De acuerdo con las primeras consideraciones divulgadas por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos al cierre de su visita a Guatemala acontecida en agosto de 2026, las actividades empresariales, especialmente en los sectores extractivo y agroindustrial, generan graves impactos sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, los derechos laborales y el ambiente, en un contexto de debilidad institucional y concentración del poder económico.
El Grupo de Trabajo sobre las Empresas y los Derechos Humanos
El Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y otras Empresas Comerciales (en adelante Grupo de Trabajo) fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos en 2011[1] con el mandato de promover la difusión y aplicación efectiva y completa de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos[2].
Según la resolución de 2011, el Grupo de Trabajo se integra por cinco expertos independientes, con una representación geográfica equilibrada.
Los Principios Rectores se basan en la estructura de tres pilares del marco “proteger, respetar y remediar”, que consta de 31 principios, cada uno de ellos seguido de un breve comentario.
En su conjunto, plantean medidas para que los Estados garanticen y fomenten el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, al tiempo que ofrecen un conjunto de puntos de referencia para que las partes interesadas evalúen el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas.
Adicionalmente, el Grupo de Trabajo también tiene el mandato de intercambiar y promover buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre la aplicación de los Principios Rectores, y de evaluar y hacer recomendaciones al respecto.
Entre sus funciones se incluye la de realizar visitas a países a partir de la invitación de sus autoridades, como la realizada a Guatemala en agosto de 2026.
Al cierre de su visita, el Grupo presentó sus valoraciones preliminares, sin perjuicio de que el informe final completo será divulgado en los próximos meses[3].
A continuación, se comparten algunos de los principales contenidos de las consideraciones de cierre sobre la realidad de Guatemala brindadas en una conferencia pública por parte del Grupo de Trabajo.
Entre la diversidad cultural y la desigualdad estructural
Afirma el Grupo de Trabajo que Guatemala es un país de contrastes profundos. Su riqueza cultural y lingüística —donde al menos el 44% de la población se identifica como indígena, principalmente maya, xinka y garífuna, y se hablan 24 idiomas originarios además del español— convive con una pobreza que afecta al 56% de los guatemaltecos y con niveles de desigualdad que sitúan al país entre los más inequitativos de América Latina.
Este escenario, agravado por el racismo estructural que golpea con especial dureza a las comunidades indígenas y rurales, es el telón de fondo sobre el que el Grupo de Trabajo ha desplegado su reciente visita al país centroamericano. La misión ha dejado un diagnóstico severo pero esperanzador:
Guatemala cuenta con un marco constitucional que protege los derechos humanos y ha ratificado instrumentos internacionales clave, pero la brecha entre el papel y la realidad sigue siendo abismal.
El sector empresarial guatemalteco está dominado por las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 96,3% del sector formal, generando alrededor del 70% del empleo; sin embargo, aportan cerca del 40% del PIB. Por tanto, una parte sustancial del capital y del poder de decisión sigue concentrada en un número relativamente reducido de grandes grupos o conglomerados, algunos controlados por familias tradicionales en el país, con una influencia significativa sobre la política económica y pública.
Esta concentración es especialmente visible en la agricultura orientada a la exportación, la minería y la energía, sectores que a menudo operan en territorios indígenas o los afectan directamente.
El conflicto armado interno y la implementación a todas luces incompleta de los Acuerdos de Paz, cuya entrada en vigor global se produjo en diciembre de 1996, planean como una sombra extendida sobre el presente.
Los desplazamientos históricos, los registros catastrales incompletos, las reclamaciones superpuestas, la concentración de la mayor parte de la tierra en manos de unos pocos y el reconocimiento insuficiente de las tierras comunales indígenas siguen generando disputas territoriales que están en el centro de muchas violaciones de derechos humanos relacionadas con las empresas.
La capacidad del Estado para proteger los derechos humanos se ve severamente limitada por uno de los niveles más bajos de recaudación tributaria en relación con el PIB de los países de América Latina y el Caribe, lo que restringe los recursos financieros y humanos de las instituciones.
A esto se suman las deficiencias del sistema judicial, la corrupción, la escasa coordinación entre autoridades públicas, la falta de seguridad jurídica y un modelo institucional y económico altamente centralizado.
En algunos territorios, grupos de la delincuencia organizada y otros actores ilegales erosionan aún más la gobernanza.
