Los días 22 y 23 de junio de 2026, los Estados miembros de la ONU participaron en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General en Nueva York para considerar y finalmente adoptar una nueva Declaración Política sobre el VIH/sida.
El acuerdo establece las prioridades, metas y acciones globales que guiarán la respuesta al VIH durante los próximos cinco años y acelerarán el progreso hacia el fin del sida como amenaza para la salud pública para 2030.
Esta declaración se suma a otras de contenido similar; sin embargo, de acuerdo con datos de 2024, la respuesta al VIH registró un déficit de 3.200 millones de dólares. Por ello, la declaración establece que existe el riesgo de que esta brecha de financiación se amplíe aún más debido a los recientes y pronunciados recortes en la asistencia para el desarrollo relacionada con el VIH.
La realidad es que el VIH sigue siendo una emergencia de salud pública, y las infecciones aumentaron entre 2010 y 2025 en tres regiones, a saber, Oriente Medio y el Norte de África (en un 77%), América Latina (13%) y Europa Oriental y Asia Central (15%), según documenta la misma declaración de la ONU.
Apoyos y oposiciones
A pesar de la gravedad de la situación global (que nadie ha cuestionado) y de que la declaración fue aprobada por una gran mayoría, son preocupantes los votos negativos, las abstenciones y el señalamiento de varios países sobre el breve período de negociación que afectaron los trabajos de las delegaciones de Botsuana y Georgia, que estuvieron a cargo de los cabildeos necesarios en este tipo de documentos que aspiran a recoger amplios consensos mundiales.
EE.UU., Rusia, Israel, Burkina Faso, Burundi, Corea del Norte, Níger y Senegal votaron en contra de la declaración, mientras que hubo 14 abstenciones, incluidas nueve de países de Oriente Medio y Paraguay en América del Sur.
La delegación de EE.UU. manifestó su rechazo a la declaración por su supuesto desvío de los objetivos 95-95-95 (que el 95% de las personas con VIH conozcan su estado serológico; que el 95% de las personas con VIH reciban tratamiento antirretroviral -ARV-, y que el 95% de las personas en tratamiento con ARV tengan una carga viral suprimida), al incluir temas que no cuentan con consenso o no se relacionan con la lucha contra el sida.
En concreto, la embajadora Tammy Bruce afirmó que su país estaba muy preocupado por la inclusión en la declaración de aspectos relacionados con el comercio de artículos sobre transferencia tecnológica a países con retrasos en esa materia, que pudiera permitirles producir insumos propios para el tratamiento contra el VIH.
Sobre este punto, la embajadora cuestionó la eventual afectación de la protección de la propiedad intelectual, así como el abandono de los “términos mutuamente acordados” para su abordaje.
Esto también provocó la desaprobación de la Unión Europea (UE), Suiza y Canadá, aunque al final votaron a favor de la iniciativa.
Precisamente, es relevante destacar que muy cerca del cierre de los debates, la Unión Africana, a través de la delegación de Malawi, eliminó de la propuesta de declaración la expresión “términos mutuamente acordados” vinculada con la transferencia tecnológica.
La razón es que los países africanos consideraron que ese término afectaba el objetivo central de permitir el acceso a medicamentos, vacunas y productos médicos, además de impulsar la investigación y el desarrollo a través de nuevas iniciativas, a partir de la soberanía nacional, en especial en contextos de emergencias sanitarias.
Por su lado, la Federación Rusa se opuso a la declaración por otros motivos, en particular porque sostuvo que el texto habilita injerencia en cuestiones internas, como también el uso sobre la temática de género no basado en consensos internacionales.
Más allá de los argumentos expresados y de que, en definitiva, la declaración contó con un número muy alto de apoyos, si dos países con asiento y veto en el Consejo de Seguridad de la ONU votaron en contra, la perspectiva de implementación de los principales compromisos incluidos en el texto enfrenta obstáculos muy elevados.
Principales contenidos
La Declaración Política de 2026 incluye los 16 objetivos para 2030 contenidos en la Estrategia Mundial contra el Sida 2026-2031, así como nuevos objetivos adicionales acordados por los Estados miembros.
Entre otros, se incluyen:
- Se plantea alcanzar dos nuevas metas: por un lado, que al menos 40 millones de personas que viven con el VIH tengan tratamiento antirretroviral y que 20 millones de personas tengan prevención basada en antirretrovirales para 2030.
- Reafirmación de los objetivos 95-95-95 para pruebas del VIH, tratamiento y supresión viral para 2030.
- Asegurar financiación sostenible de 21.900 millones de dólares anuales para 2030, al tiempo que minimizar los gastos sanitarios de bolsillo.
- Garantizar la protección de los derechos humanos, incluida la igualdad de género, y poner fin al estigma, la discriminación y la violencia relacionados con el VIH.
- Reafirmación del compromiso de reducir en un 90 % las nuevas infecciones por VIH y las muertes relacionadas con el sida para 2030, tras lo cual los países podrán pasar de mitigar una epidemia a gestionar una enfermedad crónica, una misión diferente y más manejable.
- Objetivo mensurable para garantizar que el 90% de todas las personas que lo necesiten tengan acceso a opciones de prevención eficaces, incluidos preservativos y reducción de daños.
- Se otorga un mayor énfasis explícito a las poblaciones clave en todas las áreas de la respuesta al VIH, reconociendo que es imposible poner fin al sida sin llegar a estas comunidades y empoderarlas.
- Necesidad estructural de llegar a mujeres y niñas con educación integral y de cumplir plenamente todos los derechos humanos de mujeres y niñas, incluidos su salud sexual y reproductiva y sus derechos reproductivos (P59).
- Reducir la transmisión vertical del VIH y poner fin al sida pediátrico, y garantizar atención integral para mujeres y niños que viven con el VIH.
