El Relator Especial de la ONU sobre el derecho al desarrollo, Surya Deva, presentó un informe en el marco del 60º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, donde expone los profundos desafíos estructurales que enfrenta el país centroamericano para alcanzar un desarrollo verdaderamente inclusivo, sostenible y respetuoso de los derechos humanos, especialmente de los Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes.
El informe identifica como núcleo del problema al modelo de desarrollo extractivista que históricamente ha impulsado el crecimiento económico de Honduras.
Este modelo, centrado en la explotación de recursos naturales como la minería y los monocultivos agroindustriales, ha generado ganancias económicas, pero también ha desencadenado violaciones sistemáticas de derechos humanos, desplazamientos forzados, conflictos territoriales y una grave degradación ambiental.
“La sostenibilidad ambiental y los derechos de las comunidades no pueden seguir siendo sacrificados en nombre del desarrollo económico”, subraya Deva en el documento.
Honduras, además, se enfrenta a una compleja intersección de crisis: inestabilidad política, violencia estructural, pobreza generalizada, migración masiva y vulnerabilidad climática extrema.
Como si fuera poco, la pandemia de COVID-19 dejó al descubierto y agravó las profundas desigualdades sociales, particularmente en zonas rurales e indígenas.
Pueblos Indígenas: marginación histórica y resistencia
El Relator dedica buena parte de su informe a documentar las múltiples formas de exclusión que sufren los Pueblos Indígenas y afrohondureños, que representan aproximadamente el 7% de la población.
Estas comunidades padecen una pobreza desproporcionada (hasta el 80% vive por debajo del umbral), acceso deficiente a servicios básicos, discriminación estructural y criminalización por defender sus derechos.
Uno de los aspectos más alarmantes es la usurpación de tierras ancestrales para proyectos extractivos o de infraestructura —muchos de ellos aprobados sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, como exige el derecho internacional.
Casos emblemáticos como el de la represa Agua Zarca —proyecto vinculado al asesinato de la líder lenca Berta Cáceres en 2016— revelan el patrón de violencia e impunidad que rodea a estos emprendimientos.
El Relator Especial valora positivamente la iniciativa presidencial de entregar títulos definitivos de dominio sobre 9.604 ha a 27 comunidades misquitas y garífunas del municipio de Juan Francisco Bulnes, en Gracias a Dios, en favor de 23.000 habitantes de la reserva de la biosfera del Río Plátano.
A pesar de estos y otros avances, la gran mayoría de pueblos indígenas aún carecen de títulos oficiales, lo que los deja en una situación de extrema vulnerabilidad.
Además, se destaca la exclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones nacionales y la desvalorización de sus sistemas de gobernanza propios. “La exclusión política no solo vulnera sus derechos, también mina la legitimidad y sostenibilidad de cualquier iniciativa de desarrollo”, alerta el informe.
Educación, salud y servicios: una deuda que perpetúa la desigualdad
La falta de acceso a educación y salud de calidad en comunidades indígenas y rurales aparece como otro gran obstáculo para el desarrollo equitativo. Muchas escuelas carecen de infraestructura, docentes capacitados y planes de estudio culturalmente pertinentes. La educación bilingüe es escasa y con bajo nivel de financiamiento.
En el ámbito sanitario, la situación no es mejor. La atención médica básica es limitada, y las mujeres indígenas enfrentan tasas de mortalidad materna significativamente altas por falta de servicios adecuados. El acceso al agua potable es otro problema crítico, muchas veces agravado por la contaminación generada por industrias mineras o proyectos energéticos.
El informe denuncia también el racismo estructural y la criminalización de líderes indígenas, muchos de los cuales son objeto de amenazas, hostigamiento y procesos judiciales por su activismo en defensa del territorio y la naturaleza.
Avances y desafíos persistentes
Aunque el panorama general es sombrío, el Relator Especial reconoció algunos avances.
El Gobierno ha manifestado su intención de transitar hacia un modelo de desarrollo más democrático, inclusivo y ambientalmente responsable.
Se han abierto espacios de diálogo con la sociedad civil y se ha iniciado un proceso de titulación de tierras en algunas zonas.
No obstante, estos esfuerzos siguen siendo incipientes y enfrentan enormes desafíos.
Entre ellos, la falta de voluntad política sostenida en el tiempo, una capacidad institucional limitada y la ausencia de datos desagregados que permitan diseñar políticas públicas eficaces para los grupos más vulnerables.
Como propuesta central, Surya Deva plantea la elaboración de una hoja de ruta hasta 2040: un marco de políticas de Estado con metas claras de corto, mediano y largo plazo para un desarrollo participativo, inclusivo y sostenible.
Esta hoja de ruta debería construirse con la participación del Estado, la sociedad civil, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y el sector privado.
“Sin una estrategia de país concertada, será imposible romper con los ciclos de desigualdad y exclusión que históricamente han frenado el desarrollo de Honduras”, concluye el Relator.
Recomendaciones clave: tierra, participación y servicios
El informe cierra con una serie de recomendaciones dirigidas al Estado hondureño, entre las que destacan:
- Asegurar la propiedad colectiva de las tierras indígenas y proteger sus territorios de invasiones.
- Garantizar el consentimiento libre, previo e informado en todos los proyectos de desarrollo que afecten a los pueblos indígenas.
- Incluir a los consejos indígenas en los procesos de toma de decisiones territoriales y de manejo de recursos naturales.
- Invertir en educación, salud, agua potable, electricidad e Internet en zonas rurales e indígenas.
- Frenar la criminalización de líderes indígenas y garantizar su seguridad.
- Promover el emprendimiento indígena mediante microcréditos y formación profesional.
- Reconocer y fortalecer las lenguas y culturas indígenas como parte esencial del desarrollo del país.
El informe de Surya Deva es un llamado urgente a repensar el modelo de desarrollo de Honduras desde una perspectiva de derechos humanos, equidad y sostenibilidad.
No basta con crecer económicamente; es imprescindible incluir a quienes históricamente han sido marginados, proteger el entorno natural y garantizar que el progreso no se construya a costa de las comunidades más vulnerables.