Con la toma de posesión de la actual administración, se generó una natural expectativa de mejora en la situación de los derechos humanos en Guatemala, pero la realidad demuestra que los principales problemas se mantienen e incluso se agravan.
A comienzos de diciembre de 2025, el exprocurador de Derechos Humanos de Guatemala Jordán Rodas Andrade —que se exilió de su país en 2022 denunciando criminalización y persecución por parte del Ministerio Público— informó que España le había concedido asilo político.
El Ministerio del Exterior español basó su decisión en informes internacionales que documentan la persecución de Jordán Rodas por parte de agentes ligados a la autoridad, y que podrían estar vinculados a importantes personalidades del panorama político, con elevado poder y capacidad, motivo por el cual entiende que corresponde la protección concedida.
El caso de Roda se suma a más de 100 operadores de justicia, defensores de derechos humanos, activistas y periodistas que han buscado el exilio, denunciando la criminalización y la persecución por parte del Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras, quien fue sancionada por el gobierno estadounidense por socavar la democracia del país centroamericano.
Mientras este nuevo asilo se conocía, decenas de organizaciones sociales guatemaltecas e internacionales exigían la liberación inmediata de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, autoridades indígenas ancestrales de los 48 cantones de Totonicapán, quienes permanecen detenidos desde hace cerca de 250 días por señalamientos de terrorismo, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal por parte del Ministerio Público, el mismo MP que ha provocado el asilo de Rodas Jordán y muchas otras personas.
Desde prisión, Pacheco y Chaclán enviaron una carta escrita a mano que fue leída por Carmen Reina, de la organización Otra Guatemala Ya, en la que subrayan que “las manifestaciones pacíficas en defensa de la democracia y la transición de poderes son un derecho constitucional, no terrorismo”.
Para la oficina especializada de las Naciones Unidas, el caso evidencia uso excesivo y desproporcionado de los tipos penales; prisión preventiva prolongada, además de una clara afectación al derecho a la defensa por la declaración de reserva del caso.
Un informe presentado en diciembre de 2025 por la oficina en Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH GT) da cuenta de que entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de mayo de 2025 registró 1.546 ataques contra 940 personas defensoras, evidenciando un aumento sostenido de agresiones, particularmente en forma de criminalización, intimidación, amenazas y difamación. El documento aclara que estos números solo reflejan los casos registrados por la oficina, no la totalidad de los casos existentes en el país[1].
La OACNUDH GT identificó un proceso sistemático de reducción del espacio cívico, caracterizado por restricciones a la libertad de expresión, asociación, protesta pacífica y participación política.
Entre otros aspectos, esta situación se relaciona con la cooptación de instituciones estatales, a falta de independencia judicial, la represión contra organizaciones y personas defensoras, y la consolidación de una alianza político-económica (denominada “Pacto de Corruptos”), cuyo objetivo habría sido garantizar la impunidad y erosionar el Estado de derecho.
A continuación, se indican algunos de los principales contenidos del informe analizado.
- Impacto de la pandemia y estados de excepción
Entre 2020 y 2022 se decretaron 22 estados de excepción, varios sin necesidad comprobada, afectando desproporcionadamente a pueblos indígenas y zonas rurales. Las restricciones derivadas de la pandemia limitaron la organización comunitaria, empujando la defensa de derechos a espacios digitales con barreras tecnológicas significativas para habitantes rurales y mujeres indígenas.
- Retrocesos institucionales (2021–2023)
El período estuvo marcado por:
- Reformas legales regresivas.
- Debilitamiento de instituciones de derechos humanos, como la COPREDEH.
- Criminalización de quienes denuncian corrupción o abusos de poder.
El proceso electoral de 2023, si bien se desarrolló pacíficamente durante las jornadas de votación, enfrentó graves intentos de interferencia posterior por parte de actores del Ministerio Público, quienes promovieron acciones dirigidas a desconocer la voluntad popular.
- Persistencia de acciones desestabilizadoras durante 2024
En 2024 continuaron los intentos del MP de revertir los resultados electorales, incluyendo solicitudes de retiro de inmunidad a magistraturas del TSE y acciones contra el presidente Bernardo Arévalo. Paralelamente, se impulsaron iniciativas legislativas contrarias a estándares internacionales, especialmente en materia de derechos de pueblos indígenas, mujeres y población LGBTIQ+.
Ataques, criminalización e impactos
Sobre los ataques directos a personas defensoras de derechos humanos, el informe se centra en algunos aspectos relevantes.
- Patrones de ataque
Los ataques documentados incluyen:
- Criminalización sistemática.
- Intimidación, amenazas y vigilancia.
- Difamación y discursos de odio.
- Agresiones físicas y asesinatos.
El uso de narrativas del conflicto armado, presentando a personas defensoras como “terroristas” o “enemigos internos”, busca justificar la violencia y desacreditar su labor.
- Estigmatización diferenciada
- Mujeres defensoras enfrentan ataques con connotación sexual o de género, difamación y riesgo elevado de violencia física y sexual.
- Liderazgos indígenas son objeto de discursos racistas y colonialistas que los presentan como obstáculos al desarrollo.