Pueblos Indígenas
Varios de los comentarios del Grupo de Trabajo se refieren a la vulneración de los derechos de los Pueblos Indígenas.
Incumplimiento de la obligación de consultar
El Grupo de Trabajo constató que las consultas relacionadas con las operaciones empresariales rara vez se llevan a cabo antes de la concesión de licencias y permisos, lo que ha generado conflictos y ha minado la confianza entre las comunidades, las instituciones estatales y las empresas.
A pesar de los importantes impactos causados por las operaciones empresariales, sigue siendo un reto lograr una participación significativa y culturalmente adecuada que permita identificar de forma temprana las preocupaciones y reclamaciones.
El derecho de los Pueblos Indígenas a ser consultados en asuntos que afecten a sus derechos, incluidos los derechos culturales, está establecido en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Guatemala en 1996.
Dichas consultas deben buscar el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), tal como establecen el derecho, los estándares y la jurisprudencia internacionales. Sin embargo, en la práctica, este derecho fundamental es sistemáticamente vulnerado.
El Grupo de Trabajo recomendó la elaboración de un marco gubernamental que reconozca la diversidad cultural, promueva el uso de protocolos desarrollados junto con los Pueblos Indígenas sujetos de ser consultados y establezca parámetros claros en cuanto a los resultados, de conformidad con las normas internacionales aplicables.
Afirma que las empresas deben entender la consulta como un aspecto central de la debida diligencia en materia de derechos humanos y abstenerse de operar sin diálogo y sin el consentimiento de las comunidades.
Derechos colectivos a las tierras y territorios
El derecho a las tierras que los Pueblos Indígenas poseen, utilizan o han adquirido tradicionalmente, incluidas aquellas bajo tenencia consuetudinaria, requiere un reconocimiento urgente.
El Grupo de Trabajo recibió denuncias de prácticas problemáticas relacionadas con los desalojos, entre ellas la falta de notificación oportuna y de información culturalmente adecuada, así como la participación ilegal de agentes de seguridad privada en la destrucción de viviendas y cultivos, sin que se ofrecieran mecanismos de reparación adecuados a las comunidades desalojadas.
Libertad de expresión
El acceso a la información y la libertad de expresión también son asignaturas pendientes. El Grupo de Trabajo observó dificultades relacionadas con las radios comunitarias, el acceso a las radiofrecuencias y la persecución de periodistas indígenas, lo que socava el pleno ejercicio de esos derechos.
Diálogo con autoridades indígenas
Para el Grupo de Trabajo resulta alentador la existencia de espacios de diálogo entre las autoridades indígenas y el Gobierno, particularmente la asamblea de diálogo permanente entre el Presidente de la República y las autoridades indígenas y ancestrales, de carácter mensual.
Empero, persisten los retos relacionados con la composición de los órganos representativos formales, con denuncias generalizadas de corrupción y conflicto de intereses, lo que afecta directamente a la representación de los Pueblos Indígenas en la toma de decisiones públicas.
Derechos laborales
Las conclusiones preliminares se detienen a analizar la situación de los derechos laborales en Guatemala, especialmente en el sector agrícola.
El Grupo de Trabajo recibió testimonios de primera mano sobre violaciones de los derechos laborales en las plantaciones de palma de aceite, de plátano y banano, y de caña de azúcar, así como en el sector minero. Estos informes incluyen denuncias de accidentes laborales, incluidos mortales, derivados del incumplimiento de las normas básicas de salud y seguridad en el trabajo.
Según se informa, los empleadores no proporcionan de manera sistemática equipos de protección adecuados, especialmente a personas que manipulan productos químicos peligrosos.
Se observó que muchos trabajadores y trabajadoras, especialmente en los campos de monocultivo, se ven obligados a laborar jornadas excesivamente largas, con escasos o ningún descanso, cobrando bajas remuneraciones.
De acuerdo con la información recabada, algunas de esas personas se ven forzadas a recurrir al consumo de mezclas de bebidas energéticas y analgésicos para soportar estas condiciones, lo que les provoca graves problemas de salud.
También preocupan profundamente las alegaciones de trabajo infantil en las plantaciones agrícolas.
