El informe analiza 12 experiencias en 9 países de América Latina y el Caribe —Colombia, Chile, Costa Rica, Brasil, Bolivia, Guatemala, México, Panamá y Perú— en sectores clave como minería, alimentación, turismo, gastronomía, energía e hidrocarburos. Estos casos fueron evaluados mediante indicadores que incluyen relaciones laborales y comerciales, el origen de las colaboraciones y las formas de interacción entre empresas y comunidades.
El estudio concluye que es posible establecer relaciones de beneficio mútuo entre las comunidades indígenas y las empresas privadas. No obstante, persisten desafíos relacionados con la reducción de impactos socioambientales y el cumplimiento de normas internacionales, como el consentimiento previo, libre e informado.