El 17 de enero del año 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la creación de la Comisión Presidencial de Planes de Justicia y Desarrollo Regional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. La Comisión estará integrada por los titulares de 29 dependencias y oficinas del Ejecutivo federal, bajo la presidencia ejecutiva del titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. No recibirán remuneración alguna por esta tarea.
El decreto incluye una fundamentación jurídica nacional e internacional, citando entre otros textos normativos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 2o., apartado A, fracciones I y II), que establece que “en el marco de la libre determinación y autonomía, los pueblos indígenas tienen el derecho de decidir, conforme a sus sistemas normativos y de acuerdo con la CPEUM, sus formas internas de gobierno, de convivencia y de organización social, económica, política y cultural”.
Según el artículo segundo del decreto, la Comisión diseñará, acordará, coordinará, implementará, dará seguimiento y evaluará los Planes de Justicia y Desarrollo Regional para garantizar los derechos, bienestar y desarrollo sostenible de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como fortalecer su patrimonio cultural y natural. Entre los temas de esta comisión destacan la autonomía y gobierno indígena, territorios, recursos naturales, biodiversidad y medio ambiente.
El artículo sexto establece una amplia nómina de funciones a desarrollar, tanto en el diseño, la coordinación y la implementación de políticas públicas relacionadas con los pueblos indígenas y afrodescendientes del país. La comisión presidencial estará vigente hasta el término de la actual administración, el 30 de septiembre de 2030, con financiamiento a cargo del presupuesto federal.
La Comisión deberá garantizar y respetar el carácter de sujetos de derecho público de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en particular, el ejercicio de su libre determinación y autonomía, sus formas propias de gobierno y organización social, económica y cultural, según lo previsto en la Constitución del país.
Iniciativas similares se han promovido en el pasado en otros países de la región sin éxitos significativos. Los problemas generalmente han estado relacionados con la incapacidad de dedicar el tiempo y recursos necesarios por parte de las autoridades para esta temática, mientras cumplen con otras responsabilidades.
Es esperable que las autoridades mexicanas hayan previsto la manera de superar estas limitaciones para poder cumplir con los objetivos perseguidos, lo cual podría permitir una incorporación efectiva de la perspectiva étnica en el conjunto de las políticas públicas del país.