El gran escritor Augusto Monterroso, hondureño de nacimiento y guatemalteco por decisión, fue un maestro del cuento brevísimo, y autor de uno de los más famosos, El dinosaurio.
Todo el cuento es una línea:
“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”
El texto permite e invita a múltiples interpretaciones. Aunque Don Augusto no podía adivinarlo, tal vez intuyó que décadas después de su publicación, podía describir con bastante claridad la situación social y política guatemalteca.
Cuando, por enésima vez, buena parte de la sociedad guatemalteca comenzaba a darle paso a la esperanza de un cambio en la exasperante realidad nacional, cuando la impensada irrupción del Movimiento Semilla hacia la segunda ronda electoral movía el escenario y permitía sonrisas en los castigados rostros chapines, los titiriteros del poder se han ocupado de recordarnos sobre la presencia del dinosaurio, esa pesada cargas que se resiste a retirarse.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó para la primera semana de julio a las juntas electorales departamentales (JED) con el fin de efectuar segundas audiencias de revisión de escrutinios de las elecciones efectuadas el pasado 25 de junio, según lo que resolvió el pasado sábado la Corte de Constitucionalidad (CC). A su vez, la CC tomo esa decisión considerando la solicitud de nueve partidos de derecha o extrema derecha que solicitaron que antes de adjudicar los cargos se debe revisar nuevamente las actas de la votación de primera ronda donde se eligieron diputados y autoridades departamentales y municipales.
Tal vez en otro contexto político, en otro país, esta resolución no hubiera levantado tantas alarmas, pero en Guatemala sí.
Ello por dos motivos centrales: en primer lugar, porque no existen precedentes en la historia de las elecciones de Guatemala donde los resultados queden congelados por una corte a falta de definir a las autoridades que dirigirán el país entre 2024 y 2028. Muchos especialistas han cuestionado la decisión.
En segundo lugar, porque es obvio que los resultados de primera vuelta fueron inesperados y contrarios a los expresos deseos y manipulaciones de los grupos o sectores que conducen el país desde hace años, por lo cual, es difícil imaginar que acepten un resultado final contrario a sus intereses sin hacer todo lo posible para evitarlo.
En su informe de cierre del año 2019, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, dejó sentado que
Las investigaciones han evidenciado que existen “…redes político-económicas ilícitas en diversas esferas del aparato del Estado y alrededor de éste, que históricamente han existido y que a lo largo de más de 30 años de transición democrática han infiltrado los espacios de poder político para introducir su agenda de intereses legales e ilegales, y convertir la agenda del Estado y el interés público en su propia agenda, moldeando las relaciones políticas, la lógica de los partidos políticos, las formas de relación comercial y la contratación con el gobierno y el Estado mismo”.
Estos grupos que la CICIG denomina Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Las describe como redes delincuenciales que cometen múltiples delitos como cohecho, fraude, peculado, malversación, tráfico de influencia, entre otras prácticas ilícitas, aparecen vinculadas al actuar de redes criminales enquistadas en el Estado, cuyos integrantes han accedido a puestos claves dentro de la administración pública con la finalidad de interferir en los sistemas de gestión, reorientándolos hacia la satisfacción de intereses particulares.
Desde el año 2016, el denominado Pacto de Corruptos conformado por políticos, empresarios, funcionarios, militares, entre otros, además de lograr expulsar a la CICIG del país, controlan no solo todo lo que ocurre en el gobierno y el legislativo, sino que han logrado colocar en los principales cargos judiciales, del Ministerio Público y del sistema electoral, a personas que o bien integran el pacto o bien son controladas por él.
Como consecuencia de ello, muchos jueces, fiscales, exfuncionarios de la CICIG, periodistas y líderes y lideresas de la sociedad civil han tenido que exiliarse en Estados Unidos, México y Costa Rica, mientras que otros tantos, incluidos defensores del territorio y autoridades indígenas, están sometidos a procesos judiciales penales absurdos.
En ese marco inició el proceso electoral, que también fue objeto de esta persecución contra todo lo que pudiera afectar, de una manera u otro, los intereses del sector hegemónico.
Por ello se impidió la candidatura del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MPL) compuesta por Telma Cabrera (dirigente social, indígena que tuvo una alta votación en los comisión anteriores) y Jordán Rodas (exprocurador de los Derechos Humanos) a partir de argumentos de corte administrativos sin sustento alguno. Claramente, las propuestas del MLP, que incluían la realización de una Asamblea Nacional Constituyente para constituir un Estado Plurinacional y la nacionalización de la electricidad, fueron vistas como una amenaza para los grupos del Pacto de corruptos.
Pero no fue la única candidatura impedida de presentarse. Al menos dos más, de sectores sociales acomodados, también fueron canceladas, en un claro uso del poder para dirimir enfrentamientos internos entres grupos económicos y empresariales.
Los tres candidatos excluidos coincidieron en llamar al voto nulo para las elecciones presidenciales, que, el domingo 25 de junio, fue la opción mas votada, superando el 17% del total de votos emitidos.
Hace algunos días, en el periódico New York Times se publicó un artículo donde se daba cuenta de presuntos sobornos sobre los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Aunque ello pueda no ser cierto o imposible de probarse, la realidad es que la mayor parte de la ciudadanía tiene muchas dudas sobre la imparcialidad, honestidad y también capacidad técnica de las personas encargadas por guiar el proceso electoral.
Es posible que este embate cuestionador de los resultados electorales no pase a mayores y que el proceso siga adelante hacia la segunda vuelta.
Pero lo que es seguro que seguirán apareciendo nuevos cuestionamientos hacia las candidaturas de segunda ronda, en especial del candidato Arévalo del Movimiento Semilla. El resultado final dependerá de muchos factores, no solo de la voluntad soberana de la ciudadanía.
Como escribía Monterroso, el dinosaurio sigue estando allí.