Un informe publicado por la organización Global Witness señala que, durante 2025, al menos 124 defensores de la tierra y el entorno natural fueron asesinados en todo el mundo [1].
El documento, que advierte que los datos son casos documentados pero que sin duda hay muchos más que no se conocen, asegura que los Pueblos Indígenas, los afrodescendientes y los campesinos son los sectores más afectados.
El documento —que precisa que estas cifras responden únicamente a casos documentados, pero que sin duda hay muchos más que no se conocen— advierte que los Pueblos Indígenas, los afrodescendientes y las comunidades campesinas son los sectores más vulnerables y afectados.
América Latina es, por mucho, la región donde se han documentado más casos de asesinatos y otras graves violaciones de derechos.
Global Witness
Global Witness es una organización sin ánimo de lucro con sede en Londres, pero con oficinas afiliadas en todo el mundo, así como una red global de consultores y socios.
Fundada en 1993, centra sus actividades en evidenciar la relación entre la destrucción ambiental, los conflictos, la corrupción y los derechos humanos. Mantiene colaboración con más de 30 organizaciones de unos 20 países y verifica los casos contrastándolos con diversas fuentes, incluidos informes de medios de comunicación y registros judiciales.
Principales hallazgos
De acuerdo con el informe publicado en septiembre de 2026, América Latina se consolidó como la región más mortífera del planeta al concentrar el 85% de los casos, provocados por disputas ligadas a recursos naturales y territorio, que exponen de forma crítica a agricultores y comunidades indígenas.
La investigación documentó un total de 105 homicidios en territorio latinoamericano durante 2025.
Colombia lideró la cifra global por cuarto año consecutivo al registrar 39 ejecuciones, seguida por Brasil con 26 víctimas, mientras que Honduras y Filipinas reportaron 12 casos cada uno.
Desde 2012, cuando la organización comenzó a documentar estos hechos, registró 2.375 asesinatos y desapariciones de defensores de la tierra y el medio ambiente.
Los Pueblos Indígenas, afrodescendientes y agricultores son los más afectados, ya que más de tres cuartas partes de las personas asesinadas en 2025 pertenecían a estos sectores, según el informe.
Cuarenta y siete víctimas eran pequeños agricultores y 44 eran indígenas. Siete de las víctimas indígenas formaban parte de sistemas de guardia comunitaria establecidos para proteger sus territorios.
Los conflictos por la tierra estuvieron relacionados con 84 asesinatos, más de la mitad del total mundial. La minería y las industrias extractivas se vincularon con 11 muertes; la explotación maderera, con ocho; y la agroindustria, con seis.
Se sospecha que el crimen organizado y los sicarios estuvieron implicados en más de un tercio de los asesinatos, lo que refleja una creciente convergencia —descrita por la organización— entre la actividad delictiva y la explotación de la tierra y los recursos naturales.
De las 124 personas asesinadas, 109 eran hombres, 14 mujeres y 1 persona no binaria. Dos de las mujeres eliminadas se encontraban en Centroamérica y otras dos en México.
La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos puso de relieve que las mujeres también sufren agresiones no letales de forma persistente.
Entre 2012 y 2023, el grupo documentó más de 30.000 agresiones no letales contra mujeres en México y América Central, entre las que se incluyen el acoso, las campañas de desprestigio, las amenazas verbales, la vigilancia de las actividades cotidianas y la violencia psicológica.
Las comunidades campesinas, los Pueblos Indígenas y afrodescendientes componen el 75% de los asesinatos y desapariciones.
Tipo de conflictos
Los conflictos por la tierra provocaron más de la mitad de los asesinatos documentados en 2025, lo que pone de manifiesto que la incapacidad de las autoridades para resolver los distintos reclamos territoriales o para delimitar el territorio allana el camino para que se produzcan ataques contra las personas defensoras y sus comunidades.
Los proyectos extractivos también siguen provocando asesinatos. La minería se reveló como el sector más peligroso, con 11 casos vinculados a ella en 2025. La expansión mundial de los proyectos mineros alimenta estos asesinatos. Cuatro tuvieron lugar en Filipinas, dos en Perú, uno en la India y otro en la RDC.
Los intereses vinculados a la explotación forestal estaban detrás de ocho asesinatos: dos en México, dos en Honduras y dos en Perú, uno en Guatemala y otro en Brasil.
También se relaciona al sector de la agroindustria con seis asesinatos, la mitad de los cuales afectaron a Pueblos Indígenas de la costa caribeña de Nicaragua.
Honduras
Honduras es el país con más asesinatos per cápita en 2025, con 12 casos. Diez de estas muertes se produjeron en el departamento de Colón, en la costa caribeña del norte del país, una zona estratégica para las rutas del tráfico de cocaína y escenario de un violento conflicto por la tierra fértil del valle del Bajo Aguá.
Este lugar fue escenario de un ambicioso programa de reforma agraria en las décadas de los setenta y los ochenta. Sin embargo, a lo largo de las décadas siguientes, poderosos intereses empresariales han intentado apoderarse de las tierras y establecer plantaciones industriales de palma africana.
Esta situación desencadenó un conflicto de larga duración con un enorme costo humano. La Defensoría del Pueblo de Honduras registró los asesinatos de más de 200 personas campesinas.
Global Witness señala que, pesar del número de víctimas mortales, el Estado hondureño no ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para aclarar la situación jurídica de las zonas en disputa.
Recomendaciones
El informe también incluye una serie de recomendaciones, algunas de ellas apuntando a la protección de las personas defensoras de sus tierras, territorios y recursos naturales.
Se afirma que es necesario que los Estados y otros actores aborden seriamente las causas estructurales de estas situaciones violentas, que pueden llevar al asesinato de defensores.
En primer lugar, los Estados deben reconocer y proteger los derechos colectivos a la tierra, el territorio y los recursos de los Pueblos Indígenas y afrodescendientes, las personas campesinas y otras comunidades.
Si corresponde, se deben llevar a cabo reformas en el acceso a la tierra, acelerar los procesos de titulación y demarcación de tierras, asegurar el reconocimiento legal de los sistemas de gobernanza consuetudinarios y prevenir el acaparamiento de territorios.
En ese contexto, se debe prestar especial atención a los modelos de propiedad colectiva y a los sistemas de gestión comunitarios, que a menudo ofrecen una mayor protección frente al acaparamiento de territorios y las actividades que destruyen el ambiente, que los enfoques basados en la titulación individual.
Es imprescindible que se respete en todo su alcance el derecho de los Pueblos Indígenas y tribales al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) ante proyectos o iniciativas que pueda afectarles, tal y como lo establecen los estándares internacionales y muchas legislaciones nacionales.
Además, los Estados y las empresas deben reconocer que una participación significativa en la toma de decisiones incluye el derecho de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y otros grupos afectados a negarse a dar su consentimiento a proyectos que puedan repercutir en sus tierras, territorios, recursos, medios de vida, culturas, salud o ambiente.
Por su parte, las empresas deben comprometerse a no llevar a cabo proyectos en los que exista una oposición clara y sostenida por parte de la comunidad, independientemente de que se hayan concedido los permisos legales correspondientes.
El respeto de los derechos humanos por parte de las empresas exige reconocer que la legitimidad social no puede sustituirse por la aprobación regulatoria. Las empresas deben comprometerse públicamente a no recurrir a las fuerzas de seguridad del Estado, a empresas de seguridad privadas, a acciones legales ni a la influencia política para pasar por encima de las decisiones de la comunidad.
[1] Global Witness, Poder Colectivo, La lucha por la protección de las personas defensoras del territorio y el ambiente, septiembre de 2026.
