Human Rights Watch (HRW) y la American Civil Liberties Union (Unión Americana de Libertades Civiles – ACLU), presentaron a comienzos de febrero de 2025 el informe titulado “La tierra eterna de nuestro pueblo” (“The Land of Our People, Forever”) que documenta la violación de derechos colectivos a los pueblos Numu/Nuwu y Newe cuyas reseras se encuentran en Paiute del norte y Soshone del oeste, territorio ancestral que ocupa parte de los estados de California, Nevada y Oregón en los EEUU.
A esos pueblos se les han violado sus derechos a la cultura y a sus tierras ancestrales, entre otras razones, por la falta de consulta adecuada a los pueblos indígenas respecto a la mina Thacker Pass localizada en el estado de Nevada.
Ese derecho se encuentra consagrado en el derecho internacional de los Pueblos Indígenas en especial en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que en su artículo 32 establece:
“Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo”.
Aunque la empresa Lithium Americas asegura haber seguido procesos legales y de consulta, no reconoce el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos afectadas.
A pesar de la oposición de al menos cinco gobiernos tribales, la empresa y la Oficina de Administración de Tierras (BLM) siguieron adelante con el proyecto, argumentando que cumplieron con las consultas requeridas. Sin embargo, estas consultas fueron limitadas y realizadas en gran parte durante la pandemia de Covid-19, cuando muchas comunidades indígenas no pudieron responder adecuadamente.
Además, la empresa y el gobierno de EE. UU. han sido criticados por no abordar el impacto cultural y ambiental del proyecto en las comunidades Numu/Nuwu y Newe.
La mina generará contaminación y consumirá grandes cantidades de agua, lo que preocupa a la población local.
Mientras el gobierno de EE. UU. busca expandir la producción de minerales estratégicos, las organizaciones y comunidades indígenas exigen una revisión de los permisos y la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos.
Se insta a reformar la Ley de Minería de 1872 para garantizar el respeto a los derechos indígenas y la protección de su tierra, cultura y medioambiente.
El proyecto minero está actualmente en construcción y extraerá litio de uno de los mayores yacimientos conocidos del mundo, que podría producir el 25 % de la actual demanda mundial de litio.
El litio, el metal más ligero, blando y blanco conocido, tiene gran demanda para la fabricación de fabricación de baterías, celulares, cerámica, vidrio y lubricantes; se lo emplea en la industrias aeronáutica y nuclear, como elemento secante y se usa hasta en medicina para los tratamientos de bipolaridad.
Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, Thacker Pass podría suministrar suficiente carbonato de litio para 800 000 baterías de vehículos eléctricos al año, reduciendo el consumo anual de gasolina en 317 millones de galones.
El gigante automotor estadounidense General Motors es desde 2023 el principal accionista de Lithium Americas y ha invertido en la mina 320 millones de dólares, de un total previsto de 650 millones para iniciar operaciones.
Los Pueblos Indígenas han advertido que la minería de litio amenaza sus tierras y derechos, entre otras razones porque más del 54 % de los proyectos mineros actuales o futuros están en tierras indígenas. En EE. UU., el 79 % de las reservas de litio conocidas están a menos de 35 millas de reservas tribales.
La mina extraerá grandes volúmenes de agua y generará emisiones significativas de gases de efecto invernadero. También preocupa la contaminación del agua subterránea y la acumulación de residuos tóxicos.
Además, la llegada de trabajadores mineros no indígenas podría aumentar la violencia de género contra mujeres, niñas y personas dos espíritus, un fenómeno documentado en otras industrias extractivas cercanas a comunidades indígenas.
El caso de Thacker Pass muestra la falta de respeto por los derechos indígenas en la explotación de minerales.
El informe recomienda al gobierno de EE. UU. garantizar que los proyectos mineros cumplan con estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo el derecho de los pueblos indígenas a la consulta libre, previa e informada.