Bajo la presidencia pro tempore de Brasil, los días 6 y 7 de julio de 2025 se celebró en Rio de Janeiro la XVII cumbre de los BRICS bajo el lema oficial “Fortaleciendo la cooperación del sur global para una gobernanza inclusiva y sostenible”.
El mensaje es claro: se trata de promover para los países miembros y sus socios mayor autonomía institucional, financiera y tecnológica en el marco de un contexto histórico de grandes cambios y emergencias múltiples.
Inaugurando la cumbre BRICS más concurrida hasta el momento, el presidente anfitrión Lula Da Silva afirmó que “No podemos seguir con las organizaciones multilaterales operando como empezaron”.
Según Lula, la innovación institucional es necesaria para lograr avances concretos. Para el presidente brasileño, “con el multilateralismo bajo ataque, nuestra autonomía está nuevamente en peligro” y por ello, la demora en la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al que ni siquiera se consulta antes de acciones militares, está haciendo al mundo más inestable y peligroso.
“Está quedando en el pasado el sistema unipolar de relaciones internacionales que servía a los intereses de los llamados ‘mil millones de oro’. Lo está reemplazando un orden más justo y multipolar”, afirmó el presidente de la Federación Rusa en mensaje compartido por videoconferencia en la sesión inaugural.
Una intervención muy comentada fue la del primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, quien afirmó que la reunión BRICS 2025 a sido punto de inflexión histórico en la lucha inconclusa por la justicia postcolonial. Según Anwar, no se trata solo de discursos o teorías sino de implementación, comercio, soberanía monetaria y paridad tecnológica.
El grupo BRICS incluye como países miembros a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (EAU).
La Declaración de Río de Janeiro de los BRICS anunció que 10 nuevos países de diversas regiones del mundo se han unido como socios oficiales: Bielorrusia, Estado Plurinacional de Bolivia, Kazajstán, Cuba, Indonesia, Nigeria, Malasia, Tailandia, Vietnam, Uganda y Uzbekistán.
Juntos, estos países superan el 55% de la población mundial, alrededor del 40% del comercio mundial y el 30% del PIB nominal mundial (el 45% del PIB mundial, medido según la paridad de poder adquisitivo (PPA) a partir de 2025).
En comparación, los países del G7 representan aproximadamente el 31% del PIB PPA mundial a partir de 2025
Otros países, como Pakistán, Sri Lanka y Bahréin, antes Venezuela, han expresado su interés en unirse al grupo. Además, países como Colombia, han sido aceptados como contrapartes del banco de los BRICS, al tiempo que los mecanismos de intercambios financieros que se están construyendo permitirán que muchos países accedan a los mismos sin necesidad de tener status de miembros o socios.
Los participantes acordaron varios compromisos conjuntos, con una declaración final extensa con múltiples temáticas, así como otras específicas sobre aspectos relacionados con las finanzas climáticas, enfermedades socialmente determinadas o la Declaración de los Líderes del BRICS sobre la Gobernanza Global de la Inteligencia Artificial.
La Declaración de Río de Janeiro “Fortaleciendo la Cooperación del Sur Global para una Gobernanza más Inclusiva y Sostenible”, fechada el 6 de julio de 2025, incluye un párrafo dedicado a la inteligencia artificial.
Allí se señala que la IA “representa una oportunidad singular para impulsar el desarrollo hacia un futuro más próspero” pero para ello se requiere una estructura de gobernanza que hoy no existe que mitigue riesgos y atendiendo las necesidades del “Sur Global”, considerando a la Organización de las Naciones Unidas en el centro de ese formato institucional.
Debido a la importancia de la temática, el documento anuncia que en la cumbre se lanza la “Declaración de los Líderes BRICS sobre Gobernanza Global de la Inteligencia Artificial, que busca promover el desarrollo, la implementación y el uso responsables de tecnologías de IA para el desarrollo sostenible y el crecimiento inclusivo, en conformidad con los marcos regulatorios nacionales, la Carta de la ONU y respetando la soberanía de los Estados”.
Esta declaración específica plantea que, para los BIRCS, la IA debe servir para promover un desarrollo más justo, aumentar la productividad, fomentar la innovación, mejorar la sostenibilidad y elevar la calidad de vida a nivel mundial, a través de un esfuerzo colectivo internacional, con las Naciones Unidas en el centro, para establecer una gobernanza basada en valores compartidos, acceso equitativo y participación de los países en desarrollo.
Se incluyen algunos principios clave como la soberanía digital y derecho al desarrollo, el acceso equitativo a la tecnología, el fomento a la ciencia abierta, la accesibilidad para todas las personas y la colaboración internacional para mejorar el desarrollo y la transparencia de la IA.
Resulta altamente relevante que la declaración ponga atención en los contenidos de la IA, tanto en aspectos éticos, culturales, así como en tendencias discriminatorias o excluyentes de sus algoritmos.
En esa línea, los países firmantes resaltan la importancia de estructuras éticas, transparentes y responsables, con un respeto estricto por la diversidad lingüística, cultural, racial, geográfica y demográfica de todos los países.
También se afirma que se requieren herramientas sólidas para identificar y mitigar errores y sesgos algorítmicos negativos, y garantizar mecanismos de auditoría independientes que salvaguarden la equidad. Es novedosa la referencia a la colaboración interdisciplinar entre personas de diferentes orígenes para establecer estándares, y crear estrategias prácticas que protejan contra los sesgos negativos y apoyen el desarrollo responsable y equitativo de los sistemas de IA.
Otro aspecto novedoso en documentos vinculados a la IA que evidencian una perspectiva de derechos es la mención expresa que se hace al trabajo decente.
El título del párrafo es elocuente: “La IA debe garantizar trabajo decente y mayor productividad”.
En el mundo del trabajo, el sentido de la IA es ayudar a mejor productividad (no intensidad) pero en clave de trabajo decente, es decir, con un marco de derechos laborales y protección social, tal como lo exigen las normas internacionales y también las normas jurídicas nacionales en la mayor parte de los países.
Entre otros aspectos, es destacable y no habitual, que los riesgos laborales no se centren en la eventual pérdida de empleos provocados por la automatización, digitalización y/o avances de la IA, sino en las condiciones laborales de las personas que están y permanecerán en las empresas del sector.
Obviamente, una declaración política de este nivel y pretendido alcance mundial no ingresa a detalles pero si aporta un norte conceptual: “…proteger los derechos y el bienestar de todos los trabajadores, especialmente de aquellos directamente afectados por la transformación digital, considerando el rápido crecimiento de las plataformas digitales y el impacto estructural creciente de la IA —incluida la IA generativa— en el mercado laboral”.
La declaración concluye con el compromiso de promover estos y otros enfoques compartidos en foros internacionales promoviendo el Diálogo Global de la ONU sobre Gobernanza de la IA y el Panel Científico Internacional Independiente sobre IA, asegurando la participación significativa de los países en desarrollo.