El Poder Ejecutivo de Paraguay se muestra indolente ante temas de relevancia nacional, como el caso de la huelga de los médicos, mientras ataca el futuro energético del país, estableciendo privilegios para las criptominerías, la inteligencia artificial y otros del mismo ámbito, lo que muestra su empeño en satisfacer solo a minorías, con sus graves consecuencias para la población en general. Por eso, se hace un llamado para unificar las luchas “en aras de mejores días para el Paraguay”.
Así empieza un manifiesto de ME SUMO-Diálogo Ciudadano, organización fundada hace casi dos años por exdirigentes sindicales y sociales de ese país, de los años 70, 80 y 90, que resistieron y combatieron a la dictadura de Stroessner y que hoy llaman a los sectores más jóvenes a unir esfuerzos para dar fin a una transición que ya dura 37 años y aún no alcanza el Estado Social de Derecho que proclama el Art. 1 de la Constitución Nacional del Paraguay.
ME SUMO denuncia que, en la presentación y futura discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027, el gobierno defiende la llamada Ley de Responsabilidad Fiscal, aunque en los hechos la viola. El oficialismo dice que este principio debe ser respetado, pese a que no rige cuando de clientelismo y de nepotismo se trata, además de otros vicios en que incurren los afiliados al Partido Colorado, que está en el poder desde hace casi 80 años.
Con relación a la lucha del gremio médico del sector público, el Poder Ejecutivo ni siquiera da muestras de querer negociar. Con ello, viola, una vez más, el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Paraguay en la década de 1960. Este tratado internacional está por encima de cualquier normativa local, salvo la Constitución Nacional, por lo que el presidente Santiago Peña expone al Paraguay a una denuncia y sanción internacional.
ME SUMO-Diálogo Ciudadano afirma haber constatado que integrantes de otros poderes del Estado han ensayado propuestas de solución a la huelga de médicos, como es el caso del Legislativo, tratando de disimular la arrogancia de la administración central, cuando es esta última la que está obligada a encabezar las negociaciones con los galenos. Estos no están luchando solamente por sus salarios, sino por mejores presupuestos para la salud nacional.
El Paraguay tiene un presupuesto de salud (así como el de educación) mucho menor al recomendado por organizaciones internacionales, lo cual hace que las familias paraguayas se endeuden de manera creciente para costear los gastos de bolsillo en esa y otras áreas. Los médicos del sector público no tienen reajustes desde hace más de una década, el gobierno debe a las empresas proveedoras de medicamentos y paga millones de dólares por servicios privados que la medicina pública podría prestar, debilitando de esa manera la salud pública que atiende al 90 por ciento de la población.
ME SUMO exhorta a la población paraguaya a darse cuenta, de una vez por todas, del teatro que hace el gobierno cuando estudia el Presupuesto General de la Nación, que solo sirve para que una burocracia angurrienta siga satisfaciendo sus propias necesidades y no las de la ciudadanía. Sostiene que se impone la elaboración de un presupuesto participativo si es que se aspira a llegar a ser un país democrático, respetuoso del concepto constitucional de Estado Social de Derecho (Art. 1 de la Constitución Nacional),
Por otro lado, además de la emergencia sanitaria, el Paraguay está entrando a una de tipo energético, a pesar de ser actualmente un país exportador de energía, debido al subsidio a las criptominerías, centros de datos y otros, a través de la creación de un supuesto Ente Regulador de la Energía, que tendrá la misma consecuencia que la Superintendencia de Jubilaciones. Es decir, perjudicará los intereses de la gente que vive de su trabajo.
Con esta nueva iniciativa gubernamental, la agrupación sostiene que la ciudadanía terminará pagando una energía eléctrica tres o cuatro veces más cara, porque el gobierno paraguayo la está regalando a sectores que ni siquiera crean empleos. Los intereses multinacionales obtendrán un doble beneficio: recibirán subsidios por la energía hidroeléctrica que produzcan y venderán al país la energía importada que este requiera. Mientras la energía producida en el país cuesta U$S 15 por MWh, la importación —con la crisis energética de hoy— estaría, a nivel mundial, por encima de los U$S 100 MWh.
Por eso, considera perentoria la unificación de ambas luchas ciudadanas: la del mejoramiento del sistema de salud y la de la defensa de los recursos energéticos paraguayos.
El manifiesto de ME SUMO insiste en una alianza de los actores para articular una lucha conjunta, no solo en estos ámbitos, sino en todas las reivindicaciones de carácter nacional.
“Estos son momentos decisivos de la historia del país que no podemos observar pasivamente. Que nuestros descendientes vivan mejor o peor, como consecuencia de lo que hoy suceda, dependerá de nosotros”, concluye.
El autor, paraguayo de nacimiento, ha sido dirigente sindical en su país, fue secretario general de la Confederación Sindical de las Américas y Secretario General Adjunto de la Confederación Sindical Internacional. En septiembre de 2023 publicó el libro “Sur Global: Cuesta mucho ser pobre”.