Zohelia Mosquera, Red Internacional de Pluralismo Jurídico[1]
Acojo con mucho agrado cada una de las intervenciones y, sobre esa base, yo considero que visitando el futuro distópico del cual habla Osvaldo, desde la red de pluralismo jurídico encontramos que el pluralismo jurídico va ganando en América Latina: 15 de 33 países que se consideran soberanos reconocen de distintas formas los derechos de los Pueblos Indígenas mediante leyes, constituciones y bloques de constitucionalidad. Los referentes principales son aquellos países que se reconocen plurinacionales, entre ellos Ecuador, Bolivia y Colombia.
Se reconocen como países pluralistas porque profundizan en el reconocimiento de las jurisdicciones especiales, la autonomía, la existencia colectiva, la consulta previa e informada, los territorios ancestrales y el derecho a la medicina propia.
Otros países hacen un reconocimiento legal y constitucional un poco más tímido, incluyendo aquellos archipiélagos y colonias europeas del Caribe, que al no ser soberanos, hacen un reconocimiento cultural. Esto nos permite considerar que es tímido el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas en América Latina desde aquellos países que aún no logran hacer un reconocimiento pleno de las jurisdicciones especiales.
Pero aún más allá, nos preocupa la falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres frente a los avances de la inteligencia artificial. Y esto teniendo en cuenta que algunos países del mundo reconocen y ratifican el Convenio 169 de la OIT (14 en América Latina), lo cual constituye una carta de navegación y al mismo tiempo la declaración de las Naciones Unidas y las constituciones, que en general no contemplan los derechos de las mujeres.
Si me permiten recordar a Javier Bustamante Donz, quien habla de los derechos de cuarta generación, la realidad es que el Convenio 169 de la OIT contempla los derechos de cuarta generación relacionados con el entorno digital. ¿Por qué es importante? Porque esos países, incluyendo los 14 en América Latina, toda su política pública y la aplicación de los derechos y la garantía de derecho constitucional están basadas en el Convenio 169 de la OIT. Y si el Convenio 169 de la OIT no contempla ni los derechos de cuarta generación que hablan del mundo digital ni tampoco los derechos de las mujeres, al colonialismo patriarcal y racista se le va a sumar el colonialismo tecnológico.
Entonces, la situación no es fácil porque no son suficientes las voluntades de los líderes y las lideresas, sino que tan preparados están los Estados para facilitar la construcción de una gobernanza en inteligencia artificial.
Desde este punto de vista, el futuro deseado que menciona Osvaldo puede ser posible si los Estados reconocen la jurisdicción especial indígena en armonía con la justicia interseccional de la mano de las mujeres para que haya una gobernanza ética decolonial, antipatriarcal y antirracista, compartiendo la preocupación sobre el riesgo de que la inteligencia artificial escape al control humano.
Es decir, no es suficiente que nosotros hagamos debates sin que haya un reconocimiento y un alineamiento de los Estados para que faciliten que los Pueblos Indígenas participen activamente a través de sus defensores y sus organizaciones en la creación, regulación y auditoría de las tecnologías y que los estados garanticen la seguridad reduciendo la brecha digital.
Además, los sectores privados deben reducir las barreras de acceso desproporcionadas y costosas para que los pueblos y comunidades tradicionales accedan a salvaguardas éticas, jurídicas y culturales que respeten la autodeterminación, los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas y las comunidades tradicionales, garantizando los derechos de las mujeres con acompañamiento de las organizaciones y defensores de los derechos humanos.
[1] Magister en Relaciones Internacionales, Presidenta de la Red Internacional de Pluralismo Jurídico, Derecho Propio y Antirracismo, Docente de la Universidad del Magdalena, Santa Marta-Colombia.