- Reforzar las respuestas lideradas por la comunidad al comprometerse con una mayor contratación social y monitoreo comunitario, respaldados por un aumento de la financiación.
- Habilitar un espacio cívico para la sociedad civil y reafirmar los objetivos 10-10-10, que exigen la eliminación del estigma y la discriminación relacionados con el VIH, las barreras legales punitivas y la violencia contra las mujeres y las poblaciones clave.
- Garantizar la accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad globales de medicamentos, diagnósticos, vacunas y otras tecnologías sanitarias esenciales contra el VIH, con calidad garantizada, mediante asistencia técnica adaptada y transferencia de tecnología, al tiempo de apoyar la rápida ampliación de innovaciones, incluidas las formulaciones de acción prolongada.
- Fortalecer los sistemas de datos desagregados y de rendición de cuentas a nivel nacional, incluso mediante la inversión en monitoreo comunitario.
La declaración y los Pueblos Indígenas
A pesar de reiterados planteamientos realizados por organizaciones indígenas del mundo, la declaración aprobada en 2026 mantiene una asombrosa falta de consideración específica de los colectivos étnicos, en especial de los Pueblos Indígenas.
Esta omisión no es un error accidental, es discriminación estructural, como afirman las organizaciones indígenas.
Llama la atención, por ejemplo, que en el artículo 6, donde se reafirma la relevancia y consideración de los derechos humanos, no se incluye la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en la lista de instrumentos internacionales que allí se señala.
Los Pueblos Indígenas apenas aparecen mencionados en el artículo 47 de la declaración entre una “amplia gama de partes interesadas” con las cuales los Estados deben ampliar sus compromisos, texto que, en realidad, nada aporta por su vaguedad y generalidad.
Como expresó sucesivamente la Coalición Latinoamericana y del Caribe de Pueblos Indígenas en la respuesta integral al VIH y el sida, sin la participación activa, protagónica y decisiva de los Pueblos Indígenas será imposible alcanzar las metas 95-95-95 y el fin del sida para 2030.
“Si nos dejan fuera, las cifras no serán reales, la enfermedad seguirá avanzando en silencio en nuestros territorios y la promesa de igualdad y salud para todos quedará vacía de contenido”.
Lamentablemente, antes y ahora, los Pueblos Indígenas no han sido tomados en cuenta.
Como afirma la misma declaración de la Coalición, nunca fueron consultados, sino que se diseñaron programas desde fuera, sin conocer su forma de ver el mundo, ni los territorios y menos sus saberes.
En especial destacan esto último, porque se ignora su conocimiento ancestral, sus médicos tradicionales, sus guías espirituales, sus guardianes de la salud comunitaria.
Pero la Coalición no se limitó a reclamar esta omisión injustificable, sino que presentó, entre otras, las siguientes acciones para que sean consideradas por la Organización de las Naciones Unidas:
- Los Estados deben reconocer a los Pueblos Indígenas como actores principales y socios estratégicos en la respuesta al VIH y el sida, bajo el principio de autodeterminación, con inclusión epistémica y reconocimiento justo y equitativo como comunidades
- Integrar plenamente a los operadores tradicionales de salud (chamanes, curanderos, abuelas, parteras y comadronas) junto al personal médico oficial, creando sistemas de salud integrales, complementarios y diferenciados.
- Reconocer la respuesta del sistema de salud de los Pueblos Indígenas como población clave prioritaria en respuesta al sida en Latinoamérica y el Caribe.
- Los programas nacionales de prevención y control de ITS y VIH/sida, agencias de cooperación internacional, agencias de las Naciones Unidas (ONUSIDA, UNFPA, ACNUR, OIM, entre otras), ONG y los Estados deben dirigir la mirada hacia los pueblos indígenas y originarios como sujetos de derechos en presente y futuro: económico, social y participativo.
- Ninguna política, programa o investigación se podrá realizar sin la consulta previa, libre, informada y de buena fe, y sin el consentimiento de pueblos y comunidades.
- Fortalecer el trabajo en los derechos humanos contemplados en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
- Apoyar la creación de protocolos comunitarios frente al VIH y sida realizados por los Pueblos Indígenas, reconociendo y respetando sus normas propias.
- Combatir la violencia basada en género y sexual, reconociendo la vulnerabilidad de la mujer indígena al VIH, especialmente expresada en la violencia sexual y durante la gestación y el parto respecto de la transmisión vertical del VIH.
- Diseñar programas preventivos y educativos que protejan sus vidas, para construir una nueva generación de indígenas libres de VIH y sida.
- Implementar programas de prevención y atención adecuados para la niñez indígena, mujeres migrantes y víctimas de los conflictos armados.
- Reconocer y respetar explícitamente la “Diversidad Sexual Ancestral Indígena”, adicionalmente a las diversidades ya reconocidas como LGBTIQ+, garantizando su salud y su vida libre de discriminación.
- Promover acciones sobre cero racismo y discriminación y el principio de “No dejar a nadie atrás” por causa del VIH y el sida.
- Facilitar espacios permanentes de diálogo e intercambio donde el conocimiento médico y el conocimiento ancestral se encuentren, se respeten y se enriquezcan mutuamente, integrando las perspectivas tradicionales y contemporáneas sobre la salud para el bienestar de la humanidad.
La Coalición expresa que, a 25 años de la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre VIH/sida de 2001, se sigue viendo cómo grupos humanos quedan fuera de las políticas de salud pública para 2030. La discriminación racial y la desigualdad siguen vigentes. Sin los Pueblos Indígenas no será posible alcanzar esta última para 2030 en materia de salud pública.
Hoy llamamos a las agencias internacionales, a la cooperación y a la sociedad civil a mirar a los pueblos originarios como sujetos de derechos.