueblos indígenas que es legislación vigente y obligatoria en el país; compromete la sostenibilidad ambiental del país.
En cuanto a los cuestionamientos provenientes del escenario internacional, destaca el comunicado emitido por el Relator de la Organizaciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Cali, dado a conocer el 31 de enero de 2024 quien señaló que “estas reformas podrían legalizar e incentivar el despojo de tierras de los pueblos indígenas e, incluso, amenazar su supervivencia física y cultural”.
Señala, además, que el despojo territorial es el motor de la violencia contra los líderes indígenas e implica un retiro del Estado en las zonas rurales”, recordando que en los últimos años más de 30 lideres indígenas han sido asesinados por defender sus territorios y sus derechos colectivos., lo cual ha estado relacionado, en gran medida con el avance de la tala ilegal, la minería informal y el narcotráfico.
El experto indica que la reforma se produce en un momento en el que el Estado todavía tiene obligaciones pendientes por cumplir en cuanto al reconocimiento legal y la seguridad de los territorios de los pueblos indígenas ya que, aproximadamente un tercio de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana no han recibido la titulación de sus tierras, “dejándolos inseguros y vulnerables ante terceros”.