La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos llamaron a promover y salvaguardar la independencia e imparcialidad de sus sistemas judiciales y garantizar la integridad de los jueces en sus respectivas regiones en un encuentro de las tres cortes regionales realizada en San José, Costa Rica, el 25 y 26 de mayo pasado.
El llamado está incluido en la “Declaración de San José (II) que considera la Declaración de San José, de 18 de julio de 2018, en la que los tres tribunales afirmaron que el objetivo de su diálogo institucional es fortalecer la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia internacional de las personas bajo jurisdicción de los tres Tribunales, contribuir con los esfuerzos estatales de fortalecer sus instituciones democráticas y mecanismos de protección de derechos humanos.
La promoción y salvaguarda de la independencia de los sistemas judiciales, incluye el reforzamiento de los mecanismos de selección y nombramiento de jueces, así como la garantía de la seguridad y protección de los jueces frente a presiones o injerencias indebidas, además de la promoción de una administración de justicia imparcial y transparente.
Los tres tribunales también convocaron a los Estados bajo sus respectivas jurisdicciones a garantizar la protección efectiva de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible, a las que consideran esenciales para preservar la paz y el respeto de la dignidad del ser humano.
Según el documento, la democracia, el buen gobierno y el acceso efectivo a la justicia y la independencia del Poder Judicial son esenciales para la protección y realización de los derechos humanos y la democracia efectiva sustentada en el Estado de Derecho.
El sistema judicial en latinaomérica es objeto de cuestionamientos de expertos por la demora en los procesos, la dificultad de acceso, altos costos de litigación, falta de credibilidad de jueces, carencia de herramientas judiciales modernas y la falta de efectividad en el cumplimiento de las sentencias.