Además, el informe revela denuncias de personas trabajadoras a las que se les ha negado el derecho a la pensión porque sus empleadores dedujeron las cotizaciones a la seguridad social de sus salarios, pero no las transfirieron a las entidades correspondientes.
El Grupo de Trabajo tomó nota del aumento de las inspecciones laborales desde 2024, al tiempo que advirtió las limitaciones de capacidad de la Inspección General del Trabajo. Por ello, recomendó al Gobierno que siga reforzando el sistema de inspección laboral mediante la asignación de recursos financieros y humanos adicionales, y a que garantice inspecciones más frecuentes y eficaces, especialmente en los sectores de alto riesgo.
Las juventudes, sobre todo fuera de la Ciudad de Guatemala, tienen un acceso limitado a la educación y están expuestas a condiciones de trabajo precarias y presuntamente explotadoras en sectores como los centros de atención telefónica y la agroindustria.
Afirma el Grupo de Trabajo que la inversión en educación de calidad, formación profesional y trabajo digno es esencial para reducir la explotación, la desigualdad y las presiones migratorias.
Defensores de derechos humanos: criminalización y amenazas
Uno de los hallazgos más alarmantes del informe es la sistemática criminalización de personas defensoras de los derechos humanos.
A lo largo de la visita, el Grupo de Trabajo tomó nota en repetidas ocasiones de denuncias sobre la criminalización de personas defensoras, entre ellas, integrantes de los Pueblos Indígenas, representantes de organizaciones no gubernamentales, personas profesionales del derecho y periodistas, en relación con sus esfuerzos legítimos por sacar a la luz y denunciar actividades empresariales perjudiciales.
Según la información recibida, las personas defensoras se han enfrentado a acusaciones tales como terrorismo, asociación ilícita, ataques contra la propiedad privada, usurpación agravada y extorsión.
El uso del sistema judicial como arma para atacar a las personas defensoras de los derechos humanos y silenciar la disidencia es motivo de profunda preocupación.
El Grupo de Trabajo instó al recientemente nombrado Fiscal General a que lleve a cabo, con carácter prioritario, una revisión exhaustiva de todos los casos relacionados con la presunta criminalización de personas defensoras y a que garantice que se proporcione reparación efectiva cuando se hayan producido violaciones.
Las personas defensoras también han sido objeto de estigmatización y campañas de desprestigio en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales, y se han enfrentado en numerosas ocasiones a amenazas, intimidaciones, agresiones físicas e incluso asesinatos, presuntamente perpetrados por actores armados, incluidas empresas de seguridad privadas. Muchas de estas personas se han visto obligadas a huir del país.
Las mujeres defensoras de los derechos humanos, que permanecieron valientemente en la primera línea de las acciones de resistencia pacífica, también fueron afectadas. Ellas se enfrentan a formas de intimidación, acoso y violencia específicas de género, tanto físicas como psicológicas, con graves repercusiones para sus familias y comunidades.
El Grupo de Trabajo subrayó que los Principios Rectores instan a los Estados a garantizar que no se obstaculicen las actividades legítimas de las personas defensoras de los derechos humanos.
Llamó al Estado a que aplique plenamente su nueva política sobre personas defensoras y adopte medidas adicionales para garantizar un entorno seguro y propicio.
Del mismo modo, las empresas deben respetar los derechos de las personas defensoras, abstenerse de cualquier acción que pueda socavar su labor legítima y colaborar activamente con las partes afectadas de manera transparente, significativa y sin represalias.
Acceso a la justicia
El acceso a la reparación por violaciones de derechos humanos relacionados con empresas sigue siendo una asignatura pendiente en Guatemala.
El Grupo de Trabajo constató que el acceso a la reparación se ve limitado por varios factores interrelacionados:
- retrasos en los procedimientos judiciales;
- acceso limitado a la información y a las pruebas;
- capacidad institucional insuficiente para investigar casos complejos;
- barreras lingüísticas y geográficas para los Pueblos Indígenas y las comunidades rurales;
- falta de reparación por daños históricos;
- denuncias de influencia indebida por parte de actores económicos poderosos sobre los procesos administrativos, judiciales y políticos.
El Grupo de Trabajo insistió en que las comunidades no deben soportar una carga financiera o probatoria desproporcionada para demostrar el daño antes de que las autoridades estatales investiguen.