- Asesinatos documentados
Entre 2020 y mayo de 2025, la OACNUDH GT registró 35 asesinatos de personas defensoras. La mayoría eran líderes comunitarios o integrantes de organizaciones campesinas e indígenas, especialmente CODECA, que suma 12 víctimas.
- Criminalización como herramienta de represión
La OACNUDH GT documentó 745 casos de criminalización contra 332 personas, utilizando tipos penales desproporcionados que buscan obstaculizar la defensa de derechos y el ejercicio de la protesta pacífica. Las protestas universitarias en la USAC en 2022 y las movilizaciones indígenas durante el proceso electoral de 2023 fueron objeto particular de persecución penal.
- Pueblos indígenas como los más afectados
La OACNUDH GT señala que los pueblos indígenas son el grupo más afectado por la regresión del espacio cívico debido a su papel central en la defensa de la tierra y el territorio. La criminalización estratégica contra líderes, lideresas y comunidades completas constituye uno de los patrones más graves del período, utilizado para disuadir la defensa territorial mediante el miedo, el desgaste y el castigo anticipado.
5.1. Criminalización mediante delitos desproporcionados
Los delitos de usurpación agravada y detención ilegal se han utilizado reiteradamente para abrir procesos penales contra comunidades indígenas que buscan certeza jurídica sobre tierras ocupadas ancestralmente. Casos como el de la comunidad maya Q’eqchi’ de San José El Tesoro o las acusaciones contra integrantes de la Resistencia pacífica Ch’orti’ muestran cómo actores privados y públicos utilizan el sistema penal para frenar la organización comunitaria.
5.2. Conflictos emblemáticos: Proyecto hidroeléctrico de Ixquisis
El caso de Ixquisis evidencia la interacción de hostigamiento, intimidación, homicidios, conflictividad prolongada y ausencia de supervisión estatal en el otorgamiento de licencias para proyectos de desarrollo. La reducción de denuncias tras la suspensión del proyecto refuerza la relación entre actividades extractivas y violencia contra comunidades indígenas.
5.3. Criminalización severa: Coc Coc y Xol Cucul
Los líderes Q’eqchi’ Jorge Coc Coc y Marcelino Xol Cucul fueron condenados a 35 años de prisión tras un proceso con irregularidades graves. Su caso ilustra la manipulación del sistema penal para sancionar el liderazgo territorial.
La criminalización también alcanza a abogados que acompañan a comunidades, como las abogadas indígenas Carmela Curup y Olivia Sian, procesadas por delitos que, según la documentación, carecen de fundamento suficiente.
5.4. Violencia diferenciada contra mujeres indígenas defensoras
Las mujeres indígenas enfrentan:
- Criminalización con estereotipos de género.
- Riesgo aumentado de violencia sexual.
- Violencia doméstica agravada por la persecución estatal.
El ataque físico y sexual contra 42 defensoras de la comunidad Chirrix Tzul y del CCDA ejemplifica la gravedad de la situación.
El caso de María Cuc Choc muestra efectos multidimensionales: trauma emocional, desplazamiento familiar, estigmatización comunitaria y desgaste organizativo.
5.5. Asimetrías en el sistema de justicia
El sistema de justicia muestra un patrón dual:
- Desestimación o falta de investigación de denuncias presentadas por personas defensoras.
- Rápido avance de los procesos penales en su contra.
Esta asimetría se agrava por la percepción de cooptación del MP, el Organismo Judicial y la Policía Nacional Civil por intereses empresariales o terratenientes, lo que desalienta denuncias y genera un clima de indefensión.
Casos como los de Bernardo Caal Xol y Abelino Chub Caal evidencian el impacto a largo plazo de la criminalización, incluso después de su liberación o absolución, como la imposibilidad de ejercer derechos políticos debido a antecedentes no actualizados.
Urgen cambios profundos
En este contexto, el Alto Comisionado Volker Türk y la Relatora de la ONU sobre Independencia Judicial expresaron preocupación por el uso instrumental del derecho penal contra personas defensoras, operadores/as de justicia y periodistas.
Denunciaron, además, la existencia de un patrón sistemático y alarmante de criminalización, así como la intensificación de ataques contra quienes denuncian corrupción o defienden derechos humanos.
El informe documenta que el período 2020-2025 evidencia un deterioro profundo del entorno para defender derechos humanos en Guatemala.
Los principales patrones documentados demuestran:
- Criminalización sistemática y creciente.
- Violencia contra líderes y comunidades indígenas.
- Uso instrumental del sistema de justicia para reprimir la defensa del territorio.
- Estigmatización colectiva y discursos de odio.
- Asesinatos, amenazas y violencia sexual.
- Iniciativas legislativas regresivas.
- Persistencia de impunidad.
En el cierre de su informe, la OACNUDH GT insta al Estado a adoptar medidas urgentes para proteger a las personas defensoras, garantizar la independencia judicial, asegurar la consulta previa y promover condiciones adecuadas para el ejercicio pleno del derecho a defender derechos humanos.
[1] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala OACNUDH GT, “Guatemala: desafíos en la defensa de los derechos humanos 2020–2025”, diciembre 2025.