El 19 de septiembre de 2025 en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en la sede de la institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, se hizo el acto de lanzamiento de la denominada “Encuesta continua de identidad indígena”, promovida por la organización local Derecho Indígena.
Se trata de una herramienta creada para visibilizar y reconocer la identidad indígena en el país, aportando datos y testimonios que fortalecen la memoria, la cultura y la construcción de políticas públicas más inclusivas.
Durante varios días, de forma voluntaria e ingresando al portal https://www.derechoindigenauy.com/encuesta-continua-de-identidad-indigena se puede acceder a dos formularios: uno pensado para las personas uruguayas que se identifican como indígenas y otro para personas que, viviendo en el Uruguay, se consideran parte de colectivos indígenas originarios de otros lugares.
La encuesta inicia expresando lo siguiente:
“Durante mucho tiempo, nos contaron otros. Nos pusieron nombres, nos borraron de los mapas. Hoy, podemos contarnos a nosotros mismos.”
Se afirma que no se trata de un censo oficial sino de “una forma de reunirnos, contarnos, contarnos al país y al mundo que aquí estamos”.
En relación con las personas no originarias de Uruguay pero que tienen sentido de pertenencia en relación a algún colectivo indígena, el formulario tiene una introducción donde se manifiesta que “Queremos conocerte, reconocerte y caminar juntos hacia la defensa de todos los derechos indígenas, también en este nuevo territorio”.
La encuesta no pregunta solo datos básicos personales sino que le interesa conocer muchos otros aspectos relacionados con la vida cotidiana y situación de las personas indígenas como por ejemplo la Identidad, lenguas, memoria, cultura, derechos, representación, espacios sagrados, educación, trabajo, vivienda, salud, o aspectos específicos sobre infancias y adultos mayores.
La iniciativa tiene múltiples aspectos destacables.
Aunque Uruguay realizó su último censo en el año 2023 y divulgó los resultados principales casi un año después haciendo saber que alrededor del 6% de la población se autoidentifica como indígena, ningún otro dato se ha divulgado en relación con los pueblos y personas indígenas del país.
Dicho de otra forma, la falta de información sobre este colectivo sigue siendo una realidad para modificarse, por lo cual, esta iniciativa seguramente permitirá obtener información valiosa que en la actualidad no se conoce.
Otro aspecto notable es que la iniciativa es promovida, diseñada e implementada directamente por integrantes de la comunidad indígena, sin ninguna intermediación ni del Estado ni de organismos internacionales.
Las variables que se incluyen responden a los intereses y visiones propias de estos colectivos como por ejemplo lo relacionado con los lugares sagrados o la medicina ancestral, temas que, cuando este tipo de herramientas son elaborados por las instituciones estatales, difícilmente se toman en cuenta.
No menos relevante es la sensibilidad de quienes la organizaron al incluir una especial atención y consideración para las personas indígenas no nacidas en Uruguay reconociendo que su cultura viaja con ellas porque no se queda en las fronteras administrativas.
La iniciativa comentada coincide temporalmente con dos publicaciones que vale la pena considerar:
- a) la publicación “Los desafíos de la inclusión estadística de los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina y el Caribe” de la Asociación Latinoamericana de Población – ALAP y
- b) la adopción de la Opinión núm. 18 del Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre el derecho de los Pueblos Indígenas a los datos, su recopilación y desglose.
El primero de los textos revisa el recorrido que han tenido los países de la región para la incorporación de variables sobre identidades étnicas en los censos nacionales tanto para los pueblos indígenas desde los años noventa como para las poblaciones afrodescendientes a partir del año 2010.
La publicación de cuenta de que en la ronda de censos de población y vivienda del año 2000, dieciséis países incluían preguntas sobre los pueblos indígenas, pero sólo nueve recopilaron información respecto de la población afrodescendiente. En la ronda de 2010 este panorama alcanzó un total de dieciséis países y siguió mejorando en la ronda de 2020
La demanda por la visibilidad estadística de afrodescendientes e indígenas se potenció mucho a partir de la adopción del Convenio Nro. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en 1989, la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia realizada en Durban (Sudáfrica) en 2001 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007.
Además, en el año 2013 se firmó el denominado Consenso de Montevideo de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe que incluye una serie de medidas prioritarias dirigidas a los pueblos indígenas y a las poblaciones afrodescendientes, dos de las cuales abordan específicamente el derecho a la información.
Actualmente no caben dudas del acuerdo internacional para adoptar el criterio de autoidentificación para la determinación de la población afrodescendiente e indígena en las fuentes de datos, ya que se refiere al ejercicio efectivo del derecho de autodefinirse como perteneciente a un pueblo, al desarrollo de la conciencia individual de pertenencia a este y a la aceptación de esta pertenencia por parte del mismo pueblo.
Estos avances conceptuales no pueden desconocer que la gran diversidad étnica de la región y el extendido mestizaje han generado identidades fluidas y mixtas que no encajan fácilmente en categorías rígidas y estáticas. Además, las personas en general tiene múltiples identidades que no pueden desconocerse.
Luego de revisar varios casos nacionales, el documento permite concluir que si bien hay notorios avances si comparamos la situación con décadas anteriores, aún queda mucho por atender para que las herramientas estadísticas y censales recojan de la mejora manera la diversidad cultural existente.
Por su parte, el Mecanismo de Expertos de la ONU, al final de un extenso informe que cubre múltiples países, adopta la Opinión Nro. 18 en la cual señala que “Los Estados deben recopilar y desglosar datos relativos a los Pueblos Indígenas con la participación plena y efectiva de estos y respetando su libre determinación y autogobierno”.
El numeral 4 de la Opinión establece que:
“La recopilación, el procesamiento y el gobierno de los datos indígenas deben seguir métodos apropiados para los Pueblos Indígenas, y estos deben tener acceso a los datos recogidos y participar en su análisis e interpretación de una manera que respete sus conocimientos tradicionales, su cultura y sus sistemas de toma de decisiones (… ) Los sistemas estatales de recopilación y almacenamiento de datos no deben impedir que los Pueblos Indígenas diseñen sus propios mecanismos y metodologías de recopilación de datos apropiados en los planos cultural y ético.”
La encuesta lanzada el pasado 19 de septiembre en Uruguay va en línea de estos conceptos ya que fue diseñada y es implementada por las propias organizaciones sin la participación del Estado que tampoco ha impedido su puesta en marcha.
Corresponderá dar seguimiento a esta iniciativa y conocer sus resultados para evaluar en su justa medida su alcances y eventuales futuras acciones relacionadas con las resultas de la recopilación de información que se logre.