Los tribunales han desempeñado un papel importante en el avance de la protección de los derechos humanos, con sentencias de la Corte Constitucional que han reafirmado la obligación de consultar a los Pueblos Indígenas.
Sin embargo, persisten prácticas judiciales incoherentes, como la excesiva duración de los procedimientos, la imposibilidad de acceder a la información y las dificultades para garantizar la aplicación efectiva de las resoluciones judiciales.
El Estado debe poner fin a la cultura de impunidad y enviar un mensaje claro de que no se tolerarán las violaciones de los derechos humanos relacionadas con las empresas. Para ello, es esencial contar con un poder judicial independiente e imparcial.
Durante la visita, diversas partes interesadas plantearon en repetidas ocasiones sus preocupaciones respecto a la independencia de las instituciones judiciales y administrativas.
El Grupo de Trabajo retoma las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, e instó a las partes pertinentes a que las apliquen con carácter urgente, en particular en lo que se refiere a los procesos de nombramiento y selección de los miembros del poder judicial.
Medio ambiente y recursos naturales
El informe documenta numerosos casos de graves impactos en los derechos humanos que afectan a las comunidades locales y a su derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible.
Entre las preocupaciones señalan:
- la reducción de los caudales de agua asociada a las actividades mineras;
- los proyectos hidroeléctricos y los monocultivos;
- la expansión de las operaciones empresariales hacia áreas protegidas;
- el uso generalizado de plaguicidas y otros productos químicos que provocan la contaminación del agua y del suelo, así como efectos adversos para la salud;
- la creciente frecuencia de las sequías.
Estos impactos ambientales han afectado a la seguridad alimentaria y a los medios de subsistencia, contribuyendo a la malnutrición y a otros problemas de salud, especialmente entre la niñez.
Más del 90% de las fuentes de agua de Guatemala están contaminadas, lo que pone de relieve la urgente necesidad de un marco jurídico que regule la calidad del líquido vital, el acceso a este y el control de la contaminación.
El Grupo de Trabajo consideró esencial que la Iniciativa de ley 6816 sobre el agua incluya salvaguardas para proteger los derechos humanos, garantizar el acceso equitativo al líquido vital, exigir evaluaciones de impacto para las operaciones empresariales a gran escala y prevenir la sobreexplotación de los escasos recursos hídricos.
Durante la visita al Valle de Palajunoj y a los proyectos de sistemas de abastecimiento de agua vinculados a las medidas cautelares relativas a la mina Marlin en San Marcos, el Grupo de Trabajo observó de primera mano los retos a largo plazo a los que siguen enfrentándose las comunidades para garantizar un acceso fiable al agua potable. Instó a las autoridades nacionales y locales a redoblar sus esfuerzos para proporcionar urgentemente agua a las comunidades afectadas.
El Grupo de Trabajo también recibió información sobre los retos en el sector energético, expresando su preocupación por la Iniciativa de ley 6665 sobre infraestructura de transporte de energía eléctrica, que tal y como está redactada facilitaría el establecimiento de líneas de transporte mediante procedimientos acelerados que no protegerían los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades afectadas.
El Grupo de Trabajo está alarmado por la persistencia de la pobreza energética, en particular en las comunidades situadas en las proximidades de proyectos de generación de energía, que siguen careciendo de acceso a la electricidad y a servicios energéticos asequibles.
En este contexto, el Grupo de Trabajo instó a Guatemala a ratificar el Acuerdo de Escazú, lo que reforzaría la protección de los derechos ambientales y humanos, y mejoraría las salvaguardas para las personas defensoras de los derechos humanos ambientales.
Responsabilidad empresarial
El Grupo de Trabajo acogió con satisfacción el creciente reconocimiento de los Principios Rectores entre el sector privado de Guatemala.
Observó que las asociaciones empresariales y las empresas están adoptando políticas de derechos humanos, incluidas laborales, ambientales y de género; elaborando orientaciones sectoriales sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos; mejorando la trazabilidad; supervisando a sus proveedores; y emprendiendo iniciativas en materia de salud y seguridad en el trabajo, empleo de las mujeres y prevención del trabajo infantil y forzoso.
Algunas empresas informaron que miden sus impactos mediante evaluaciones independientes, mantienen procesos de diálogo con las comunidades en idiomas indígenas y que han tomado decisiones empresariales difíciles para adaptar sus proyectos en respuesta a las preocupaciones de las comunidades.
A pesar de ello, el Grupo de Trabajo observó una brecha significativa entre los compromisos sobre el papel y su aplicación en la práctica.
Si bien la inversión social, la filantropía y la prestación de servicios son valiosas, no sustituyen a la responsabilidad de respetar los derechos humanos.
A lo largo de las reuniones, se recibieron testimonios reiterados sobre impactos negativos en los derechos humanos asociados a la minería, la energía, la construcción, la agricultura y otras actividades.
Entre otros, se recabaron relatos sobre:
- consulta inadecuada y la falta de obtención del CLPI de los Pueblos Indígenas; problemas heredados de actividades anteriores; despojo de tierras;
- restricciones al acceso al agua, alimentos y servicios públicos;
- contaminación ambiental; condiciones de trabajo inseguras;
- informalidad y el impago de prestaciones;
- trabajo infantil;
- ataques y procesos penales contra personas defensoras;
- práctica de entablar un diálogo selectivo con grupos limitados de representantes comunitarios para agravar las divisiones dentro de las comunidades; y
- uso o apropiación no autorizados de la propiedad cultural e intelectual colectiva de los Pueblos Indígenas con fines comerciales.
El Grupo de Trabajo expresó especial preocupación por los procedimientos de arbitraje iniciados por empresas contra el Estado, respecto a decisiones sobre violaciones de los derechos humanos, lo que ejerce una presión considerable sobre las finanzas públicas y la toma de decisiones normativas.
Las empresas que invierten en Guatemala son responsables de llevar a cabo su propia debida diligencia en materia de derechos humanos de forma continua, incluso antes de realizar su inversión, y deben abstenerse de hacer un uso indebido del arbitraje.
Conclusiones: un llamado a la acción urgente
El Grupo de Trabajo concluyó su visita con un balance preocupante.
Aquí algunas de sus afirmaciones de cierre:
- Acogió con satisfacción la apertura y el compromiso del Gobierno de Guatemala para aplicar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
- Sin embargo, manifestó su profunda preocupación por los graves retos observados en relación con las brechas en la legislación y su aplicación, la falta de capacidad y de recursos en las instituciones gubernamentales, y las cuestiones relacionadas con la independencia y la eficacia del sistema judicial.
- Las actividades empresariales siguen teniendo impactos negativos en materia de derechos humanos relacionados con los recursos naturales, incluidos el agua y la tierra, el medioambiente y la salud, así como sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos laborales.
- Se han denunciado en repetidas ocasiones casos de influencia indebida de las empresas y las asociaciones empresariales en la toma de decisiones públicas, lo cual es motivo de especial preocupación.
- Se debe garantizar y respetar las consultas porque alcanzar el consentimiento libre, previo e informado de pueblos y comunidades indígenas sigue siendo un reto importante en el país.
- La criminalización generalizada de personas defensoras de los derechos humanos es alarmante y debe cesar de inmediato.
- Si bien el Gobierno y las empresas han adoptado una serie de medidas positivas, el cumplimiento de los derechos humanos en el contexto de las operaciones empresariales se ve, en la práctica, considerablemente limitado por problemas estructurales.
- Se necesitan más esfuerzos por parte de los actores estatales y privados para garantizar la plena aplicación de los Principios Rectores, lo que beneficiaría a la sociedad guatemalteca en su conjunto, así como a la economía y la competitividad del país.
En definitiva, las observaciones preliminares dejan en claro que Guatemala enfrenta un desafío enorme para reconciliar su modelo económico con la protección efectiva de los derechos humanos de su población, especialmente de quienes históricamente han sido los más vulnerables: esto es, Pueblos Indígenas, mujeres, niñez, personas trabajadoras y personas defensoras de derechos humanos.
[1] Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Resolución 17/4 “Los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas”, A/HRC/RES/17/4, 6 de julio de 2011.
[2] Naciones Unidas, Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”, HR/PUB/11/04 Ginebra/Nueva York, 2011.
[3] Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, Declaración final, Visita a Guatemala, del 18 al 28 de agosto de 2026. https://www.ohchr.org/es/statements-and-speeches/2026/08/declaracion-final-visita-guatemala
